La privatización de empresas públicas y de sectores económicos enteros, como el caso del sector
energético en Europa, ha puesto a la Unión Europea ante una situación imposible. Han empeorado las
cosas después del COVID y de la guerra de Ucrania. Con anterioridad a esta crisis total, se hablaba de
problemas estructurales en nuestra sociedad, se decía que algo iba mal o muy mal; y ahora lo que va
muy bien es el brutal enriquecimiento de los especuladores a costa de la pérdida del poder adquisitivo
de la mayoría social como consecuencia de la inflación-especulación desatada.
No podemos entender la multiplicación de precios al consumo en la mayor parte de países del
mundo sino y a partir de la subida general del precio de las energías. El origen de este movimiento hay
que buscarlo, entre otros factores, en las privatizaciones generalizadas e impuestas por la Troika, tal y
como se denomina al triunvirato de poderes que rigen la economía mundial dependiente de los EEUU, a
saber: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
Tratando de evitar la reducción de las tasas de ganancia del capital, la Troika entendió que la venta
masiva de bienes de los Estados al capital privado podría abrir un periodo de renovación para la mayor
acumulación de capital. La Unión Europea, al servicio de los planes de la Troika, no ha dejado de lanzar
ofensivas privatizadoras tanto sobre Estados miembros, cómo con los que mantiene relaciones
privilegiadas.
Durante décadas la recomendación a los Estados, por parte de quienes manipulan la economía
mundial al servicio del gran capital, ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar…
Cuando en medio de la sequía más fuerte que se conoce desde que se tienen registros, se informa de
que las grandes empresas eléctricas privatizadas manejan a su antojo el vaciado de los pantanos para
producir la energía eléctrica más barata, vendiéndola como la más cara, es hora de relacionar
especulación con las privatizaciones. Todo gracias a las políticas de Bruselas, que permite facturar a las
empresas toda la energía que producen al precio de la que les resulta más cara, como es ahora la
energía producida con gas. También fue gracias a las políticas de Bruselas como se estableció la
condición de las privatizaciones en cadena, generando un verdadero oligopolio en sectores como el
eléctrico, el energético y otros; de tal manera que hoy en día fijan sus precios especulativos con la
complicidad de los gobiernos.
Hemos de remontarnos a 1996, el último año del largo gobierno de Felipe González que comenzó en
1982, para encontrar el punto de partida de las políticas de privatización en España al dictado de la
Unión Europea. Se puso a precio de regalo importantes empresas públicas como Enagas, Repsol, Gas
Natural… Privatizaciones que continuaron de forma general a partir de 1997 con el gobierno de Aznar.
Como evidencia de qué es lo que se buscaba con esas privatizaciones, hemos de poner en claro que
entre los años 2000 y 2018 el precio del KW/h aumentó un 150%, pasando de 30 a 75 euros. Ahora anda
por los 450.
El gobierno del PP de Aznar extendió el plan de privatizaciones a otras empresas y sectores, como fue
el caso de Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberdrola, Aena…, apoyado en la exigencia
de la Unión Europea del cumplimiento en materia de déficit público, que establecieron los planes de
Maastricht.
Zapatero por el PSOE, y Rajoy por el PP continuaron con esa primera oleada de privatizaciones de
grandes empresas públicas. Se vendieron dichas empresas muy por debajo de su valor real, y a puerta
cerrada, de acuerdo con los compradores, estableciendo así verdaderos monopolios privados de tipo
clientelar; entregando la mayoría de las acciones a grupos financieros internacionales y fondos buitre.
Esa ofensiva no ha acabado y trata de barrer con todo lo público, tal como sucede ahora con la sanidad,
con el agua, con las viviendas públicas y con las mismas pensiones públicas en beneficio exclusivo de los
banqueros.
Los monopolios, al calor de la crisis actual, han puesto de manifiesto su capacidad para subir
indefinidamente los precios, generando costos imposibles para pequeñas y medianas empresas, así
como para millones de trabajadores, que por ello exigen la subida de salarios y pensiones en relación
con la subida de los precios. Una ola general de huelgas se ha desatado en Inglaterra, como no se
conocía desde hace cuarenta años. El poder y complicidad de los oligopolios y los gobiernos ha
multiplicado la corrupción política e institucional, hasta tal punto que la misma Comisión Europea se ha
visto obligada a hablar de la necesidad de proceder a la “intervención de los precios del mercado
eléctrico”, del gas y de los combustibles en general, acusando a Putin de ser el responsable de la crisis.
Pero son los oligopolios los que han triplicado sus beneficios económicos.
En reciente reunión en Alemania del gobierno tripartito del canciller Scholz, a la que fue invitado el
presidente español, Sánchez, el primero puso el grito en el cielo manifestando que “el precio del
mercado energético no tiene sentido y no está justificado”. Sánchez fue invitado a la reunión en tanto
que ha tratado de aportar propuestas alternativas a la crisis energética, como ha sido el caso de la
“excepción ibérica”, lo que permite parcialmente no vincular el precio del kilovatio al del gas, o la
propuesta de ampliación del gasoducto que quedó parado hace años en los Pirineos por falta de
presupuesto (Proyecto MidCat). En España existe la posibilidad de regasificación del 30% del gas que
necesita Europa. El gasoducto que se pretende retomar para vincular, gasísticamente hablando, Europa
desde Portugal hasta las fronteras rusas, también podría transportar hidrógeno combustible, para lo que
se exige la financiación pública europea.
Hay que señalar que todos los partidarios del gas licuado buscan cómo incrementar el negocio si
cabe, ya que puede acabar el suministro de gas barato a Europa desde Rusia, que ahora supone el 40%
del consumo, y ello desde este mismo invierno. La misma presidenta de la Comisión de la UE ha
convocado una reunión extraordinaria “para intervenir el mercado eléctrico frente al chantaje ruso”.
Ahora va a resultar que Putin es también el culpable de las privatizaciones de las empresas energéticas
de la UE y del oligopolio constituido. Este conflicto también se debatirá el próximo martes en el Senado,
tratando de convertirlo en un debate exclusivo entre partidos privatizadores que promueven la
corrupción clientelar.
La “intervención” del mercado energético está sobre la mesa de las principales instituciones, y
debería abarcar precios y empresas que conforman el oligopolio energético. Tratan de reordenar su
negocio con financiación pública sobre el gas, que en buena parte aportará los EEUU a muy alto precio y
de muy baja calidad.
Los partidarios del socialismo y de la república entendemos que acabar con el caos energético pasa
por revertir las privatizaciones acabando con los oligopolios, exigiendo la expropiación de dichas
empresas, su necesaria nacionalización sin indemnización para los especuladores, preservando los
derechos de los pequeños accionistas. Expropiación que exige una nueva dirección con el control obrero
y sindical.
La movilización convocada en defensa de las pensiones públicas del próximo 15 de octubre, debe
extenderse a todo lo público, por la expropiación del oligopolio eléctrico, de gas y combustibles,
haciendo frente a la crisis económica y política del régimen de la monarquía. La defensa de todo lo
público debe impulsar la exigencia de un referéndum legal y vinculante sobre monarquía o república.
