1.-
En estos días estamos asistiendo a un enfrentamiento entre el PP y el PSOE que
no viene a ser más que una pugna política por demostrar ante la opinión pública
española quien es el más eficiente y el más social de los dos. Estos dos
grandes partidos políticos no buscan mejoras en el nivel de vida y bienestar de
la gente, lo que buscan es el control político en favor de ellos y sobre todo
de las élites de este país. Estas formaciones políticas cuando tienen que tomar
alguna decisión en contra de la clase obrera se ponen fácilmente de acuerdo, tal
y como ha ocurrido con la aprobación de la jubilación voluntaria hasta los 72
años; disposición que silenciosamente abre el camino para que en poco tiempo la
jubilación a esa edad sea plenamente obligatoria; lo curioso del caso es que ninguno
de los grandes sindicatos ha rechazado esa medida ni han organizado
movilizaciones en su contra.
2.-
En cuanto al decreto OMNIBUS presentado como un conjunto de medidas sociales, algunas
de ellas ya estaban contempladas en la legislación vigente y su aprobación no
suponía ninguna novedad. Así, la subida de las pensiones según el IPC es una
obligación legal, contemplada en la Ley de la Seguridad Social, por lo que el
gobierno la podía haber aprobado sin someterla a votación parlamentaria. Artículo
58 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre Revalorización y garantía de
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. También el aumento del 9
% de las pensiones no contributivas y la subida de las pensiones mínimas
estaban ya aprobadas y con su propio calendario hasta 2027. «
3.-
Respecto a las pensiones, los datos dados a conocer por el INE y el informe
AROPE ponen de manifiesto que un buen porcentaje de pensionistas casi el 42,5%
de las pensiones en Extremadura no superan el umbral de pobreza de 785 €
mensuales, lo que coloca a muchos pensionistas en una situación económica
precaria. Aún más preocupante es que el 13% de las pensiones son inferiores al
umbral de pobreza severa, establecido en 523 € mensuales. En las pensiones de
viudedad, la situación es aún más grave, con un 22,5% por debajo de la pobreza
severa. La mayoría de estas pensiones de viudedad corresponden a mujeres, lo
que refleja una importante desigualdad de género en el sistema de pensiones. Entre estos porcentajes quienes tienen
ingresos inferiores son las mujeres, en muchos casos consecuencias de que han
cotizado poco tiempo a lo largo de su vida por falta de empleo, por la
precariedad o por diversas circunstancias relacionadas con la atención a la
familia.
Esta
situación de bajas pensiones proviene de los bajos salarios y de la falta de
empleo, factores que repercuten en las cotizaciones a la seguridad social y por
tanto en unas pensiones bajas. Todo esto afecta a la calidad de vida de nuestros
mayores, muchos de estos se ven obligados a elegir entre cubrir necesidades
básicas como alimentación, medicinas, pagos de los suministros vitales y
renunciar a actividades de ocio y entretenimiento que pueden derivar en
problemas de aislamiento y de salud, además la incapacidad de hacer frente a
gastos imprevistos genera incertidumbre y ansiedad.
4.-
Estamos obligados a continuar en estas luchas para conseguir que los
gobiernos dejen de pensar en la guerra y
detengan el incremento de los gastos armamentísticos y militares e implementen
unas mejores condiciones de vida a las personas mayores y dependientes, con
centros residenciales de calidad en donde haya un número suficiente de
profesionales sanitarios y no sanitarios para que aquellas personas sean
satisfactoriamente atendidas, revaloración de las pensiones mínimas para que
ningún pensionista viva por debajo del umbral de la pobreza, promover empleos
de calidad para que las cotizaciones permitan pensiones dignas y la igualdad de
género, en el sentido de que se considere el trabajo que realizan las mujeres
como amas de casa y las interrupciones en la vida laboral relacionadas con el
cuidado familiar. Por eso, desde los movimientos sociales estamos reclamando
con urgencia la necesidad de imponer un programa económico y social que
realmente beneficie al pueblo trabajador: Una pensión mínima de 1.200€. Una
moratoria real e indefinida en los desahucios. La jubilación a los 60 años. La
reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales. La expropiación de
viviendas y solares en manos de bancos, fondos buitre y grandes propietarios
para destinarlas a viviendas de protección oficial.
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