El Estado como forma política del capital cumple a la perfección con sus funciones a la vez que muestra una imagen de neutralidad y servicio al conjunto de la población; pero no nos engañemos es una herramienta al servicio de los grandes propietarios de los medios de producción; esta afirmación realizada allá por el siglo XIX para describir cual era el sentido y el cometido del poder estatal resulta hoy absolutamente evidente, tal y como se refleja con plena claridad en el caso de las viviendas.
El Estado Español destina en los presupuestos generales unos 30.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda contraída en buena medida para salvar a los bancos y grandes inmobiliarias, dinero que sale en una proporción muy importante de las rentas del trabajo que anualmente pagan los trabajadores y trabajadoras.
El Estado es un instrumento que no defrauda en absoluto los negocios e intereses de los poderosos, dueños de la riqueza y el patrimonio de este país. A estos especuladores se les permite entre otras cosas que mantengan cientos y cientos de viviendas paralizadas y esperando que vengan mejores tiempos para sus oportunidades de negocios; mientras tanto, hay cientos de personas que una y otra vez rellenan documentos y piden desesperadamente una vivienda en la Consejería de Fomento.
Las entidades bancarias y organismos públicos, no dudamos que en un futuro próximo y probablemente las están recibiendo ya de los fondos de recuperación europeos, contarán a granel con subvenciones millonarias importantes para recuperar los cientos de pisos deteriorados que poseen a causa del estado de abandono en el que se encuentran; subvenciones millonarias con las que se realizarán las obras pertinentes para ponerlas a punto y acudir al mercado con plenas garantías de que serán vendidos a buen precio una vez que el horizonte del beneficio se vislumbre con claridad
Las administraciones públicas han hecho caso omiso a las denuncias concretas que se han realizado sobre los bloques de pisos que se encuentran en esta situación y que por el estado de abandono generan en sus entornos interiores zonas en donde crece la hierba sin control ocasionando que en los espacios públicos cercanos aparezcan insectos, roedores y otros animales que pululan con plena libertad causando problemas al vecindario.
Lo que está claro es que visto el caso que hacen a estas necesidades sociales los políticos que dirigen el Estado, la Junta y los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, la única forma de cambiar este estado de cosas es con la resistencia y la organización popular. Por eso, el día 18 de enero, martes, a las 11 de la mañana acudiremos a la Plaza del Rastro, Mérida, para denunciar el estado de insolidaridad social e injusticia que se comete en esta comunidad dejando de lado las necesidades básicas de sectores de la población.
La vivienda es una necesidad que el gobierno regional y estatal deben asumir con toda seriedad más allá de medidas insuficientes como las ayudas de alquiler que son inalcanzables y no llegan a los sectores sociales más desfavorecidos de la población. En esta situación se encuentran cientos de personas que viven con pensiones no contributivas, personas que por las limitaciones de sus estados físicos o sociales no pueden acceder al mercado de trabajo y reciben ayudas públicas mínimas, trabajadores y trabajadoras con una precariedad salarial importante o que se encuentran en el más absoluto desamparo.
El capitalismo opera como una totalidad que se extiende más allá de la explotación asalariada. Cualquier aspecto que consideremos al formar parte de un todo, repercute en la vida del ser humano, limitando ampliamente las posibilidades de su felicidad.
La falta de una vivienda digna es un instrumento de violencia que machaca la integración social de las personas y afecta muy ampliamente al conjunto de las relaciones afectivo-sentimentales, con sus seres queridos y los de su entorno.
Sin una vivienda digna no sólo se carece de un techo para tener un mínimo bienestar personal o familiar, además son múltiples las casuísticas que se pueden dar que condicionan de modo muy negativo la vida de las personas.
Algunos de los ejemplos que en estos días se nos han mostrado con más fuerzas cuando se carece de una vivienda, son aquellos en los que la separación o divorcio reducen las posibilidades de encuentros o contactos familiares a los que las autoridades administrativas ponen serias dificultades, o bien anulan judicialmente la compartición periódica , o retiran la custodia de los menores, la imposibilidad de acceder a un empadronamiento para recabar una ayuda social que a duras penas te permita sobrevivir y/o hacer frente a otras obligaciones.
En definitiva, es urgente que el Estado Español a través del correspondiente Ministerio y la Consejería de la Vivienda de la Junta de Extremadura intervengan para que al menos los cientos de pisos que hay vacíos y en proceso de descomposición y derrumbe en manos de las entidades financieras y organismos públicos (Ministerio Interior) se pongan en alquiler social para las personas que lo necesiten, hablamos de algunas de ellas: los Álamos en Mérida con más de 230 pisos, las 90 del Ministerio del Interior en el Barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz, pisos sin repartir en Talayuela, Cáceres, 31 viviendas a medio construir en Villafranca de los Barros.
