LA POBLACIÓN TIENE QUE APOYAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES.

 

 

El ministro Planas no convence a los agricultores, los problemas siguen sin soluciones, exactamente no se han movido un ápice del punto inicial de las recientes reivindicaciones. La palabra decisiva la tiene Europa y ahí son los grandes fondos de inversión y las grandes cadenas distribuidoras las que deciden. La política del gobierno de España es la de dividir a las organizaciones agrarias y diluir las movilizaciones de los agricultores esperando que se cansen y vuelvan nuevamente a la rutina de la pasividad y el conformismo. Sin embargo, la lucha de los agricultores no puede parar, las poblaciones tenemos que seguir apoyando unas movilizaciones que tienen una influencia fundamental en el futuro desarrollo y mantenimiento de la agricultura, en el precio de la cesta de la compra, en nuestra soberanía alimentaria sin dependencias externas y en general, en la supervivencia del mundo rural.

 

Los problemas que tienen los agricultores derivan de las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea, desde sus inicios en el Tratado de Roma en 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea y posteriormente, con la creación de la PAC en 1962, está demostrando ser una herramienta pensada, para organizar y satisfacer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y las grandes cadenas distribuidoras. La tendencia general a la que conducen y facilitan las políticas gubernamentales en el mundo de la agricultura es la concentración y centralización de la tierra. En unas ocasiones a pasos lentos y en otras con mayor rapidez, pero siempre en la misma dirección y sentido, con la necesidad para conseguir el objetivo principal de la concentración la necesaria liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Las cuestiones estructurales que golpean a los agricultores se asientan en varios pilares de todos conocidos, aún por los más profanos en la materia. Así, el punto más importante son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales impulsados por los países del Norte que necesitan competir en los mercados internacionales. La garantía competencial obliga a la venta de sus productos industriales, para lo que necesitan bajos costes de producción que vienen determinados por los salarios, que a su vez dependen de los precios de los alimentos.

 

Otra cuestión fundamental es la distribución de los fondos de la PAC de la que son beneficiarios grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl y entidades como Telefónica, y entidades religiosas que también aprovechan los conceptos que establecidos en los Planes de Desarrollo Rural permiten la obtención de ayudas millonarias.

 

 

Opinión Política de UED- PSLF: El Reformismo y los Agricultores

 

La historia de las luchas de los pueblos y la dinámica de avances y retrocesos de las clases sociales reflejan el papel político de los gobiernos, socialdemócratas o conservadores. En nuestro caso, el reformismo en el poder siempre ha sabido detener y normalizar mejor que nadie los avances de las clases explotadas y oprimidas. Por eso, en esta coyuntura, el movimiento campesino tiene que andar con pies de plomo y no confiar en absoluto las promesas del ministro reformista Planas.

Las propuestas del ministro de agricultura convencen poco a los agricultores. El ministro Planas, ha anunciado planes de apoyo y otras medidas que por lo pronto son solo palabras; no valen nada hasta que las aprueben sus jefes político en la Comisión Europea, que además, deben recibir  el visto bueno de los amos del cortijo, es decir de quienes manipulan y manejan verdaderamente el negocio agrícola, en sus facetas industrial y comercial, es decir, las multinacionales, los fondos de inversión y las grandes superficies y empresas de distribución que son las que ejercen el poder político y económico sin participar en las elecciones, sin discusión ni debate.

El ministro Planas no se va a mover fuera de los planteamientos políticos y económicos de la UE que en este período histórico juzgan prioritario acabar con las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, eliminar la soberanía alimentaria de los pueblos y dejar el terreno libre para que penetren, apropiándose de tierras y producciones las grandes explotaciones agrarias, los grandes fondos de inversión y las multinacionales que producen y venden las materias primas que necesita el campo.

Uno de los mecanismos con los que maniobra la UE es la aplicación de la agenda 2030; otros, son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales. En este orden de cosas, hay que encajar el viaje del presidente del gobierno a Marruecos para tranquilizar a la monarquía alauita ante las protestas de los agricultores españoles. Entre los acuerdos anunciados por la prensa, se concederá luz verde al canje de licencias de conducir de ciudadanos marroquíes para transportes de mercancías y viajeros sin que tengan que someterse a ningún tipo de examen en España.

En cuanto a la Agenda 2030, presentada como instrumento para frenar el cambio climático, como barrera a la eliminación de la biodiversidad y en general, herramienta para evitar la destrucción de la naturaleza. Todas estas ideas quedan desmanteladas por las propias necesidades del sistema de producción capitalista. La ganancia, el beneficio, como motor necesario para su reproducción es el ingrediente que rompe todos los reglamentos y leyes escritas, todas las normas que en este sentido conservacionista han aprobado parlamentos, congresos y gobiernos. La tasa de ganancia se impone como imperiosa supervivencia material que no se detiene ante la destrucción de las fuerzas productivas, destruyendo la naturaleza y la vida humana.

Hay quienes se empeñan en considerar la movilización y lucha de los agricultores como una tendencia a acrecentar un proyecto al servicio de los poderes políticos y económicos más conservadores y carcas. Sin embargo, sin descartar núcleos minoritarios con ese tipo de propósitos, consideramos que el conjunto global de las movilizaciones que están ocurriendo son una reacción ante el intento de acabar no sólo con cierto tipo de explotaciones agrarias y ganaderas, sino que también, dar un golpe para ir finiquitando el mundo rural; los recortes previstos por Europa se materializan por el aparato estatal y  regional en la reducción de los presupuestos destinados a los servicios públicos, en carreteras, colegios, centros sanitarios y en otras infraestructuras físicas. Lo que se produce en el mundo rural puede venir perfectamente de fuera y más barato. La burguesía española y europea no necesita al mundo rural sólo le acarrea gastos extraordinarios que se quiere ahorrar. Para este fin trabajan los aparatos estatales y regionales,  unos por acción y otra por omisión contribuyen al vaciamiento demográfico de nuestros pueblos; son buenos servidores de ricachones apoltronados en los sillones de los consejos de administración de las entidades financieras, de las empresas energéticas, y de otras corporaciones transnacionales.