El Estado en estos últimos
años de gobierno del PSOE ha reducido las inversiones sociales en nuestros
pueblos perjudicando a los más desfavorecidos, los ejemplos más claros los
tenemos en la vivienda, la educación y en la sanidad pública, sin olvidar el
transporte.
En el caso del transporte
público, la administración pública, regional y estatal, ninguna de ellas en la
parte que le corresponde han tenido prejuicios ni han encontrado obstáculos
para cargarse este tipo de desplazamiento por medios públicos. Lentamente se
cargan los sistemas de transporte que utilizan los sectores sociales más
débiles, pero por lo que se ve esto no cala entre la población y lo acepta
pasivamente.
La conexión entre las
poblaciones extremeñas es desoladora, prácticamente imposible si se quiere ir y
volver a Badajoz o a Mérida con cierta comodidad, sin tener que emplear todo un
día para ir y venir, pasando una tortura deambulando por estas ciudades.
Personas sin vehículos propios que tienen que ir a las capitales de provincia,
o a localidades importantes a recibir atención en hospitales, o a tramitar
algún tipo de asunto administrativo o económico pasan por una odisea.
El estado y el servicio
que presta la parada de autobuses, viene a ser un buen ejemplo de cómo van
quedando los servicios públicos, poco a poco se van deteriorando y reduciendo a
pesar de la propaganda que se hace para encubrirlo.
La palabrería política no
puede ocultar la reducción de los presupuestos que las administraciones
destinan a cumplir con los derechos humanos más básicos. La razón fundamental
es que tanto a nivel regional o como estatal haya que destinar una gran parte
de los presupuestos a incrementar las ayudas y subvenciones a las grandes
empresas de todo tipo que pululan por nuestra tierra, y sobre todo en estos
momentos a nivel estatal, a potenciar la industria militar y la guerra.
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