El
régimen y sus publicistas más notables, como la delegada del gobierno, no
ocultan a pesar de sus explicaciones que el ingreso mínimo vital es un total
fracaso.
Nos quieren hacer ver que se protege a las familias más humildes con los 460 euros que de media están llegando, afirmación que hay que precisar, puesto que hay personas y familias que está cobrando 40, 50 o 100 euros a consecuencia de la normativa que se aplica para el cálculo de esta ayuda social. El computo se realiza teniendo en cuenta la media mensual se ingresó en el año anterior que se resta a lo que le corresponda en este año 2021. Es decir, si me corresponden 600 euros y la media del año anterior era de 500 me corresponden 100. Es una vergüenza.
Con las cantidades del ingreso mínimo
vital ni mucho menos se resuelve el elevado porcentaje de pobreza infantil tan
presente en las diferentes localidades extremeñas.
Además
de las insuficiencias o deficiencia documentales, hay otros factores, algunos
difíciles de entender, que se están teniendo en cuenta para la denegación de
esta ayuda social, como valoraciones patrimoniales y/o asignaciones de
calificaciones empresariales a personas que no tienen el más mínimo patrimonio,
ni tienen para comer.
La delegada del gobierno
desconoce que la pobreza, la precariedad laboral o el desempleo, circunstancias
con una elevada presencia en nuestra Comunidad Autónoma, tienen la culpa de que
bajo un mismo techo habiten varias unidades de convivencia, con libros de
familias diferentes, a los que se les deniega el ingreso mínimo vital o la
renta básica extremeña.
Con toda la hipocresía y
cinismo del mundo, la Señora Delegada del Gobierno de España en Extremadura
demuestra que no tiene el más mínimo conocimiento de cómo viven las familias
más humildes de esta Comunidad, y de qué modo con 460 euros se puede hacer frente
a las necesidades más inmediatas, que se multiplican y engordan en el caso de
una familia con niños pequeños. Es una vergüenza el desprecio a los sectores
sociales más pobres que está realizando el PSOE y sus gobiernos, procurando el
mínimo gasto social.
Campamento Dignidad y la
sociedad en general valoramos con aprecio y respeto el trabajo y la
responsabilidad de los empleados públicos. La delegada del gobierno, de manera
muy torpe, trata de quitarse el muerto de encima y hace recaer la eficacia y la
rapidez de la gestión en los empleados públicos. De este modo, pretende ocultar
sus responsabilidades como dirigente del gobierno, implicada en todo el
laberinto de lentas y numerosas formalidades burocráticas por la que se regula
el ingreso mínimo vital.
El problema de que las cosas
no lleguen con rapidez o deban llegar más rápido de lo que llegan, depende de
los políticos que gobiernan las instituciones que no sólo reducen los recursos
humanos (trabajadores y trabajadoras) sino que imponen normas tan farragosas y
con tantos inconvenientes que retrasan las gestiones y las resoluciones.
Desde Campamento Dignidad
exigimos y reclamamos algunas medidas muy concretas del Gobierno para lograr el
bienestar y la dignidad de las personas, y que de una vez se acabe el desprecio
y el olvido a los más humildes.
1.- Las ayudas sociales deben
alcanzar como mínimo lo que marca la Carta Social Europea firmada por España la
cantidad de unos 730 euros/mes por persona, incrementándose con cantidades
complementarias en caso de unidades de convivencia más amplias. La Comunidad
Autónoma debe incrementar las ayudas sociales hasta este nivel necesario para
vivir dignamente.
2.- Aplicar el ingreso mínimo
vital o la renta básica extremeña a las diferentes unidades de convivencia que
habiten bajo el mismo techo.
3.- Prohibición absoluta de
los desahucios a las personas o familias sin alternativa habitacional, y la
concesión de viviendas sociales o regularización de las mismas en alquiler
social a todas las personas que por la más absoluta necesidad viven en
ocupación.
4.-La exigencia a todos los
Municipios para el empadronamiento obligatorio a todas las personas o familias
sin distinción de ningún tipo, dado que es un elemento vital para acceder a una
ayuda social.
5.- Prohibición absoluta de
los cortes de luz y agua a las familias vulnerables, la luz y el agua deben ser
considerados derechos humanos como la vivienda; debiendo facilitar el pago de
la misma bien con los Mínimos Vitales, bonos sociales con bonificaciones suficientes
fraccionamientos.
6.- Incrementar los recursos
humanos y destinar personal específico para atender las tramitaciones y reclamaciones
sobre el ingreso mínimo vital en las oficinas de la Seguridad Social.
