Desde
UED-PSLF consideramos que el ministro PLANAS no ha entrado en el fondo de las
políticas de la UE que están castigando a los pequeños y medianos agricultores
y ganaderos. No nos engañemos el Estado Español está obligado a la aplicación
de las políticas de la UE encuadradas en la PAC, no puede salir de los límites
políticos ordenados, que son los de administrar en el territorio nacional los
intereses de las poderosas empresas multinacionales y fondos de inversión que
controlan la distribución y el comercio de alimentos en mundo. Estos grandes
fondos de inversión penetran cada vez con más fuerza en la producción agrícola mediante
la compra de tierras y el control de los cultivos.
La
nueva política estratégica de la PAC 2023-2027 ha introducido cambios técnicos y
políticos que regulan el acceso a las ayudas que según las organizaciones
agrarias en poco favorecen a los agricultores y ganaderos, al contrario, consideran
que reducen las ayudas en unos porcentajes próximos al 50 %, incrementa la
burocratización de los trámites administrativos con las exigencias de
digitalización de los registros de las actividades de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, no se controlan los precios de los costes productivos
con un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que no garantiza la
rentabilidad de las explotaciones. Quedan lejos las ayudas por sequía a los
sectores excluidos como el olivar y viña. O los Rescates del Seguro Agrario
como herramienta de mantenimiento de la renta de los agricultores. Tampoco se
toman medidas para la eliminación de los acuerdos comerciales en vigor con
entidades supranacionales y con otros países, y descartar las que se negocian
en la actualidad, ni se hace nada respecto a aranceles y medidas regulatorias
con productos agrícolas que vienen de terceros países. Hay que dejar claro que la
propaganda oficial justifica la entrada de productos agrícolas de terceros países
como una forma de impulsar el desarrollo, lo que es muy falaz ya que las
producciones que vienen de los países del SUR pertenecen a grandes empresas españolas
y europeas que se apropian las tierras de aquellos países para producir allí
estas materias.
En
definitiva, la PAC con esta reforma sigue quedando lejos de los objetivos
fundacionales de su constitución en 1962, proporcionar alimentos sanos,
suficientes a un coste asumible para los consumidores europeos y que los
productores tengan unas rentas agrarias dignas.
El ministro Planas ha expuesto unas soluciones generales sin planes de
acción concretos y sin el avance que exigen las organizaciones agrarias. Además,
las propuestas deberán ser aprobadas por el Consejo de ministros de la Unión
Europea (UE). Entre las propuestas más
importantes están: dar rango estatal a la AICA, agencia de control e inspección
alimentaria, que el cuaderno digital de explotación sea voluntario no
obligatorio, la reorganización del control de fronteras, simplificación de la
normativa de la política agraria comunitaria (PAC) y el compromiso de mejoras
del seguro agrario.
Mucho
tendrá que bregar el ministro para convencer a sus socios europeos del norte
que hacen buenos negocios vendiendo sus productos industriales a los países del
Sur a cambio de que entren libremente en los mercados de la UE.
