lunes, 20 de junio de 2022

Golpe de mano contra las pensiones públicas

 

El gobierno de Coalición con aprobación de los planes privados de empresas da un golpe de mano a las pensiones públicas y las pone en manos de los bancos, fondos de inversión y mutuas.

 

El 9 de junio el Congreso de los Diputados aprobó la ley de Impulso a los Planes de Pensiones de Empleo que viene a ser la segunda parte de la reforma de las pensiones.

La Ley se aprobó sin la más mínima publicidad en los medios de comunicación, con urgencia y aprovechando que toda la atención pública estaba centrada en los problemas gasísticos con Argelia.

La Ley aprobada con la participación mayoritaria de los votos de los diputados de los partidos que integran el gobierno de coalición, salvo unas 20 excepciones, es una de las leyes más regresiva contra la clase trabajadora, que tendrá un impacto muy negativo a largo plazo sobre la sociedad española; viene a ser una dura contrarreforma de las pensiones.

Como siempre la Ley se justifica en que no hay dinero para mantener las pensiones públicas, lo cual es una mentira como muchos expertos han demostrado y ponen de manifiesto.

Como siempre para venderlo a la opinión pública se siguen los mecanismos de los presagios autocumplidos: que consisten en que al no aportar dinero para una actividad pública esa actividad es un fracaso, no funciona, y hay que cerrarla o cambiarla.

En síntesis, la ley contempla:

1.- que en los convenios sectoriales de empresa se acordará de manera obligatoria, por ley, el desvío de unos porcentajes de las cotizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras hacía unos fondos privados de pensiones que serán controlados por Bancos, Fondos de inversión y Mutuas.

Estas entidades especularán y manejarán libremente estas cantidades de dinero procedentes de las cotizaciones sociales en los mercados de valores. El Estado no garantizará este dinero en caso de que por cualquier circunstancia se evapore en los negocios inversionistas, como muy bien se establece en el artículo 52.2 de la reciente ley aprobada. Es decir, el Estado no se hace responsable de que tengan una rentabilidad económica o de que desaparezcan, no garantiza su uso ni su destino.

La COESPE ya ha anunciado que seguirá luchando contra esta ley, y considera de un verdadero escándalo las cantidades que pueden ir destinadas a los fondos privados de pensiones que serán de unos 14.000 millones de euros cada año.

2.- Los trabajadores y trabajadoras que no tengan convenios sectoriales que por lo general son los que tienen ingresos más débiles no participarán de estos fondos de pensiones y tendrán la pensión que les corresponda que lógicamente será de miseria al verse muy disminuida la Bolsa Común de la Seguridad Social por la extracción del porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras procedentes de los convenios sectoriales.

3.- Seguirán existiendo los fondos de pensiones privados de carácter voluntario como hasta ahora. Estos fondos de pensiones no han tenido una aceptación generalizada por el mundo del trabajo, pero se seguirán manteniendo para el que quiera.

 El sistema de reparto que funciona como la bolsa común al que van a parar todas las cotizaciones sociales y  garantiza las pensiones para el conjunto de la población se va al garate. El sistema de capitalización aparece en escena y se cuela por el hueco aprobado por el gobierno de coalición PSOE-UP.  El sistema de capitalización conduce a un aumento de las desigualdades sociales puesto que tendrán buenas pensiones los trabajadores que ganen más y los que tengan ocupaciones de menos ingresos percibirán pensiones menores.

Este sistema está promovido por la Unión Europea que como organización al servicio de las clases dirigentes ordena sus directivas a los países que la integran con el objetivo de generar buenos beneficios a los grandes monopolios y fondos de inversión.

Las experiencias del sistema de capitalización nos llegan después de que fue introducido por el gobierno de Pinochet y extendidas a gran parte de los países latinoamericanos en un momento en el que las ideas liberales de Reagan y Thatcher atacaban a la clase obrera, refrendadas por las teorías económicas de los Chicagos Boys. Después de decenas de años las pensiones en Chile son de miserias y se suceden frecuentemente movilizaciones obreras para tratar de modificar el sistema.

Nuevamente las clases trabajadoras tendrán que movilizarse para cambiar unas leyes que las dividen, fragmentando su unidad y su fuerza, y generando un incremento de las desigualdades sociales.

 

 

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