SOBRE LA HUELGA DE MÉDICOS

En relación con las movilizaciones que están planteando los médicos de la sanidad pública extremeña es el momento de recordar las reivindicaciones concretas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada por la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública (CAS) que UED-PSLF apoyó con todas susfuerzas, con la recogida de firmas y difusión en la calle, y que fue rechazada por los partidos de la Izquierda Institucional en el Congreso de los Diputados.

Nos encontramos en un contexto de crisis económica y presupuestaria que permite a losaparatos políticos justificar las reducciones del gasto público. En este sentido, la conducta del gobierno extremeño está en sintonía con el gobierno de coalición a nivelnacional que prometió un posible blindaje de la sanidad en la Constitución, y sinembargo, está pisando el acelerador del desmantelamiento de la sanidad pública, y engeneral, de los sistemas de protección social.

Así, lo señalan el mantenimiento de los déficits alarmantes de profesionales en la Atención Primaria, las listas de espera que crecen sin parar, incluso en especialidades que no son exclusivamente de especialistas médicos como los fisioterapeutas o las matronas, el mantenimiento de la privatización en los centros sanitarios de actividades como la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, el mantenimiento, el almacenaje, transporte sanitario, etc.

En lo que respecta a los trabajadores y trabajadoras, una vez pasados los aplausos de las ocho, un número importante manifiestan situaciones agotadoras en sus condiciones laborales. Los grandes sindicatos que tantos convenios y acuerdos firman con el presidente de la Junta de Extremadura han guardado silencio y no han denunciado una situación que desde hace años va a peor en nuestra comunidad, del mismo modo que han estado callados los colegios de médicos, colegios farmacéuticos, federaciones y asociaciones de vecinos (más preocupadas en organizar fiestas y actos lúdicos) y plataformas en defensa de la salud pública que parece que ahora cuando se acercan los procesos electorales levantan su voz bajo el designio de algunos partidos políticos de la Izquierda Institucional.

En estos días se anuncian huelgas del sindicato médico en la comunidad autónoma extremeña reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Desde UED-PSLF consideramos que las movilizaciones de los profesionales sanitarios son necesarias, que se necesita financiación para ellos y para el conjunto del sistema sanitario regional, pero teniendo en cuenta que los problemas también afectan a profesionales no sanitarios y al conjunto de los usuarios, especialmente a las clases trabajadoras, y que la superación de los mismos vendrá de algo que no reivindican y que son las causas culpables de lo que ocurre: las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor.

En definitiva, Desde UED-PSLF exigimos en EXTREMADURA lo planteado a nivel estatal en la ILP de la CAS:

 El rescate de servicios privatizados en los centros sanitarios como limpieza,

lavandería, extracción de sangre, etc.

 El incremento de las plantillas, creando turnos médicos de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas necesarias, para la atención y reducción de las listas de espera que en muchas especialidades superan los meses y meses.

 Incompatibilidad para el trabajo en la privada.

 Romper los monopolios sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las farmacéuticas.

 Democratizar de verdad la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.

 Universalizar la asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.

La descoordinaciónen relación al INGRESO MINIMO VITAL entre el Estado y la Comunidad Autónoma lo pagan las familias más pobres

 

Muchas familias están recibiendo cartas procedentes de la Seguridad Social en relación con el IMV en las que se les informa de una reducción de las cantidades mensuales que percibirán durante el año 2023. En ellas se aprecian recortes del 40 o 50 % respecto a las escasas ayudas sociales que venían percibiendo con anterioridad. Es decir, quienes cobraban 500 euros cobrarán unos 200 o 300 euros. 

Esto proviene de que a las familias que percibían la Renta de Inserción Extremeña se les obliga a solicitar el IMV. Como este se concede con retraso de 4 o 5 meses, con carácter retroactivo desde el momento inicial de solicitud, suponía la percepción de unos ingresos puntuales de unos 2000 o 3000 euros, según los casos.

Ahora, para recuperar la cantidad cobrada por la Renta Anual Garantizada abonada durante esos meses, la Seguridad Social les va a descontar durante un año parte del IMV, la fracción mensual equivalente a lo cobrado. Como resultado de este descuento mucha gente ingresará unas cantidades de verdadera miseria. A ver qué familia puede vivir con 300 o 400 euros o menos durante un año.

No sólo hay muchas familias en situación de pobreza que se están quedando fuera del IMV, sino que la miseria se extiende a consecuencia de los retrasos y la tardanza en la gestión del IMV.

Desde Campamento Dignidad exigimos:

1.-Una mayor coordinación entre la Junta de Extremadura y el Estado para que quienes perciben estas ayudas sociales no sufran los efectos de esa descoordinación política y administrativa entre las administraciones públicas. Las familias no son responsables de que se retrase la tramitación del IMV.

2.-Que se aceleren las resoluciones de concesión del IMV. No se necesita tanta burocracia para calificar la pobreza: los empadronamientos, los contratos de arrendamientos, las resoluciones judiciales de mantenimiento económico, etc.

3.- Que se incrementen las plantillas de personal en los servicios sociales municipales y de la Junta de Extremadura.

4.- El incremento del personal administrativo y técnico de la Seguridad Social para acelerar las concesiones de las ayudas sociales, sin tener que esperar a que transcurran meses para la resolución.

5.- Que los fondos que la Junta de Extremadura se ahorra de la partida de los presupuestos regionales destinada a la Renta Extremeña de Inserción se utilicen para incrementar las cantidades correspondientes a las estas ayudas sociales, a las pensiones no contributivas, y en general a la lucha contra la pobreza.