Febrero 2023
Desde UED, en relación con las modificaciones que quiere
introducir el gobierno regional del PSOE en la Ley de la Vivienda, tenemos que
manifestar:
Que nuevamente se impone la propaganda electoral, lo que
propone no tendrá efectos resolutivos sobre el problema de la vivienda en
Extremadura. Lo que se ha dado a conocer muestra que no hay capacidad ni
voluntad política de afrontar las medidas que realmente se necesitan en la
región para afrontar la problemática de la vivienda.
1.- En cuanto al impuesto a las entidades tenedoras de un
número importante de viviendas, esto es algo que se viene diciendo desde
instancias oficiales hace años. El gobierno alega que si antes no se ha puesto
en marcha esta iniciativa es porque su aplicación requería de un desarrollo
normativo que anterirormente no era posible. A este respecto, independiente de
las explicaciones del gobierno, tenemos que decir que desconfiamos de que este
impuesto vaya a aportar fondos a las arcas regionales, se trata más bien de
presentar ante la opinión pública extremeña una cara de falso progresismo
electoralista que no tiene, ni mucho menos, el partido político PSOE.
Lo que sería necesario, pero a lo que no se atreve el PSOE,
es incrementar el patrimonio público de viviendas expropiando y haciéndose
cargo de las viviendas de estos importantes tenedores que disponen de ellas con
carácter meramente especulativo, al margen de las necesidades vitales de un
importante sector de la población extremeña.
2.- Respecto a la creación de un fondo de garantía de
vivienda para atender a menores procedentes de desahucios, nuevamente se cae en
el absurdo y en la propaganda electoral. Desde hace mucho tiempo venimos
insistiendo en la creación de un Banco Local de Viviendas para ceder en
alquiler a las familias que las necesiten. La Junta le da vueltas a la tortilla
una y otra vez, marea la perdiz sin tomar medidas efectivas, sin buscar una
solución real y práctica. El gobierno regional es conocedor de que la
finalización del plazo gubernamental que trata de frenar los desahucios, el
crecimiento de la precariedad económica y el aumento de los tipos de interés van
a generar un aluvión de familias que no van a ser capaces, no van a tener la suficiencia
económica para hacer frente al alquiler o a las hipotecas. Por lo que, la Junta
de Extremadura debería impedir que las entidades bancarias y otros sujetos
jurídicos echen a la gente a la calle, además de pertrecharse de viviendas para
ceder en alquiler social mediante la expropiación a los grandes tenedores, así
como, eliminar burocracia para facilitar las ayudas de alquiler a las personas
o familias que no disponen de medios para seguir pagando alquileres
particulares, y por último, desarrollar un plan importante de construcción de
viviendas en las diferentes localidades bajo iniciativa pública y no hacer lo
que está iniciando ahora con la aplicación de los nuevos Reales Decretos (de
Octubre y del Plan Estatal de la Vivienda) de ceder la iniciativa del negocio
de la construcción y el alquiler por 50 años a empresas privadas.
3.- Respecto al otro punto que se está dando a conocer sobre
el aval a los jóvenes. Parece mentira que un organismo oficial con todos los
datos a su disposición recurra a esta política propagandística y no conozca que
una parte importante de la juventud no dispone de medios económicos para la
compra de vivienda, ni para pedir préstamos. Muchos por su precariedad laboral,
otros ni eso, puesto que se encuentran en desempleo viviendo con sus familias,
y los que pudieran no querrán caer de por vida en las garras de los buitres
bancarios. Por tanto, es obligación de la Junta de Extremadura favorecer la
creación de empleo para que los jóvenes puedan acceder a viviendas de alquiler
social de acuerdo a sus posibilidades económicas.
En todo caso, esta medida, nuevamente es una muestra del
compadreo de la Junta con los Bancos, lo que nos lleva a la conclusión que no
va a tomar ninguna acción política o económica contra unos amigos a los que
Vara les echa una mano en unos momentos en los que necesitan prestar dinero
dado el exceso de liquidez que tienen en sus cajas.
4.- En conclusión, desde UED volvemos a insistir en que la
vivienda es un derecho inalienable de las personas, al igual que el derecho al
empleo, a la salud, a la educación, y por tanto, es algo que cualquier poder
público debe intentar de satisfacer. No obstante, en nuestro mundo, el
beneficio y la ganancia están por encima de cualquier interés de bienestar
humano, algo que nos pone en la tesitura de trabajar políticamente para cambiar
el orden de las cosas anteponiendo la conquista de una vida digna y de
bienestar antes que el beneficio y la ganancia a la que nos someten quienes
están al servicio de los poderes económicos.
