El
impacto de las medidas que está tomando el imperialismo yanqui y la OTAN contra
Rusia se están volviendo contra los países europeos. Las subidas de los precios
de los productos y los recortes de importaciones y exportaciones están
perjudicando notablemente a los trabajadores y trabajadoras, agricultores,
industriales, etc.
Los
precios de algunos productos como es el caso de la electricidad, el gas y el
petróleo no son controlables por el gobierno a pesar de las autorizaciones a
España y Portugal por la Unión europea para que puedan establecer unos precios
inferiores al margen del resto de países europeos. Sin embargo, esto no llega a
la realidad económica pues como ya ha señalado la ministra de Transición
Energética y el Reto Demográfico no es posible controlar el precio del gas
debido a la influencia de factores atmosféricos como el calor.
Los
problemas económicos se alargan, afectando cada vez a más sectores de la
burguesía que no pueden producir ni incluso realizar el valor de los bienes y
servicios. Solo algunas fracciones de la oligarquía están enriqueciéndose aún
más de lo que ya están especulando con precios con los que saquean a la
población. Hablemos de las grandes petroleras y empresas de hidrocarburos,
eléctricas, entidades bancarias que en plena conjunción hunden en la miseria a
toda clase de trabajadores, autónomos y pequeñas empresas regionales que van de
mal en peor.
En
el caso de las personas y familias que reciben ayudas sociales las cosas se
complican mucho más pues las cantidades que perciben son irrisorias e incapaces
de hacer frente a las necesidades de la vida. Para sacarlos del pozo de la
precariedad es urgente que el Estado y los gobiernos regionales actualicen las
ayudas sociales con cantidades que permitan compensar todas las subidas de
precios y combatan la pobreza y la exclusión social.
Además,
las burocracias y obstáculos administrativos que hay que superar para que los
diferentes aparatos del Estado concedan ciertas ayudas sociales como el Ingreso
Mínimo Vital o la renta extremeña garantizada (renta básica extremeña) son
tales, que determinan que muy pocas familias en situación de pobreza puedan
acceder a ellas.
Las
administraciones públicas tienen en cuenta para la concesión del IMV y la renta
de extremeña garantizada los ingresos que perciben las personas o unidades
familiares, sin tener en cuenta que no es lo que entra sino lo que sale, es
decir, que no basta con valorar los ingresos que se tienen sino que hay que
considerar los gastos que de manera obligada hay que realizar para vivir, como
pagar alquiler de la vivienda, alimentación, medicinas, luz, agua, gas,
hipotecas, materiales escolares, etc..
Tal y como están exigiendo movimientos sociales, entre ellos los de
pensionistas como la COESPE, es preciso que el Estado Español y el conjunto de
las administraciones autonómicas actualicen todo el conjunto de las ayudas
sociales, subsidios, prestaciones no contributivas, pensiones de diferentes
características, para que no estén por debajo del umbral de la pobreza, de
acuerdo a lo que exige una vida digna y tal y como lo establecen los convenios
europeos firmados por el gobierno español de cantidades nunca inferiores a los
1200 euros.
Este
estado de cosas no cambia las políticas del gobierno central, el denominado
“más progresista de la historia”, ni tampoco las del gobierno del PSOE
extremeño. Ahora, ante la agudización de la situción económica se tomarán
algunas medidas para dar muestras de sensibilidad social pero que no alcanzan a
cambiar nada, sólo actos propagandísticos para engañar y distraer a la
población que se diluirán con el paso del tiempo.
Las
políticas privatizadoras al servicio de las pocas familias que controlan el
dinero y la riqueza del país van a seguir. Así, la “ley de equidad,
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” mantiene las normas
privatizadoras pero introduciéndolas en la propia Ley General de Sanidad en su
artículo 47, y conservando plenamente el artículo 67 que mantiene la atención
primaria a traves de hospitales privados, etc..
La
aprobación de la segunda reforma de las pensiones pone cantidades
enormes de dinero procedente de las cotizaciones sociales en manos de las
entidades bancarias y fondos de inversión que crearán más desigualdades
sociales entre los pensionistas.
El
gobierno de Pedro Sánchez va a seguir promocionando activamente con muchos
millones de euros a las empresas de matanzas humanas tal y como les exigen los
mandos imperialistas norteamericanos y la OTAN. Estos se van a reunir en Madrid
a finales de junio para reorganizar todas sus estrategias y materiales
armamentísticos de destrucción masiva.
La guerra es el mecanismo para salir de las
crisis que siempre han manejado y
manejan las grandes potencias capitalistas, ahora los EE.UU, gracias a
potenciar su industria militar y extender los mercados para la venta de gas y
petróleo, y en general para hacer buenos negocios. En la reorganización de los
ejércitos y fuerzas militares se van a emplear miles de millones de euros que
se van a detraer de la producción de bienes y servicios con la consiguiente
repercusión en la vida de la inmensa mayoría de la población europea y mundial.
La
población de países occidentales como Italia y Alemania comienzan a dar
muestras de disconformidad con todo lo que está pasando. La gente sale a la
calle para protestar contra la inflación generalizada provocada por las
decisiones de los dirigentes políticos obsesionados con cumplir y seguir los
pasos que les marcan los neonazis de la OTAN y del poder imperialista
norteamericano. La muy probable declaración del estado de emergencia en Italia
por la inflación y el alto desempleo comienza a sobrevolar las cabezas de los
políticos que ponen en duda el seguimiento de las estrategias de la OTAN,
herramienta para la guerra al servicio de los norteamericanos.
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