El Gobierno argumenta sus planes de apoyo a la guerra de Ucrania como si se tratase de “ayudar a personas y empresas con el objetivo de fortalecer el estado de bienestar y profundizar en la modernización de la economía avanzando en la digitalización y la transición ecológica”. La realidad es que se siguen los dictados que marcan los intereses de los EEUU.
Las medidas contra los
efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra. Todo lo contrario, el
envío de hombres y armas para el conflicto se acelera, así como el seguimiento
de las medidas de sanción económica que encarecen la mayoría de los productos
de consumo diario. La guerra trae recesión y miseria popular a cambio de
grandes beneficios para los señores de la guerra nacionales e internacionales.
Para mantener esa política de guerra, el Gobierno busca
contener alguno de sus efectos más llamativos de la especulación empresarial,
financiando a sectores comerciales más dañados, como es el caso de las empresas
de gas intensivas, o de sectores como el papel, el vidrio o la cerámica...
Financiando también el transporte con más avales y tratar de dar liquidez a
empresas en mala situación financiera.
Los descuentos al combustible de 20 céntimos por litro, y el
límite a la subida de los alquileres son medidas claramente insuficientes para
hacer frente a la ola de miseria popular, pero no se tocan los precios que
destruyen salarios y pensiones.
Tal y como sucedió con las medidas de escudo social de la
pandemia, estas medidas son más simbólicas que reales, y la burocracia
administrativa se encargará de limitar aún más su alcance.
Se vende el acuerdo político que España y Portugal han
obtenido como concesión de la Unión Europea sobre el precio de la energía,
mientras se esconde que la política contra el pueblo saharaui está a punto de
romper los acuerdos de suministro de gas de Argelia por gas norteamericano, de
mucha peor calidad y más caro.
