El Estado como forma política del capital dispone de todos los
recursos posibles económicos, militares, judiciales, propagandísticos al
servicio de la burguesía.
La estrategia política-militar del capital se centra en crear las
condiciones más propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la
acumulación de capital. Para esto necesita mantener un mínimo de
estabilidad social y apaciguar a las clases subalternas más castigadas por la crisis para
que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos.
Un caso flagrante de esta estrategia es el IMV. Una especie de
renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad
Social. Lo calificaron y presentaron como “medidas sociales” que
acabarían con la pobreza.
La propaganda superó todos los límites entusiasmando a los
sectores reformistas y socialdemócratas que en sus ensueños sin fronteras
retrocedieron a las ideas propias del socialismo utópico que con reformas en el
interior del capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad
vital.
Las políticas socialdemócratas que abandonan la socialización de
los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al servicio
de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del
capitalismo ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una
sociedad dividida en clases.
Un ejemplo del fracaso de las políticas reformistas es el Ingreso
Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de
manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras
sociales de la pobreza.
No obstante, queremos señalar algunos detalles más que con el
tiempo van saliendo a la luz y muestran como el Estado a través de sus
ministerios y administraciones pública persiste de muchas formas posibles en el
castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más
débiles.
Algunas
personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa
de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones
importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos
de que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son
diferentes en cantidades muy inferiores.
Los
compañeros y compañeras de RMI de Madrid nos informan que las reducciones en
las cantidades percibidas durante el año 2021 se deben a que en la declaración
de la renta que debe hacerse según las modificaciones de la nueva normativa de
la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital el INSS está teniendo en cuenta lo
que se ha cobrado por las rentas mínimas autonómicas durante el año 2020 y
aplicando los descuentos correspondientes según lo cobrado por las personas o
familias.
Así
señalan que “Tras contrastar
decenas de casos similares, llegamos a la conclusión de que ha ocurrido
lo siguiente:
- El INSS ha dejado que transcurra casi un año completo para llevar a
cabo la revisión de la cuantía de IMV 2021 en base a los ingresos
computables obtenidos durante 2020 (RDL 20/2020, artículo 13.3), pese a
que dispone de los datos fiscales de 2020 desde el 15 de marzo de 2021.
- En muchos casos el INSS, además de tarde, lo ha hecho MAL,
porque ha descontado los ingresos 2020 por renta mínima autonómica,
cuando esas rentas no son computables a efectos de IMV, esto es, no
pueden restarse de su cuantía (RDL 20/2020 art. 8.2 y 18.1e.1º).
Es cierto que en esas situaciones suele haber un error
en la declaración de IRPF 2020: se ha incluido en ella lo cobrado por rentas
mínima autonómicas pese a ser rentas exentas de IRPF, y aparece en la casilla
0003 como retribuciones dinerarias por rentas del trabajo, e incluso aparece a
veces como Ganancia Patrimonial entre las "rentas del ahorro". Esas
declaraciones habitualmente han sido hechas por la propia Agencia Tributaria
(AEAT) vía telefónica ("Te llamamos") o presencial, o por terceras
personas de forma lucrativa, y las familias empobrecidas no son expertas fiscales
capaces de detectar tales errores. Pero lo importante es que, se atribuya a
quien se atribuya el error en el IRPF, el mandato que el RDL 20/2020 (art.
19.7) daba al INSS en 2021 y en su art. 19.7 no era "copiar" las
casillas 0003 u otras, que aportan información insuficiente y no distinguen los
orígenes de los ingresos, sino que el INSS obtenga datos fidedignos recabando de la AEAT la información necesaria sobre
datos fiscales e imputaciones.
Otro
hecho que está ocurriendo: “los perceptores comunican con la antelación
suficiente al INSS que están trabajando para que durante ese período no les
paguen el IMV”. No obstante, el INSS continúa ingresando la ayuda para unos
días después solicitar urgentemente su devolución con amenazas de embargos y
cobro de intereses.
La
criminalización de la pobreza no sólo se reduce al caso anterior, también se
justifica en la propaganda de que los pobres son irresponsables, y gastan lo
que no tienen que gastar. En concreto, nos referimos a que la lentitud en la
tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda
correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable que
durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada
extremeña por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la
devolución de esos meses en los que coinciden ambos ingresos. Ejemplo: si se
les paga en septiembre y la solicitó en febrero, los ingresos totales atrasados
que recibirá son los que corresponden a los meses que van desde febrero hasta
septiembre; además, suponemos que finalizó el cobro de la renta garantizada
extremeña a primeros de junio. Hay tres o cuatro meses en los que esa persona o
familia no tuvo ingresos, no cobra absolutamente nada y mientras tanto tiene
que vivir. La dificultad en la devolución de lo cobrado conduce a una
criminalización social y posiblemente a un castigo económico a esa persona por
parte de los gobiernos de esas administraciones públicas, que son los verdaderos
responsables de esta situación, no sólo por el atraso en la tramitación
correspondiente de esta ayuda social sino por permitir que las familias vivan
en la más absoluta precariedad incapaz de generar las condiciones económicas y
sociales para que puedan vivir dignamente.
A
pesar de las declaraciones del gobierno es suficientemente conocido que el IMV
es un verdadero fracaso por toda una serie de factores que van desde los
requisitos, su burocracia, ocultismo, falta de transparencia, cantidades
ridículas, etc.
En
contradicción con la euforia mostrada por algunos miembros del gobierno y
políticos próximos a él que mantenían “que con el IMV nadie tendrá dificultades
para tener la nevera llena y disponer de una alimentación saludable y
adecuada”, los últimos datos publicados por el mismo Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones manifiestan que tres de cuatro solicitudes del
Ingreso Mínimo Vital, el 75%, han sido denegadas y sólo llega al 8 % de la
población que vive bajo el umbral de la pobreza.
Son
los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de
resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172
euros mensuales y de 436 por hogar.
Actualmente se
ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los
beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas”.
En
Extremadura, las declaraciones realizadas por la directora general de servicios
sociales que “calcula que el IMV llega a unas 9.000 personas complementadas con
unas 5.678 que cumplen los requisitos para acceder a la Renta Garantizada
Extremeña”.
La
referencia para el cálculo suele ser el IPREM que en el año 2022 será de unos
579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél,
unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de
requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean
cantidades ridículas que en la mayoría de los casos no llegan a esa cantidad.
De este modo es imposible mejorar la vida de la gente.
Según el informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento
del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020",
elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en el Estado Español (EAPN-ES). En Extremadura, unas 411.000 personas estaban
en riesgo de la pobreza o exclusión social en el año 2020. Mientras que unas
124.000 personas estaban en pobreza severa.
Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de
Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de riesgo
de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en unos 9.600 euros
anuales, mientras que el umbral de renta para considerar que un hogar
está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año,
unos 535 euros; es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 €
mensuales para el caso de una familia con dos adultos.
Por encima de todos los datos, la realidad es la
imposibilidad de que una persona, y en muchos casos una familia pueda vivir con
500 euros al mes de los que tendrá que pagar alquiler, luz y una
larga lista de gastos ineludibles.
