Mientras
la pobreza se extiende en los barrios obreros, aumentan los problemas
relacionados con las faltan de viviendas y los alquileres, siguen los
desahucios por los mismos bancos que fueron rescatados con decenas de miles de
millones de dinero público y se eliminan las bolsas de alimentos para los más
necesitados, los gobiernos de la UE, incluido de forma destacada el del PSOE
Sumar, declaran la economía de guerra. Una economía de guerra que con más daño cae
sobre los territorios con más dificultades económicas y sociales como el caso
de Extremadura.
Pero
¿qué es la economía de guerra? La economía de guerra significa que la prioridad
absoluta de toda la sociedad es destinar recursos a la industria militar, todo
ello cuando ya en 2023 el gasto militar se incrementó en un inédito 25%,
alcanzando los 28.000 millones de euros que es más de un tercio del gasto
sanitario público en todo el estado español.
Quiere
esto decir que van a recortar, aún más, el gasto social en pensiones,
desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, etc., para destinarlo a la
compra de armamento y suministros militares. Supone preparar grandes ejércitos
y volver al servicio militar obligatorio, cuyo establecimiento se debate
abiertamente en los diferentes países de la UE. Significa que el complejo militar industrial,
los fabricantes de armas y de todo tipo de tecnología militar, incluida la
industria farmacéutica, empresas privadas en su totalidad que de forma
mayoritaria son propiedad de las grandes multinacionales anglosajonas del
sector, van a multiplicar sus ya fabulosas ganancias. Al mismo tiempo los
poderosos grupos de presión de la industria armamentística, que controlan los
puntos clave del poder, van a influir decisivamente para que la guerra, su
gallina de los huevos de oro, siga bien alimentada, mientras nos encaminan al
precipicio.
Esta
amalgama de negocios que expresa la corrupción política se extiende y beneficia
a toda la clase dominante de la sociedad española a costa de las clases
trabajadoras, especialmente las que desarrollan su vida en las zonas con más
dificultades económicas y sociales como Extremadura. Los recortes están
alcanzando ya, en toda regla a los servicios públicos de la Comunidad Extremeña
entre los que se encuentran los servicios de la atención a mayores y la
dependencia. Este ataque sobre los recursos materiales y humanos de los centros
residenciales se ejecuta por medio de la CCAA a quien corresponde la aplicación
competencial directa. En algunos centros son los trabajadores los que muestran
su disconformidad con las condiciones laborales y salariales, también algunas
familias se quejan del trato que reciben las personas mayores.
Desde
UED-PSLF consideramos que las instituciones de la Junta de Extremadura deben
responder con las medidas que sean necesarias para satisfacer la atención de
calidad de los mayores y dependientes y atender a las demandas laborales de las
personas que trabajan en estos centros residenciales. Y todo ello, exigiendo al
gobierno de España si fuera necesario los presupuestos que les permitan cumplir
con estas obligaciones competenciales. Hoy es más necesario que nunca una
fuerza política que represente una alternativa socialista al imperialismo
capitalista que se reproduce en los gobiernos regionales y nacionales.
