El
consejo de ministros no ha incluido la prórroga que impedía los desahucios de
familias vulnerables, es decir, desaparece la moratoria anti-desahucios para el
año 2025. Esta decisión deja desprotegidas a familias con menores a cargo,
ancianos, personas con discapacidad o enfermos, quienes hasta ahora contaban
con esta medida como salvaguarda frente a desahucios por parte de grandes
tenedores de vivienda o instituciones públicas.
Esta
medida coincide con el acuerdo del consejo de ministros por el que se reforma
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acelera el desalojo de la ocupación de viviendas.
La normativa disminuye los plazos para la intervención de desalojo ante una
ocupación.
En
Extremadura el problema se complica ante tantas familias en estado de pobreza y
riesgo social, la subida de los alquileres y la escasez de oferta de viviendas
sociales. Además. La Junta de Extremadura no pone en marcha políticas que
ataquen en profundidad este problema habitacional, si bien las medidas que
promociona relacionadas con las ayudas de alquiler o con el Plan Estatal de la
Vivienda están dirigidos hacia sectores de la población con capacidad económica,
dejando en la soledad más absoluta y desprotegida a familias que carecen de
medios económicos para soportar económicamente los precios de los alquileres.
Desde
Campamento Dignidad hacemos un llamamiento a la sociedad para que tome
conciencia de este enorme problema que afecta cada día a más personas, y a la
participación reivindicativa a movimientos sociales, sindicatos y
organizaciones políticas. En
definitiva, es una necesidad que el gobierno regional paralie los desahucios,
incremente la oferta de vivienda pública y regule los precios del alquiler para
frenar la especulación.
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