En apoyo a la Coordinadora Antiprivatización Sanidad Pública (CAS) y su defensa de una Sanidad Pública y Universal

 

Desde UED-PSLF nos identificamos en todos sus términos con las manifestaciones realizadas por la (CAS) Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública en relación a lo que viene sucediendo con la (ILP) Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación de la sanidad pública.

Así, en una reciente comunicado del día 2 de diciembre, titulado” Sobre el papel de la izquierda en la ILP para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud”, la CAS informa que ninguna de las direcciones de las organizaciones políticas en el Congreso de los Diputados, ni de sindicatos como CCOO y UGT, así como directivas de asociaciones corporativas de medicina y enfermería, y de otros colectivos, plataformas y mareas que dicen defender la sanidad han apoyado la defensa de la Iniciativa Legislativa Popular en los diferentes territorios del estado español, si bien quieren destacar que han tenido colaboración de personas a título individual pertenecientes a estas organizaciones políticas, sociales y civiles.

En este orden de cosas, tenemos que decir que UNAEXTREMADURADIGNA (UED-PSLF), estuvo desde el primer día al pie del cañón colaborando con compañeros de colectivos pensionistas y de la CNT de Badajoz en la difusión y en la recogida de firmas de apoyo a la ILP en diferentes localidades como Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva, Cáceres y Villafranca de los Barros. Por supuesto que nos consta que otras muchas personas también estuvieron recogiendo firmas en estas y otras localidades extremeñas a título individual o pertenecientes a otros colectivos.

Esta iniciativa para la recuperación del sistema sanitario público en el estado español se basaba en 5 puntos:

1. Atención sanitaria para todas las personas, universal.
2. Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
3. Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios.
4. Recuperación y reforzamiento de la atención primaria, dotándola del 25 % del gasto.
5. Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

 

La CAS señala textualmente en su comunicado: “Por tanto, tenemos que denunciar que todos aquellos grupos, que englobados en la “izquierda institucional”, han maniobrado para impedir que la ILP se difundiera, para evitar que en un año en el que comienza el circo electoral, PSOE y Unidas Podemos tuvieran que retratarse en el Congreso votando en contra de propuestas, que mientras estuvieron en la oposición prometían aprobar cuando gobernaran.

Sin embargo, todos estos grupos políticos reaparecen ahora en el momento preelectoral con los reclamos de “la sanidad no se vende, se defiende”. Lo que sí persigue la “izquierda del capital”, es ocultar que la desastrosa situación sanitaria es simplemente el resultado de la aplicación durante estas décadas pasadas de las leyes estatales que ellos están manteniendo, aunque contaban y cuentan con la mayoría parlamentaria para echarlas abajo.

La voladura controlada del Sistema Nacional de Salud no permitirá “oasis” sanitarios, ya que afectará a todas las Comunidades Autónomas. La estrategia de desmantelamiento de los llamados “servicios públicos” alcanzará todos los territorios y todos los sectores, acelerándose cada vez más con las medidas que el Estado está tomando, y aun reforzará mucho más con la agudización de la crisis energética y eco-social.

Así, mientras el sistema sanitario se hunde, las ambulancias salen sin médico, falla el transporte sanitario, se desmantelan los servicios de urgencias, la Atención Primaria se colapsa, las listas de espera se disparan, la masacre de las residencias continua impune con los mayores que sobrevivieron de nuevo olvidados, y la sobremortalidad sigue sin merecer una explicación por parte del Gobierno, todos los partidos sin excepción han cerrado filas, y nos han metido en una guerra, que no es nuestra, y anuncian en los presupuestos para 2023, 48.833 millones de euros (casi el 4% del PIB), más de la mitad del gasto sanitario público, no para rescatar la sanidad, sino para alimentar un nuevo ciclo de rearme que nos va a llevar a un suicidio colectivo como sociedad.

Sin embargo, la esperanza que tenemos es la de que históricamente las sociedades se han organizado desde la base cuando han tenido lugar graves crisis. La unidad de los trabajadores/as es la esperanza, mientras que políticos y gestores son el obstáculo, para lograr un sistema sanitario verdaderamente democrático y universal, no dirigido por intereses comerciales, que actúe contra los “productores de enfermedad” y establezca como prioritaria la salud colectiva.

Algunas consideraciones generales sobre el Programa Autonómico para Extremadura de UED-PSLF.

 

 

1.- Por la Plena Autonomía Política del pueblo de Extremadura, en la necesidad de un Parlamento y un Estatuto de Autonomía que satisfagan las demandas sociales y democráticas, capaz de establecer unas relaciones con los pueblos de España, como pueblos libres e iguales.

 

2.- Extremadura es el ejemplo típico de una sociedad propietarista, según la idea política de que un individuo privado puede poseer títulos de propiedad privada transferibles en un mercado libre.​ Esta sociedad profundamente injusta y desigual está en crisis política y económica. El aspecto dominante, por encima de cualquier otro, de la sociedad extremeña es el del derecho a la gran propiedad de la tierra mantenido por las leyes del Estado (Constitución Monárquica y Estatutos de Autonomía), reforzado y expresado en las políticas de la Unión Europea, de la Política Agraria Común en particular que financia el latifundio).

 

La estructura de la propiedad de la tierra así lo expresa, así como las escasas competencias reales de las que goza en estos momentos el gobiernillo de la Junta de Extremadura y un”parlamentillo” sin poderes en dónde se desarrolla el teatrillo de la democracia.

 

 

2.- Hemos de partir de la base de que las políticas que se imponen al pueblo extremeño vienen en su mayoría establecidas por las normativas de la Unión Europea, y de su todopoderosa comisión sin elección ni control democrático alguno. En un porcentaje mucho menor dichas políticas contra el pueblo extremeño son establecidas por el Gobierno del Estado y sólo una mínima parte, por la Junta de Extremadura.

 

Por ello, en base a esta realidad competencial tenemos que indicar que la autonomía extremeña está siendo secuestrada de sus competencias democráticas naturales, impidiendo, de esta forma el derecho inalienable del pueblo a organizarse democráticamente y a decidir libremente sobre sus asuntos y destinos.

 

 

3.- Por ello, partimos de la necesidad de la Plena Autonomía del Pueblo Extremeño, por la capacidad para satisfacer las demandas sociales y democráticas de las clases explotadas y oprimidas extremeñas.

 

La principal contradicción de la realidad extremeña, tiene como punto de partida la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. El capitalismo no es un sistema que pueda vivir armónicamente con la democracia, ni mucho menos. Las sociedades capitalistas, propietaristas, se basan en unas relaciones sociales de producción en donde la democracia se permite siempre que deje vía libre a la explotación laboral y permita a los propietarios de los medios de producción de bienes y servicios obtener y disfrutar de la plusvalía producida por la mayoría social, la clase obrera, propietaria de la fuerza de trabajo. El precio de la reproducción del capital lo pagan las clases trabajadoras con la miseria, la pobreza, el desempleo, la emigración y separación de las familias, etc. Cuando se interrumpe la reproducción del capital y este siente que la democracia no le asegura su estabilidad recurre a las garras del fascismo y propiciando todo tipo de recortes democráticos.

 

En nuestro país, y en concreto en Extremadura conocemos sobradamente este estado de cosas. La prolongación de la monarquía heredada del franquismo nos muestra la evidencian de cuarenta años de régimen autonómico con gobiernos del PSOE y/o del PP, que deben ser tenidos en cuenta, para dar explicación material del continuo abandono de nuestra tierra y de sus hombres y mujeres, y en consecuencia, todo el desencanto actual en las clases explotadas y oprimidas de las políticas de las organizaciones (sindicatos y partidos que hablan en su nombre). Es decir, la desconfianza en un sistema político que soporta la dominación económica de los grandes propietarios de la tierra y de los sectores financieros que concentran las riquezas de quienes trabajan.

 

 

4.- En conclusión, partimos de una exigencia democrática y social, como es la plena autonomía del pueblo extremeño para resolver democráticamente sus asuntos, lo que choca con la legislación y los poderes establecidos a nivel estatal y europeo. Es decir, la misión de nuestras candidaturas y políticas, ya sean autonómicas o municipales, no es otra que   la   de ayudar a los trabajadores del campo y de la ciudad, y sus aliados a tomar el papel de protagonistas, como actores principales de la política e instituciones de gobierno.

 

 

5.- Subrayamos nuestro papel como instigadores e inductores, en este caso, de la plena autonomía basada en la aspiración de que no exista poder establecido por encima de la voluntad del pueblo, y en el caso extremeño en la capacidad para la toma de decisiones acerca de la expropiación de las grandes propiedades latifundistas, por la Reforma Agraria integral, a la vez que ayudamos a romper las cadenas de las dudas económicas y financieras a las que están sometidas las pequeñas y medianas empresas, así como la implementación de otras medidas relacionadas con la vivienda y los servicios públicos.

 

 

6.- Por el pleno empleo y la vuelta a su tierra de los que soportan el exilio económico, la penuria y precariedad. Y ello hace al caso de un Parlamento extremeño, y de un gobierno dependiente de él de carácter soberano para establecer la democracia y luchar contra la desigualdad, capaz de municipalizar el suelo urbano en beneficio de la construcción social necesaria.

 

 

7.- Para nosotros es importante la cuestión social, ligada a la defensa de unos servicios públicos de calidad. Y a ello nos obliga, a vincular en forma adecuada el papel tan determinante que ocupa en la coyuntura actual la guerra y la recesión económica internacional.  Por tanto, reclamamos la nulidad de los acuerdos que fomentan los gastos militares aprobados por exigencia de la OTAN- EEUU, y la retirada de las tropas españolas de la zona de conflicto. Por una intervención del Estado Español en lograr acuerdos de paz que acaben con la guerra y dedicar los gastos militares a fines sociales.

 

 

 8.- El pueblo extremeño para hacer posible sus demandas y aspiraciones necesita estrechar la mano a los trabajadores y pueblos de España para con ellos extender y abrazar una alianza por la democracia, por la soberanía popular, por la toma por parte del estado central de las medidas económicas y financieras que acaben con las desigualdades territoriales y sociales que sufre en buena medida la región extremeña.

 

9.- Somos conscientes de que el régimen autonómico de la monarquía es un intento de dividir y enfrentar a los pueblos. En ese sentido es imprescindible expresar esa determinación a la lucha común, a la solidaridad entre trabajadores y pueblos a través de la campaña que venimos realizando basada en el derecho a decidir de todos. Por un referéndum legal y vinculante que permita a los pueblos decidir entre monarquía y república, y avanzar hacia el socialismo.