PABLO HASEL Y EL CÓDIGO PENAL

 <No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo>>

(Atribuido a Voltaire)

Puede ser muy chungo, un gran incordio, y hasta criticable de parte, pero de ninguna forma algo que merezca persecución penal o sanción económica. El pensamiento no delinque, tampoco expresarlo con mayor o menor vehemencia, sea cual fuese la forma de hacerlo. Lo peligroso viene de quienes quieren encarnar la verdad, toda la verdad y nada más que su verdad. Un código penal solo debe perseguir acciones ciertas que causen daño físico real o perjuicio manifiesto a otras personas. No amparar procesos inquisitoriales ni caza de brujas. Como acaba de ocurrir aquí con la condena a nueve meses de cárcel al rapero Pablo Hasél por <<enaltecimiento del terrorismo>> e <<injurias a la corona>>.

Si eso se generalizara no existiría más creación humana (escénica, literaria, pictórica, incluso científica) que las que contaran con las bendiciones del poder (político, económico, religioso, etc.). Un bostezo inconmensurable que serviría de excusa para todo tipo de tropelías y sandeces. Sócrates fue condenado por la democracia griega por <<delito de impiedad>> y <<pervertir a la juventud>>. Galileo tuvo que retractarse de aquella manera (…y sin embargo se mueve) ante los terraplanistas que consideraban blasfemia el heliocentrismo.  Y el artista Santiago Sierra estuvo a un telediario de ser linchado por exponer en ARCO un ninot gigante de Felipe IV obligado por contrato a arder al año de su adquisición, en alegórica referencia a la fatuidad de la monarquía

Aquí no hay una Primera Enmienda intocable como en Estados Unidos. Por el contrario lo que tenemos es un Código Penal (CP) que criminaliza <<ofensas>> que el sistema dominante considera acogidas a sagrado: individuos, instituciones, símbolos o calcomanias  Un CP conocido como <<de la democracia>> porque fue la primera reforma de calado que buscaba dejar atrás los rastros del franquismo en la legislación punitiva. Lo trajinó el PSOE de la mano Santiago Belloch, una de las estrellas de Justicia Democrática (JD) antes de asumir la doble cartera de Justicia e Interior. Lógicamente, el ministro oxímoron produjo un texto que, aun mejorando notablemente lo existente en muchos aspectos, no dejó de traslucir en su articulado los vicios de una transición política fruto del consenso entre tardofranquistas y constitucionalistas. En especial en lo referente al blindaje a divinis de la Corona como expresión de los nuevos tiempos. Hablamos de los artículos 490 y 491 del CP vigente que han servido de base legal para condenar a Hasél. Dicen así:

Art.490,3: <<El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son>>

Art.491, 1. <<Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses>>.

Art. 490,2: <<Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona>>.

Estas regalías  siguen rigiendo después de que el gobierno socialista lo aprobara ahora 26 largos años, sin que nadie haya movido un dedo para derogarlas. Porque, siendo ya grave que entonces se mantuvieran esos preceptos de estirpe casi teocrática, lo peor es que la reforma emprendida con los honores de <<democrática>> incluso aumentó y extendió esas prerrogativas al árbol genealógico de la dinastía reinante. Lo denunciaba el catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat en la nota introductoria al nuevo código penal, llegando a calificar lo hecho como  de intento de <<adulación a la familia real>>.

Decía el profesor Gimbernat: <<El honor de los ministros, autoridades, funcionarios públicos o agentes de la autoridad, en un Estado democrático de derecho, no tiene un valor superior al que corresponde a los simples ciudadanos, por lo que, desde el punto de vista del principio de igualdad, es simplemente una cuestión de coherencia que en el nuevo código penal desaparezcan los desacatos. Pero estas mismas consideraciones deberían haber llevado a suprimir, para que se rigieran igualmente por las reglas generales de la calumnia y de injuria, otras figuras delictivas que en cambio se mantienen […] en lugar de ello, la protección privilegiada del honor se amplía […] alcanzando –en contra, incluso, de la tradición jurídica española , y por unas razones que la Exposición de Motivos no ha querido explicar- nada menos que a todos los ascendientes y descendientes del Rey, así como a la Reina consorte y al consorte de la Reina, lo que no deja de introducir la impresión de que todo ello obedece a una encubierta adulación a la familia real>>.  Para concluir: <<Dentro de este contexto, es de lamentar también que permanezca el delito de origen franquista de los ultrajes a España, a sus simbolo y a sus emblemas (art.543)>>.

¿Súbditos o ciudadanos?

SOBRE LAS FORMAS DE VIOLENCIA

 

1.- INTRODUCCIÓN

Antes de comentar algunas generalizaciones acerca de la violencia en general, me gustaría comenzar denunciando la violencia laboral que por múltiples motivos sufren las clases trabajadoras. Y la necesidad de su reorganización sindical para disponer de un instrumento, de una herramienta sindical poderosa que las agrupe y, dote de la fuerza suficiente para impedir que los derechos laborales sean totalmente arrebatados y entrar en un descenso a los infiernos de la explotación y la producción de plusvalía.

 

 En este caso concreto, comento la violencia laboral o como se quiera considerar que sufre un amigo personal que trabajando en el ayuntamiento en los planes AEPSA, en las calles, sufre un accidente laboral con manifestaciones físicas contundentes en sus brazos; acude a la Mutua en Almendralejo, después de haber pasado reconocimiento médico en Zafra en dónde se le conoce un desgarramiento muscular de tercer grado agudo. La médica de la Mutua de Almendralejo no reconoce el accidente laboral y no le da la baja a pesar de que los informes médicos, los signos externos y las repercusiones físicas del accidente en la movilidad de su cuerpo son visibles.

 

La justificación que usa la médica de Zafra para no considerar las repercusiones del accidente y no darle la baja laboral es agarrarse a que esta persona tuvo un ictus en el año 1988, hace más de 30 años. Vergonzoso de a dónde están llegando las condiciones laborales y sanitarias con las que se valora a la clase obrera.

 

2.- EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El periodista Sergi Picazo recogió un informe del Center for Media Pluralism and Media Freedom, centro de investigación y formación sobre pluralismo informativo cofinanciada por la Unión Europea. En el mismo, se revela que un altísimo porcentaje de las audiencias de radio y televisión en el Estado español dependen de un número reducido de grandes grupos mediáticos.

 

 Así, en el ámbito televisivo, los dos grandes conglomerados privados –Mediaset y Atresmedia– controlan audiencia e ingresos por publicidad.  En el caso de la radio, el informe indica que son el grupo Prisa (Cadena SER), la Iglesia católica (COPE), Planeta (Onda Cero) y el grupo Godó (RAC1) quienes deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española, y controlan el 97% del mercado.

  

El mercado de los medios de comunicación se caracteriza por un predominio de la televisión, que atrae alrededor del 40% del total de la inversión publicitaria del país. La televisión sigue siendo la fuente dominante de información (88%), seguida por Internet (68%), la radio (60%) y los periódicos (28%) (AIMC, 2016).

 

 Estos medios pertenecen a grandes corporaciones, cuyos propietarios son públicamente conocidos, y no son otros que poderosos fondos de inversión americanos, las grandes multinacionales de la energía y la comunicación, entidades financieras y otras grandes empresas de las que cotizan en la bolsa, y con estrechas conexiones en los diferentes aparatos del Estado.

 

 3.- LOS OTROS TIPOS DE VIOLENCIAS ESTRUCTURALES

En estas fechas, en las que con tanta frecuencia los grandes medios de comunicación abren los telediarios presentando los disturbios que están ocurriendo en las ciudades españolas, provocados por jóvenes que queman contenedores y se enfrentan a las fuerzas de seguridad, conviene referirnos a la violencia de la que no se habla o que se intenta mantener en la más absoluta oscuridad informativa, y que sale a cuentagotas escapando por las rendijas de los informativos que diariamente miramos y escuchamos.

 

 Cuando tratamos de violencia y represión conviene recordar algunas de las reflexiones de MALCOM X que afirmaba que los medios de comunicación harán que confundas al opresor como al oprimido y al oprimido como el opresor, deformando él origen y la raíz de lo que sucede y ocultando las vejaciones que generan los poderes institucionales.

 

 Hay una violencia estructural permanente, intrínseca e indispensable que el Estado capitalista necesita para asegurar su articulación y abastecer del combustible que requiere su normal funcionamiento y reproducción. Es una agresión connatural al sistema que se ceba marginando y extrañando a amplias capas de la población, y especialmente a la juventud.

  

4.- LOS MEDIOS DE COERCIÓN Y CONVENCIMIENTO SOCIAL

Los dueños de la riqueza y de los grandes medios de producción necesitan de los aparatos del Estado y el gobierno para impedir y dar un escarmiento a quien muestre rebeldía o manifieste algún signo o iniciativa que denuncie o inquiete la marginación y el extrañamiento, y al mismo tiempo, para que sirva de ejemplo a la sociedad que el orden de las cosas es inamovible. 

  

El régimen monárquico, la estabilidad y los privilegios de las élites económicas no se mantienen sólo con la fuerza de la coerción, necesitan del poder espiritual, del convencimiento social o lo que es lo mismo, de la aceptación pasiva de sus ideas. La propiedad de las grandes cadenas televisivas y los famosos tertulianos les dan la suficiente cobertura mediática. Como señalaba Marx: “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual”.  De tal manera, que se da la paradoja de que quienes sufren la explotación laboral son los más acérrimos defensores del sistema y de la clase social que los explota, para conseguir ese dominio social los capitalistas son grandes expertos y disponen de gente muy preparada.

 

 Pocas veces, las televisiones inician los telediarios o las sesiones informativas presentando la crueldad silenciosa que padece una juventud, por ejemplo como la extremeña, sin perspectivas de futuro, sin alternativas laborales, que prevé que en un corto espacio de tiempo para buscar un puesto de trabajo sufrirá el desarraigo de su tierra y de su familia, de sus amigos de toda la vida; o la violencia que sufren las personas y familias con problemas de viviendas; o los trabajadores/as en trabajos precarios, mal pagados y explotadas sin compasión; o aquellas familias que reciben pensiones no contributivas de miseria, ayudas sociales raquíticas y subsidios en la más absoluta precariedad que no les llega para hacer frente a los gastos mínimos y en muchos casos con la única esperanza de recoger una bolsa de alimentos para sobrevivir unos días; o quienes sufren los retrasos de asistencia porque el sistema sanitario público carece de recursos humanos y materiales. En definitiva, una violencia social que algunos se encargan de mantenerla oculta y  hacerla aceptable por la sociedad.