El
Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reducción del número de peonadas que
se requieren para acceder al subsidio y renta agraria en Extremadura desde el 1
de noviembre de 2022 hasta el 30 de Junio del 2023. La cantidad de jornadas
cotizadas para acceder a estas prestaciones se rebaja a 10 hasta junio de 2023,
pudiendo acceder al cobro durante unos meses de 460 €. Si bien se establecen el
cumplimiento de ciertos requisitos según la edad y el tiempo de acceso a la
cartilla agrícola. En la exposición de motivos del decreto se indican las
razones que llevan a esta reducción de las peonadas. Así, se espera un descenso de la
producción de la práctica totalidad de los grupos de cultivos analizados, por
fenómenos climatológicos, especialmente en el olivar, cultivo que demanda una gran
cantidad de mano de obra. Es por ello que se reduce el número de jornadas de 35
a 10 para que las personas trabajadoras agrarias eventuales, en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo
y la renta agraria, dada la afección de esta situación a sus posibilidades de
empleo. Además, Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que los
aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la
cosecha de las actividades oleícolas –predominantes precisamente en el
territorio de ambas regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e
inaplazable de reducir el número de jornadas exigidas para acceder a ambas
prestaciones, en línea con lo que en ocasiones similares se ha venido acordando.
No obstante, conviene realizar algunas precisiones:
1.- El
inicio del régimen de protección de los trabajadores eventuales compuesto por
el Subsidio Agrario, la Renta Agraria y los Planes de Empleo Rural se conforma
desde el periodo de la Transición con el objetivo de neutralizar las
reivindicaciones que históricamente venían realizando los jornaleros de la
Reforma Agraria.
La irracional y desigual estructura de la
propiedad agraria en Andalucía y Extremadura provenía de la reconquista en el
período medieval y su mantenimiento posterior a lo largo de los años, lo que ha
ocasionado situaciones de enormes desigualdades sociales, explotación brutal
con pobreza y miseria de la clase obrera agrícola.
En
2021 se acogieron al subsidio agrario unas 12.259 personas en la comunidad
autónoma extremeña, según el IECA, la mayoría mujeres.
2.- Mediante
este sistema de protección social se mantienen disponibles jornaleros y
jornaleras agrícolas para ser empleados temporalmente por la burguesía agraria
en el campo y para otros empleos coyunturales en la hostelería y la
construcción.
3.-
La reducción de las peonadas para el cobro del subsidio es una medida que deja
las cosas tal y como están, aptas para continuar con la sobreexplotación de la
clase obrera agrícola en el medio rural, y dando vía libre a que sigan el
acaparamiento de la propiedad de la tierra por los latifundistas de toda la
vida, la penetración de fondos de inversión extranjeros y nuevos ricos, propietarios
de las industrias de transformación de productos hortofrutícolas reconvertidos
en terratenientes.
La
gran propiedad agraria no ha dejado de crecer. Además de que con este sistema
perduran y se reproducen otros problemas asociados como las redes clientelares,
la obligación de comprar peonadas, los jornales en negro y la economía
sumergida. A pesar de nuestra disconformidad con una medida que acelera e
intensificaba las desigualdades sociales en el mundo rural, dada la situación
actual de crisis y desempleo, esta reducción de peonadas va a permitir que
muchas familias puedan disponer de unos mínimos ingresos para sobrevivir.
4.- Las Organizaciones sindicales y políticas
del reformismo pretenden utilizar esta medida para vender las presuntas
bondades del gobierno «de progreso» español y seguir engañando al Pueblo
Trabajador Agrario. Les recordamos que el gobierno PSOE-UP no ha ido mucho más
allá que gobiernos anteriores que redujeron hasta 20 las peonadas necesarias.
5.-No
hay que dejar de entender que la naturaleza de la renta y subsidio agrario suponen
un pequeño presupuesto para el estado pero que en el fondo significan y se
plantean como una limosna para comprar la paz social en el campo, garantizar la
dominación de clase de la burguesía asegurándole mano de obra para las
explotaciones agrarias a precio de ganga que fácilmente se acompañan de
fenómenos como el trabajo en negro, la compra de firmas, etc.
6.-
El remedio a los problemas del proletariado agrario pasa por la Reforma Agraria
y por otras medidas imprescindibles para sostener la producción agraria y el
mundo rural extremeño, como:
Participación
de Extremadura en los beneficios de todas las empresas que operen en nuestra
región o vendan aquí sus productos.
Exigencia
de preferencia para el consumo de los productos extremeños
Impulso
desde el gobierno regional a la formación de cooperativas de trabajadores
agrícolas.
Fin
de la privatización de las tierras de titularidad pública a través de
subastas.
Cesión
de las tierras públicas para su explotación a cooperativas de trabajadores/as.
Política
de incremento del patrimonio agrario público extremeño con una partida anual en
los presupuestos regionales.
Regulación
del derecho de tanteo de la administración pública en las subastas de terrenos
agrícolas.
Cesión
de las tierras de titularidad pública de cualquier administración a
cooperativas asociadas de trabajadores/as.
Protección
del pequeño campesinado de los oligopolios de la comercialización de productos
agrarios fomentando la introducción de empresas comercializadoras públicas y
precios justos para las cosechas.
Expropiación
de fincas por motivos sociales, infrautilización o cultivos lesivos con el
medio ambiente.
Aplicación
del Impuesto de Tierras Infrautilizadas (aprobado en la Ley de Reforma Agraria
3/1984 y nunca puesto en práctica).
Diseño
y planificación de un proceso de industrialización organizado y dirigido por la
Junta de Extremadura acorde con las necesidades del Pueblo Trabajador
Extremeño.
