En el denominado Componente 30 DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA presentado por el gobierno ante la
UNIÓN EUROPEA para el acceso a los fondos comunitarios estaba el compromiso de
la extensión de la jubilación hasta los 30 años, con la posible reducción a los
28, todo ello, tomando como referencia el Pacto de Toledo firmado por los
principales partidos políticos y sindicatos, CCOO y UGT, del régimen
monárquico. El Gobierno necesita aprobar el Componente 30
antes de fin de enero para asegurarse que la Unión Europea envía en abril las
transferencias de los recursos comprometidas.
Mientras el gobierno necesita aprobar este Componente
30 del plan antes de fin de enero para asegurarse que la UNIÓN EUROPEA envía
por abril los recursos comprometidos, y una vez que ha aprobado los planes
privados de empresa, el proceso inflacionario no se detiene. Nos encontramos
con los precios de los alimentos y otros productos que suben por encima del 15
%, y en algunos casos hasta el 50 %, mientras el nuevo IPC refleja un 5,6 %.
En este ambiente, nuestro gobierno regional se muestra
pletórico con la recepción del mucho dinero que va a recibir próximamente, según
nos dicen. En las casi permanentes declaraciones en sus asistencias a
reuniones, intervenciones públicas, convenciones y ahora en FITUR no deja de
dibujar unas perspectivas prometedoras, por no decir exuberantes de avance y
progreso económico y social. En sus comparecencias públicas, los proyectos
industriales y turísticos afloran como setas en otoño, sin que tengamos tiempo
de asimilar de un día para otro la lluvia de millones y un futuro tan
prometedor.
No todo el campo es de flores en la región
extremeña. El discurso tan optimista choca con la objetividad de la escasez
material de miles de familias. Las cosas se complican en el caso de la Sanidad
en dónde los médicos se mueven en la posibilidad de convocar una huelga general.
Los agricultores anuncian movilizaciones en los próximos días. La lucha por la escasez
de viviendas no cesa. El transporte sanitario se muestra insatisfecho. Algunas
obras públicas dependientes de la Junta de Extremadura están paralizadas. El
IMV con tantos anuncios de subida refleja una incapacidad de respuesta ante una
realidad social de pobreza deprimente. En nuestra región, sectores de la
población comienzan a sufrir las decisiones de las instituciones monetarias para
frenar la inflación generalizada. Las hipotecas se encarecen a consecuencia de
que los bancos centrales suben los tipos de interés para frenar el consumo y la
actividad económica, lo que posiblemente genere una nueva recesión y se
multiplique el castigo a la clase obrera.
Sin
embargo, la enorme deuda de los gobiernos les obliga al acceso al mercado
financiero empujando la frenética subida de los tipos de interés. Por otro
lado, la reducción de impuestos que planean los partidos conservadores y
socialdemócratas llevará a la falta de ingresos de los Estados que en este
período de crisis necesitan ingresos para mantener los apoyos financieros que
tanto necesitan los capitalistas. En este orden de cosas, algunos de las
empresas promotoras de los proyectos industriales que se quieren instalar en
Extremadura ya han hecho público que quieren ayudas y subvenciones millonarias
de la Junta, sin contar el coste de las enormes infraestructuras que necesitan
para ejecutar sus actividades y que están reclamando y reclamarán a la
administración regional.
Nuestra política no puede ser otra que una
posición radical contra las privatizaciones y los recortes en la sanidad,
educación, pensiones, ayudas sociales. Nuestra puesto está al lado de los
trabajadores en la lucha por el incremento de los salarios y las mejores de las
condiciones laborales. En definitiva, por una autonomía política y económica
que sea posible con el incremento de los presupuestos de los municipios para
atender las necesarias prestaciones públicas, las infraestructuras, viviendas,
que favorezcan la vida de las clases trabajadoras y pensionistas.
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