La
vivienda se ha vuelto a situar como el primer problema político y social para
la mayoría de la población, de forma que se vive en una situación de extremo
abuso y emergencia, con miles de familias necesitando viviendas para poder
desarrollar sus vidas como seres humanos, a lo que se suma el más de millón y
medio de desahucios en los últimos años. Desde la burbuja inmobiliaria que
empujó la crisis de2008, y llevó a la crisis financiera no se ha construido vivienda
protegida en España.
Los
diferentes gobiernos han dejado las manos libres a los especuladores para
encarecer y restringir el uso de la vivienda, dedicando buena parte de los
inmuebles a los sectores sociales con capacidad económica para comprar o
alquilar y a pisos turísticos que han vaciado el centro de ciudades importantes
en Extremadura y otros territorios del Estado Español, subiendo el precio de
los alquileres y provocando que el 45 % de la población que vive en alquiler se
encuentre en niveles próximos a la pobreza.
El
déficit de viviendas sociales de alquiler alcanza al millón y medio de unidades.
En Extremadura y en nuestras localidades hay pocas esperanzas de que se
satisfaga a quienes las necesitan, se construyen pocas y tardan en adjudicarse
con el desespero de la población. Los dirigentes políticos locales y regionales
no quieren complicarse la vida reclamando más viviendas para sus pueblos, se
conforman con lo que hay, no quieren jugarse su porvenir político y su bolsillo.
Ante
el conformismo y la pasividad de quienes están al frente de las instituciones lo
único que le queda a la población es luchar por el derecho humano a una
vivienda como puede ser el derecho a la salud, la educación o la dependencia;
no queda otra tarea que organizarse y recurrir a las movilizaciones sociales,
tal y como están llevando a cabo en otros lugares del estado español demandando
viviendas y que el precio de los alquileres no supere el 30 % del salario
mínimo interprofesional. La construcción de viviendas nuevas fue abandonada por
los gobiernos y ahora existe un déficit de 1,5 millones a precios asequibles.
Las asociaciones en lucha por la vivienda preparan por todo ello una próxima
huelga general.
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