LA
VIVIENDA ES UN DERECHO COMO EL DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE NINGÚN
GOBIERNO CONCEDIÓ POR SU CARA BONITA, SINO QUE SE CONSIGUIERON CON EL ESFUERZO
Y SACRIFICIO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJDORES Y SECTORES
POPULARES.
Quienes antes podían comprar una vivienda
mediante sus ahorros o por una hipoteca ahora quieren alquilar, quienes antes alquilaban
ahora tienen que esperar en las listas de los ayuntamientos a que los poderes
públicos decidan la construcción de viviendas sociales, observando como los
recursos del estado siguen a la baja en todos los sentidos.
El
problema de la vivienda siempre ha existido en las sociedades capitalistas,
pero ahora vemos como empeora. Pero mientras para algunas personas es un
problema diario para otros es un mecanismo de enriquecimiento: grandes empresas
constructoras, bancos, grandes rentistas y para el propio estado. En definitiva,
paralelo al empobrecimiento y a las dificultades que pasan muchos se produce el
enriquecimiento de unos pocos.
Ante
esta realidad, los partidos políticos apuntan diferentes medidas para encontrar
soluciones, sin embargo, aunque las voces son distintas, la esencia de lo que
dicen es la misma, en todos los casos lo que tratan es de fomentar el negocio no
de buscar soluciones al acceso a la vivienda. Es decir, lo que se quiere es que
hay que aumentar la oferta de viviendas en el mercado. Por eso se arbitran
subvenciones y ayudas a los constructores para la edificación de viviendas, se
fomenta la colaboración pública-privada, se habla de procedimientos para reducir
los precios de venta y alquileres, pero en la práctica se dejan que sigan
subiendo. La Ley de la Vivienda es un buen ejemplo de todo esto.
El
problema no es de oferta es de acceso a la vivienda porque sí hay viviendas,
pero la rentabilidad es mayor estando vacías o porque dan mucho dinero como
pisos turísticos o a precios desorbitados. Por tanto, de lo que se trata es
tomar medidas eliminando ayudas a los propietarios, bajando los precios de los
alquileres, expropiando las viviendas en manos de las entidades bancarias,
fondos de inversión y grandes propietarios.
Estas medidas de urgencia ni resuelven el
problema ni evitan el empobrecimiento, puesto que mientras la vivienda siga
siendo una mercancía no será un derecho para las familias. La movilización debe
ir en lograr medidas de urgencia, pero sin dejar de lado medidas estructurales
para garantizar una vivienda digna para todo el mundo. Esto requerirá de una
clase trabajadora movilizada por un horizonte de dignidad contra la farsa de
políticos e instituciones, y en favor de una vivienda gratuita y de calidad.
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