El gobierno de Coalición y los desalojos rápidos en la Ley de la Vivienda

Las formaciones políticas que sostienen al gobierno del PSOE-UP (ERC y EH Bildu entre ellas) siempre dicen que lo hacen por el menosmalismo, es decir para que no gobierne la derecha. Como si el partido que impuso el 135, apoyó el 155, mantiene intacta la ley Mordaza y también la Reforma Laboral con pequeños cambios, apoya intentos de golpes de estado y a neonazis, destina a grandes empresas, Bancos, la OTAN… ingentes cantidades de dinero que niega a la clase trabajadora (por poner sólo unos ejemplos), pudiera ser un partido de izquierdas.

 Quienes defienden el carácter de izquierdas del PSOE y de su gobierno, junto a Unidas Podemos, saben que mienten. En el estado español ahora mismo se está gobernando para la defensa de los intereses de las élites económicas, al igual que si gobernara la derecha; nunca ha dejado de hacerlo.

 Cuando anuncian a bombo y platillo alguna medida con tintes «progres», luego no la desarrollan, como pasó con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que a día de hoy sólo se lo han concedido a una mínima cantidad de personas.

 En el asunto de los desahucios y desalojos sucede que el PSOE quiere aprobar una ley que permite desalojar espacios ocupados en 48 horas sin juicio previo. Quienes se beneficiarán de esto, son los Bancos, los fondos buitres y los grandes propietarios, puesto que ocupaciones de viviendas de particulares prácticamente no existen, sobrre todo en Extremadura, salvo casos muy excepcionales que han sido pregonados con la máxima difusión  para hacer ver a la opinión pública algo que no existe.

 Para sectores de la clase obrera, muy castigados y deprimidos por la inflación, que popularmente se considera el impuesto a los pobres, en una inmensa mayoría no pueden acceder a viviendas de alquiler por carecer de medios económicos o a viviendas sociales que no hay porque el poder político no ha querido construirlas con el fin de promocionar y favorecer el negocio de la construcción para las empresas privadas, una vez más siente negados sus derechos sociales y políticos, le reservan la pobreza más humillante y cruda.

 Aquí en Extremadura el gobierno regional pasa de buscar una solución que acabe con este tipo de problemas, las viviendas sociales no se construyen o lo hacen a cuenta gotas y la única medida que se adopta son las ayudas de alquiler que por la burocracia que contienen niegan el acceso a ella de muchas familias.

 La particularidad que ahora se quiere aprobar en la Ley de la Vivienda sería la más grave que se adopta en los últimos años contra un hecho, la legítima ocupación, que se produce ante la necesidad desesperada de vivir en la calle como seres sin derechos de ningún tipo, peor que los animales. No obsttante, el gobierno de coalición quiere proteger la propiedad privada de las entidades financieras, de los fondos de inversión y de los grandes propietarios.

No entendemos la actitud de los partidos políticos que se llaman de izquierdas ante esta medida que se quiere aprobar en la Ley de la Vivienda. Lo que está claro es que si se quieren evitar todo tipo de ocupaciones sería necesario que el gobierno central actuara para que las administraciones regionales y locales dispusieran de bancos de viviendas para ceder en alquiler social a las familias que las necesitaran. De este modo, se cumplirían las normas que con tanto enfasis se defienden por quienes gobiernan, como es el caso del derecho a la vivienda, art. 47 de la Constitución Española.