El PSLF y Una Extremadura
Digna ante la negación del derecho a la vivienda a jóvenes y personas
trabajadoras en precariedad salarial o en desempleo, y en general a personas y
familias vulnerables.
1.- Introducción.
Conviene comenzar
recordando que la Constitución española, en su artículo 47 establece aunque
sólo formalmente el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las
medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.
La declaración de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en
otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un
bien necesario para una vida digna.
Aunque cuando caminamos por el siglo XXI pocos países capitalistas,
entre ellos España, cumplen con este y otros derechos básicos.
El artículo 148.1.3 de la
Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que
pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Junta se responsabiliza en esta
competencia. De este modo, se aprueba la
Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abríl, en la que
se vuelve a mencionar la garantía del derecho a la vivienda en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En la correspondiente exposición de motivos de esta
ley se profundiza y se define este concepto con más amplitud “como el derecho
de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su
situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional,
asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al
fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
La palabrería que no falte.
2.- La realidad política
en la que nos movemos.
Sin embargo, los poderes
públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se
apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos
publicitarios retóricos y grandilocuentes que no tienen más recorrido que
la descripción literal de un supuesto, no dan más de sí. En este sentido,
estamos acostumbrados a los discursos demagógicos de dirigentes como el
presidente de la Junta o la consejera tanto en la Asamblea de Extremadura como
en los diferentes medios regionales con discursos demagógicos que además de
mentir pretenden ocultar las desastrosas políticas de viviendas seguidas hasta
la fecha.
De este modo, las
elaboradas oratorias en las que pregonan que se van a construir viviendas para
más de 20.000 familias y destinar millones y millones de euros para facilitar
el acceso de jóvenes o se van aumentar las ayudas de alquiler nos suenan a
música celestial.
3.-
Consecuencias de los problemas habitacionales.
Los
problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar
las desigualdades sociales, presentando una casuística variada y compleja que
tienen su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez
generan enfermedades y daños mentales
irreversibles en quienes los sufren:
personas y familias en una precariedad habitacional por las condiciones
de deterioro físico e higiénicas de las viviendas; el agobio de quienes
comparten viviendas en un verdadero estado de hacinamiento, o aquellos que se
encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de
pagar el piso que tienen alquilado y están amenazados de desahucio, jóvenes que viven con sus padres incapaces de
independizarse y formar una familia, familias que viven en viviendas de ínfimas
dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en
pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, personas que tienen que
dormir en la calle buscando la protección de un portal y que más pronto que
tarden suelen ocupar espacios en la prensa en donde se narra su fallecimiento
por el frío o por algún golpe de calor, etc.
No hay que olvidar que la
vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un
atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento
en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible
para acceder a ciertas ayudas sociales. Por cierto, el PP, intenta apretar más
la soga al cuello de la pobreza por lo que propone que no se empadronen a
quienes están ocupando una vivienda. El PP no piensa en solucionar el problema
sino castigar aún más a quienes sufren la pobreza.
El conjunto de las circunstancias
indicadas se ven agravados por otros elementos que dependen de los
comportamientos institucionales, tales como, la lentitud con la que se conceden
las ayudas de alquiler, la escasez del
parque de viviendas sociales y lo elevado de los precios de arrendamiento que
dificultan el acceso a alojamientos decentes para los sectores sociales más
humildes. Por tanto, si a todo lo anterior sumamos los bajos salarios,
la precariedad laboral y el desempleo no es de extrañar que nos encontremos a
la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000
personas extremeñas en el umbral de la pobreza y en riesgo serio de exclusión
social.
4.- Las circunstancias
que agravan la problemática social y el abandono del mundo rural.
Las consecuencias de la
crisis sanitaria derivada del COVID 19 y las acciones políticas y económicas
que toman los gobiernos europeos en relación a la guerra de Ucrania, que se
vuelven como un bumerang contra las clases trabajadoras y sectores populares, han
empeorado significativamente las ya difíciles condiciones de vida de los grupos
sociales más débiles económicamente de la población EXTREMEÑA. Los aspectos más
agresivos se manifiestan en la inflación, con importantes subidas de precios de
los productos básicos para la vida, y en el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda lo
que viene a traducirse en la negación en sí del derecho a la vivienda.
Durante décadas se han dejado en manos de las empresas privadas la
construcción de viviendas, abandonándose los programas públicos lo que ha
determinado que en la actualidad haya una escasez de viviendas sociales, a lo
que se suma un alto precio para la compra o alquiler que imposibilitan que cientos
de personas por la precariedad salarial, las mínimas ayudas sociales y el
desempleo puedan resolver sus problemas habitacionales.
En este
tipo de cuestiones se observa el papel clasista de las administraciones
públicas, siempre al servicio de las clases ricas. Lo que pone de manifiesto
que sólo un estado en manos y al servicio de las clases trabajadoras que acabe
con la propiedad privada de los medios de producción tendrá en cuenta los
intereses sociales de la mayoría. Las clases trabajadoras extremeñas no
pueden seguir a expensas de los caprichos de un régimen político que se
mantiene ajeno a sus intereses,
necesitamos gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza de
manera justa e inapelable. Tal y como nos están mostrando varios grupos
de trabajadores y movimientos sociales actualmente, no queda otra solución que la
organización y la movilización en la calle. El Poder Político regional con su
letargo clasista y su pasividad conservadora nos conduce inevitablemente a la despoblación, la desvertebración territorial y la
creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos extremeños.
5.- Algunos casos particulares.
En estos momentos, la escasez de viviendas impide que cientos de jóvenes
y otras tantas personas y familias no encuentren una vivienda para alquilar y no
puedan organizar su futuro. Las administraciones públicas basan sus políticas
en las ayudas de alquiler, les resulta más barato ya que conocen a ciencia
cierta las limitaciones derivadas de la escasez que determina que los presupuestos
no se vayan desbordar ni mucho menos, antes que estropear el negocio de las
constructoras.
Por otro lado, los decretos que regulan la concesión de viviendas
públicas o las ayudas e alquiler contienen verdaderas barreras y obstáculos a
superar, complejas trabas burocráticas que dificultan o impiden la obtención de
las mismas. Tal es el caso de lo que le sucede a María, madre de 3 hijos, que
cobra el IMV, que vive en un piso de alquiler y ha solicitado a la Junta de
Extremadura una vivienda social. La respuesta que ha recibido es el rechazo a
su solicitud. La Junta de Extremadura hace constar que no ha aportado ningún
documento que demuestre que algunos de los integrantes de su núcleo de
convivencia es víctima de violencia de género, persona desahuciada, sin hogar o
persona especialmente vulnerable. Lo curioso del caso es que cuando
María se acerca a los servicios sociales del Municipio para solicitar el
informe de que es una familia vulnerable, las trabajadoras sociales le niegan
ese informe que debe aportar a las exigencias de la Junta de Extremadura para
continuar con el procedimiento de la solicitud de la vivienda.
7.- Propuestas políticas de Una Extremadura Digna (UED) y del PSLF.
En este orden de cosas desde Una Extremadura Digna y desde el PSLF
venimos proponiendo la urgente necesidad de intervención de la Junta de
Extremadura y de los municipios en una serie de aspectos para responder a las
múltiples necesidades relacionadas con los déficits habitacionales de las
personas y familias. Seguidamente exponemos algunas propuestas
en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación y otras que
deben servir para estructurar políticas públicas en beneficio de las clases
trabajadoras.
7. 1.- Utilización
inmediata de recursos en favor de los más necesitados.
Hay que aumentar y acelerar la concesión de las ayudas al
alquiler y de las viviendas sociales disponibles con el objeto de
atender situaciones de especial urgencia que se están produciendo en Mérida y
en otras localidades de la región. Esta urgencia es primordial, entre otras
circunstancias, para evitar las amenazas de desahucio y desalojo que se
producen por situaciones económicas sobrevenidas que impiden a las familias pagar
alquileres. En muchos casos la Renta Garantizada Extremeña y el IMV que
debieran utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras
necesidades básicas de la unidad familiar se destinan a pagar alquileres.
7. 2.- Protección
de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos, ya que ellos no son culpables de situaciones
extraordinarias o comportamientos calificados de asociales que afecten a sus
padres. Las administraciones públicas deben actuar vigilando e interviniendo en
el cumplimiento de la prohibición de todos los desahucios sin alternativa
habitacional de familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y
carentes de recursos.
7. 3.- Ampliación del
parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura y elaboración de un
registro de necesidades.
En
muchas ocasiones se presume desde la Consejería que el parque de viviendas
sociales de EXTREMADURA es el más grande, el más numeroso si lo comparamos con
el que tienen el resto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la realidad
pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente ya
que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las
familias más necesitadas y en general, en las clases trabajadoras.
En
el sentido indicado, consideramos importante disponer de un registro de quienes
las necesitan; muchas familias no tienen realizada una petición expresa de
viviendas sociales ante la falta de perspectivas de acceder a alguna de ellas
puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen, y por tanto no vale
la pena perder el tiempo rellenando papeles. En este orden de cosas, es
necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa
orientada a conocer la demanda realmente existente en la Comunidad Extremeña.
Desde hace años venimos
reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias pasen a manos
de la Junta de Extremadura con el objeto de destinarlas al alquiler social.
Otras promociones de
viviendas sociales como las 31 previstas en Villafranca de los Barros se
paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción y quedaron en un
estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Una
vez que se ha reemprendido su construcción consideramos que la Junta debe
acelerar la construcción dadas las necesidades que hay en esta localidad.
En Badajoz, por señalar
también un caso concreto, no conocemos el estado de los procedimientos de las
viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra que según
parece siguen en una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta de
Extremadura, sin importar las enormes necesidades existentes en aquella ciudad.
7. 4.- Creación de Bancos
Locales de Viviendas.
En ciertas localidades
hay viviendas en ventas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta
de Extremadura. Esta política de adquisición y rehabilitación es más rápida y
eficaz que las promociones para construir. Como es lógico, para estas acciones
es necesario que en los presupuestos regionales se establezca una partida
presupuestaria para que en los Municipios se constituyan los mencionados bancos
locales para alquiler social.
7. 5.- En relación a los
sin techos e indigentes.
Los ALCALDES de los
municipios de Extremadura deben acondicionar espacios dignos para acoger a
todas las personas sin techo, al objeto de que quienes no tienen medios
habitacionales de ningún tipo no se vean obligados a dormir a la intemperie y
puedan encontrar un lugar apropiado donde estar protegido.
Las autoridades deben
conocer que en pleno siglo XXI hay personas indigentes que viven en las calles,
sin un lugar estable y adecuado en donde residir, siendo de prever que este
grupo de hombres y mujeres sin recursos de ningún tipo se incrementen en base a
la coyuntura económica y social tan negativa que se espera en los meses
venideros.
Algunas de estas personas
que tienen solicitadas viviendas sociales a la Junta de Extremadura, a veces tienen
la suerte de ser atendidas en instituciones sociales y albergues locales. Los
que no tienen la suerte de ser acogidos en estos centros, vagan por las
ciudades buscando el lugar más apropiado para resguardarse en parques, bancos
de las plazas, portales de entidades públicas, pero con la llegada del otoño y
del invierno las circunstancias ambientales cambian y las cosas se complican. Hace
pocos días hemos conocido personas que han muerto abandonadas en bancos en la
localidad de Cáceres.
7. 6.- Plan de desarrollo y revitalización de áreas
urbanas degradadas
Como ya hemos manifestado
en repetidas ocasiones, especialmente cuando se elaboró la Ley Extremeña de
Promoción y Acceso a la Vivienda es de vital importancia realizar planes urbanísticos en barrios con un notable estado de
abandono en acerados, instalaciones eléctricas, limpieza de alcantarillas,
calles quebradas, etc. En general se trata de dotarlas
de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas
específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social. A
veces, las instituciones ofrecen viviendas en zonas muy degradadas, con
problemas sociales de todo tipo, que las familias suelen rechazar.
7.7.-
Intervención Urgente de la Junta de Extremadura
Hay casos frecuentes de
familias y personas que viven en viviendas insalubres e insanas, en espacios
reducidísimos, o en hacinamientos a causa de la compartición de la vivienda con
otras personas o familias, o personas que sin tener en lugar concreto al que
recurrir viven las calles, y duermen en los bancos de las plazas o portales,
etc..
Los gobiernos disponen de
suficientes recursos materiales y técnicos para evitar estas situaciones de
extrema escasez, no deben mirar de reojo estos episodios y procurar darles una
solución. La actuación institucional se hace más urgente y necesaria puesto que
son estos sectores sociales quienes más necesitan de las instituciones
públicas.
En este sentido, la Junta
de Extremadura tiene que expropiar u obligar a las entidades bancarias y otros
organismos públicos a que acondicionen las viviendas de las que son
propietarias, que tienen abandonadas y obsoletas, y ponerlas en alquiler
social.
La Junta de Extremadura
debe tomar todas las medidas oportunas en el ámbito administrativo y
burocrático, ente ellas la contratación de personal, para incrementar y
acelerar la concesión de las ayudas de alquiler a todas las personas que las
tienen solicitadas
7.8.- Nos reafirmamos en la necesidad de una Empresa
Pública y de un Banco Público con carácter regional que haga posible la
ejecución de las políticas públicas relacionadas con la construcción y
rehabilitación de viviendas y otras actividades urbanísticas en las diferentes
localidades de la Comunidad Extremeña.
7.9.- La crítica a las consecuencias del capitalismo no es suficiente ni
mucho menos para superar la organización de la sociedad capitalista ni para
provocar una reacción por parte de las autoridades que lleve a corregir los
aspectos negativos. Es preciso la organización y la movilización que junto a la
existencia de un proyecto político que ofrezca soluciones. permita avanzar en
orden a lograr que cada vez más personas adquieran la conciencia de clase que les
impulse a la lucha para la consecución de una sociedad más justa y más humana.
