Durante el año 2022 el gobierno ha reducido los alimentos para las asociaciones de reparto a través de la Cruz Roja en más de un 45 %, aproximadamente. Así que en vez de distribuir alimentos a las familias pobres en tres repartos sólo habrá dos repartos, y la cantidad global de alimentos será menor.
Lo que están haciendo ahora las administraciones públicas, lo ha hecho la Diputación, y probablemente lo hagan otras administraciones públicas, para que la gente no pase hambre y no sucedan protestas que den origen a conflictos sociales es conceder tarjetas de 100 euros a las familias más desamparadas para que compren alimentos en las tiendas de la localidad.
De este modo, los gobiernos de las diferentes instituciones públicas ejercen un mayor control del que ya practican sobre las personas más necesitadas y evitan posibles rebeliones y alteraciones de la vida social; el problema que tienen estos poderes políticos es que cada día crece el número de personas y familias que son incapaces de llegar a final de mes ante la colosal subida de los precios de los alimentos, combustibles y de los suministros básicos como la luz, el agua o el gas.
Mientras esto está ocurriendo el gobierno de España incrementa el presupuesto destinado a la industria armamentista siguiendo las directrices del imperialismo norteamericano y la OTAN, lo que hace que este negocio sea el más rentable y el que con más fuerza sube en las bolsas de valores del mundo.
La política de la guerra se impone ante las necesidades básicas de las personas y especialmente de los sectores sociales más débiles de la población que de un modo u otro expresan la insatisfacción ante la política del palo y la zanahoria.
Al gobierno le interesa más asegurar el negocio del capital, su reproducción, que en momentos de crisis recurre a la guerra para dar un salto superando todos los obstáculos que se interponen en la obtención de una buena tasa de ganancia que emplear recursos en atender los requerimientos básicos que hacen que los seres humanos puedan vivir dignamente.
Cada día son más las personas que se quejan del funcionamiento de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, del retraso en la atención sanitaria, de las listas de espera relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico o falta de especialistas en traumatología, cardiología, psiquiatría, etc. No sólo es la insatisfacción popular, también un buen número de los profesionales de la sanidad se quejan de que no dan abastos y tras la pandemia sufren un agotamiento importante reclamando un aumento de los recursos humanos y técnicos en los centros de salud y hospitales para disponer de una sanidad pública de calidad.
