1.- LA ACTITUD DELGOBIERNO REGIONAL ANTE LA FALTA DE VIVIENDAS.
El gobierno regional de Extremadura, ahora el
PP y antes el PSOE, para ocultar la incapacidad política de resolver los
problemas estructurales que afectan gravemente a la población como la falta de
viviendas, suelen recurrir a demagógicas ruedas de prensa en las que informan
que se van a llevar a cabo construcciones en diferentes localidades y se
acompañan de fotografías con familias a las que se les ha entregado alguna
vivienda. Con estos hechos mediáticos tratan de dar a entender que están
trabajando en la resolución de ese asunto y con más interés que los anteriores
responsables del gobierno extremeño.
No obstante, la falta de viviendas se acusa
cada vez más entre la población, sobre todo entre los más jóvenes que
encuentran enormes dificultades para crear su propio hogar por carecer de
empleos o con salarios precarios y sin posibilidades de acceder a viviendas,
cuyos precios de compra o alquiler no son asequibles a sus bolsillos.
2.- LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA JUVENTUD
En este orden de cosas, en nuestra comunidad
son necesarias políticas que posibiliten el acceso a las viviendas de jóvenes y
sectores sociales con dificultades económicas. Desde nuestro punto de vista,
las actuaciones de la Junta de Extremadura deben ir en varias direcciones:
programación de nuevas construcciones, adquisición de las que están en venta en
muchas localidades y la puesta en alquiler social de aquellas que están en
manos de entidades bancarias o grandes propietarios. No entramos en las ayudas
al alquiler cuya burocracia echa para atrás a bastante gente.
Las construcciones previstas en los
presupuestos regionales o en el Plan Estatal de la Vivienda no van a solucionar
ni mucho menos las necesidades del pueblo trabajador extremeño. Por el lado
regional, son muy insuficientes y por la parte del plan estatal, los precios de
las que se construyan no van a ser muy factibles para los bolsillos de quienes
las necesitan. Por otro lado, las ayudas a la compra ofrecidas por el Plan
Estatal 22-25 y los avales bancarios de la Junta para las personas jóvenes no
van a tener una amplia repercusión dadas las escasas posibilidades económicas
de buena parte de la juventud.
3.-LAS ADJUDICACIONES DE LAS YA CONSTRUIDAS
El hecho de que haya más personas o familias necesitadas
que viviendas de las construidas que se vayan a conceder, dan lugar a detalles
que complican el problema ya existente: el retraso en la adjudicación de
las viviendas sociales. Los procesos burocráticos para valorar
“justamente” al más necesitado, pueden retrasar la adjudicación. Es decir, hay
que realizar una clasificación de los pobres en la que coincidan la comisión
municipal y la regional. Como lo que se ofrece no llega ni mucho menos a lo que
se necesita resulta complicada la valoración para los que deben hacerla y
gestionarla. El reto o la tarea que queda pendiente para las “personas
responsables de las políticas locales” es que demuestren la capacidad de
gestionar y poner en marcha más construcciones de viviendas que atiendan las
demandas de la sociedad.
4.- EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL
Lo que estamos viendo de manera muy general es
que los gobiernos abandonan las prácticas políticas públicas. Estas están en
decadencia, no sólo en lo relacionado con la vivienda, también en la educación,
en la sanidad y en otros servicios públicos; lo antagónico, es que se fomentan las
privatizaciones y la promoción de servicios en el sector privado. En lo relativo a la vivienda, la construcción
y el mercado de la compraventa no pasan por su mejor momento. Los proyectos
institucionales de promoción pública y de carácter social están abandonados
desde hace años u orientados hacia una clase media que sufre un proceso de
proletarización y empobrecimiento general, cuyos recursos monetarios ya no les
permiten invertir ni comprar como hacían antes. Las cosas seguirán en retroceso
si el gobierno regional no lleva a cabo un replanteamiento y revitalización de sus
políticas, con una planificación ordenada hacia la promoción y defensa de lo
público, con el incremento de los presupuestos destinados a las dotaciones de
viviendas sociales, a la generación de empleo y al reforzamiento de los servicios
públicos esenciales que requiere la sociedad extremeña.
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