Corrupción desde el Estado. El próximo juicio al expolicía Villarejo no es sino la punta del iceberg. ESPACIO INDEPENDIENTE

 

Espacioindependiente nº 388, jueves 7 de enero, 2021 

Los principales responsables políticos del régimen debaten en estos días el “reforzamiento de la calidad democrática” de la Monarquía. 

La fuga negociada -al más alto nivel- del que fuera durante cuatro décadas jefe del Estado ha traído a la política española una potente señal de alarma que divide de arriba abajo a toda la sociedad. De una parte, se pretende de la mano del gobierno y de los partidos franquista ir, ahora, a la reforma de los poderes y privilegios de la Corona, para así prolongar su existencia; de otra parte, se plantea la necesaria abolición por las Cortes Generales de la Monarquía como institución antidemocrática, como heredera de la dictadura y de la impunidad de sus crímenes contra la humanidad.

La corrupción franquista de Estado ha sido una de las claves del periodo político que ahora muestra su total agotamiento. La celebración de la Pascua Militar del día de ayer es, después de décadas, un acontecimiento marcado por las formas y contenidos del franquismo, por muy vinculados a la OTAN, y a países de tradición democrática, que se encuentren sus altos mandos. 

Habiéndose conocido tremendas amenazas de muerte contra la población civil por parte de colectivos de militares de alta graduación, la prensa resalta el hecho contradictorio de que el único expulsado por vulnerar el supuesto deber de neutralidad política del Ejército ha sido un cabo que firmó un manifiesto contra la figura militar de Franco, cuando se organizó como ceremonia de Estado el traslado de sus restos del Valle de los Caídos.

El asunto Villarejo que, en los próximos días comenzará a juzgarse en la Audiencia Nacional, concita la atención pública en tanto que ha destapado parte de la inmensa trama de policías, espías, empresarios, y altos cargos de los diferentes gobiernos y partidos de todos los colores…, moviéndose con absoluta impunidad en el fango de la delincuencia y de la corrupción de Estado durante décadas.

El enorme archivo de grabaciones, llamadas, reuniones, entrevistas…, de la red Villarejo es una verdadera versión de las relaciones viciadas de quienes detentan y/o colaboran con el poder político y económico, tal y como existe: en crisis y descomposición. 

Se trata de un comisario de policía al que los gobiernos del PSOE y del PP han llenado de medallas policiales. Protegido, defendido e impulsado desde las instituciones, hasta que en 2016 se le abrieron investigaciones fiscales, siguiendo la pista de millones de euros escondidos en paraísos fiscales. Su defensa alega que Villarejo fue en sus acciones “una parte de la estructura del Estado”, “que ayudó a los partidos políticos, a los gobiernos, en las misiones que le fueron encargadas como agente encubierto”. 

Son muchas las reflexiones políticas que se han realizado acerca de las cloacas del Estado que representa el caso de la red Villarejo; entre otras, cabe señalar la de Diego Muro, profesor de la Universidad St. Andrews (Escocia); quien se vino a preguntar si las actividades del comisario Villarejo son “evidencia de que hay un ‘Estado profundo’ que gobierna desde las sombras”.

Ese “Estado profundo” trató de evitar por todos los medios -como hoy trata de impedir- que se puedan analizar la situación de crisis en sede institucional y se juzguen en sede judicial los delitos conocidos, bloqueando que se conociesen las informaciones relacionadas con la jefatura del Estado. Ésta era una bala que los Villarejo guardaban en la recamara para evitar la intervención directa del CNI, que podría mantener su impunidad. Mas la información se fue filtrando a partir de las grabaciones realizadas a Corinna, que ponían al descubierto las finanzas y corruptelas de todo tipo para defenderse del acoso. Y ese fue su error…

La filtración de los audios de la empresaria alemana, vinculada al Rey emérito, se convirtió en la gota que desbordó el vaso, abriendo una brecha en la trama policial y de complicidades a todos los niveles, que no ha dejado de ensancharse. El juicio, por muy escandaloso que resulte respecto de los asuntos oficiales y del Estado, no dejará de ser sino la punta del iceberg, que descubre los modos franquistas y mafiosos que afectan a los mismos cimientos del Estado. 

El caos político, económico e institucional que reflejan los informes de la red policial de Villarejo se presenta por los medios oficiales como “un chantaje al Estado”, cuando en realidad es la expresión de un chantaje permanente del Estado a toda la sociedad civil.

El juicio a la trama policial es inminente, ya que Villarejo va a cumplir cuatro años en cárcel preventiva y, si no se le juzga, se le debería poner en libertad. Los casos y piezas no han hecho sino multiplicarse, de forma que habrá juicios y juicios para rato. De los papeles de Villarejo y su red, tanto privada como oficial, se deduce que la política y la administración pública en general están sometidas a una alta corrupción política, en tanto que se carece de los controles democráticos necesarios. 

En la calle se tiene una alta percepción de la corrupción política, que tiene razones históricas y de desconfianza hacia las instituciones no democráticas en el poder. Lo que lleva a una profunda desconfianza en todos los políticos y en el sistema político en general, como autores o cómplices necesarios de la corrupción general.

¿En qué ha quedado el fortalecimiento de los “valores republicanos?, Idelfonso Gómez

                                                      IDELFONSO GÓMEZ
Los valores republicanos no pueden ser entendidos de otra forma que la de contribuir a gobernar a favor de la cosa pública, de lo común a todos los ciudadanos; resolviendo, por tanto, las graves privatizaciones que afectan a la sanidad, la educación, los transportes, el suelo…, y ahora amenazan al sistema público de pensiones. 

Los valores republicanos tienen su relato más contradictorio en el sostén y apoyo a la monarquía heredera del franquismo que, realiza el gobierno de Sánchez, en tanto que basa su gestión en la colaboración directa con la privatizada jefatura del Estado, en manos de una familia aristocrática de millonarios que heredan dicha jefatura, y que, establecen todo tipo de privilegios situándose por encima de la ley, sin control democrático alguno. 

Manteniendo el pacto constitucional del 78, como se pretende, se niega todo cambio político e institucional, cuando el cambio político es la aspiración de la inmensa mayoría social.

El gobierno y el Rey comparten que la monarquía no está cuestionada, ocultando su falta de legitimidad que, deviene de sus orígenes franquistas, y su total falta de legalidad democrática. 

El gobierno se divide a la hora de impedir que las Cortes puedan investigar sobre la situación, o que el pueblo se pueda pronunciar acerca y respecto de quienes ostenta el poder del Estado ; sobre sus privilegios y corruptelas. 

Felipe VI, en su discurso habla de que “la ética esta por encima de las consideraciones familiares”, sin hacer referencia a las corruptelas de su padre que, se han desarrollado desde cuando este era titular de la Corona ;introduciendo la crisis de la institución en un limbo político y jurídico, que no es otro que el de la impunidad, que le hace ser una institución erigida contra la voluntad popular, sostenida por encima de la ley. 

 Un discurso- el real- que el mismo gobierno supervisa mediante control directo de la presidencia del Gobierno. Más allá del mismo discurso pactado entre la Zarzuela y la Moncloa está la división gubernamental sobre el asunto entre los partidos que lo componen, y ello-también- en torno a la propuesta de” ley de la Corona”. 

Simancas, secretario general del grupo socialista en el Congreso salió al paso del debate para abortarlo: “Nosotros creemos que la Corona está perfectamente regulada en la Constitución. La Jefatura del Estado es una institución básica en el funcionamiento de nuestra democracia. Lo que tenemos que hacer es dejar a la Corona al margen de la controversia política

 

La palabra clave de la política monárquica de los dirigentes del PSOE y del Gobierno, en nuestros días no es otra que “renovación”, renovación de la Corona, en tanto que confían en que el Rey “siga adelante con la renovación de la institución”; cuando la única renovación democrática de la monarquía posible, no es sino la proclamación de la república. 

El abandono de la lucha contra la explotación y la opresión, el abandono de la lucha por la democracia y las reivindicaciones sociales que ha caracterizado a los gobiernos del PSOE, como sostén principal de la monarquía, tal y como sucedió con F. González, con Zapatero y ahora con Sánchez…, plantea la necesidad de un partido fundado en la independencia política de los trabajadores: un partido socialista republicano, partidario de la libre autodeterminación de los pueblos y, de la expropiación de los grandes capitales.

LA CONTRAREFORMA DE LAS PENSIONES, de José Espinosa

 

JOSÉ ESPINOSA

El fondo de recuperación de los 140.000 millones que la UE se propone entregar al reino de España, debe ir destinado en principio, a combatir la recesión económica con inversiones empresariales destinadas a la creación de proyectos verdes y digitales, como inversiones inscritas en la Agenda 2030, pero a nadie se le esconde que la todopoderosa Unión Europea condiciona dichas ayudas a la “reforma” de las pensiones y del mismo mercado laboral, empezando por la negativa de que suba el salario mínimo interprofesional. 

Oponiéndose de plano a la derogación de las contrarreformas sociales del 2010 y 2014, tanto del PSOE, como del PP que, el Gobierno de Sánchez había prometido eliminar desde la formación de gobierno. 

Hay que aclarar que pese al retroceso económico y social que supone la crisis del coronavirus, aún por establecer de forma definitiva por la prolongación de la pandemia, quienes se han opuesto a los planes de ajuste de otros momentos no ha conseguido la suspensión definitiva del pacto de estabilidad europeo, por lo que más pronto que tarde la deuda pública y los ajustes contra los trabajadores volverán a aparecer en el dictado de Bruselas contra los países miembros.

 Poniendo condiciones a sus Presupuestos, y a su Deuda pública Recordaremos que el febrero de 2019, el Parlamento Europeo y los Estados miembros aprobaron los planes de pensiones privados como producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP). 

Medida tendente a fortalecer la Unión de Mercados de Capital, como plan privado, voluntario de ahorro para la jubilación, complementario de los sistemas de pensiones públicas, y privadas existentes en cada país. 

Plan entendido como un primer paso para que los proveedores de pensiones personales (Bancos y Grandes empresas de Seguros) puedan vender el PEPP en toda la UE. 

Los planes de pensiones privadas vienen de lejos, aunque sin mucho éxito por parte de sus promotores, sobre todo por su falta de rentabilidad real. Desde 1989 tanto CCOO como UGT vienen ofreciendo a sus afiliados un sistema de ahorro privado denominado “Plan de Pensiones Asociado”, favorecido con beneficios fiscales. 

En el año 2016 se constituye una GESTORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES entre las siguientes entidades privadas: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anónima, con el 60% del capital; Unión General de Trabajadores de España, con el 20% del capital, y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con el 20% del capital. Gestora con sede social en la Calle Azul, Ciudad del BBVA en Madrid, que maneja activos en la actualidad de más de 30 millones de euros. 

La existencia y actividad de dicha Gestora de Fondos es la prueba de la práctica de que los dirigentes de CCOO y UGT apuestan por hacer negocio con las pensiones privadas y no por defender el sistema público de pensiones.

 La posición de los dirigentes de los principales partidos que se reclaman de los derechos y conquistas de los trabajadores viene a ser muy parecida. La Ejecutiva del PSOE goza del privilegio de un plan privado de pensiones para todos sus miembros. De ello da cuenta el consenso permanente establecido con las derechas a través del Pacto de Toledo, donde acaban de lograr un acuerdo para imponer una contrarreforma social de amplio alcance. 

Y ello mediante 20 puntos básicos, donde se establece, entre otras cuestiones, un falso déficit de la Seguridad Social, cuando en realidad se ha echado mano reiteradamente por parte de diferentes gobiernos, tanto a los fondos como a los bienes de dicha entidad por un importe superior a 500.000 millones de euros. 

Y la apuesta oficial del Pacto de Toledo por las pensiones privadas y de empresa. Y, es en el ámbito de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, expuso los planes de contrarreforma social del gobierno, tendentes a endurecer las jubilaciones anticipadas, a desplazar ciertos beneficios fiscales que hoy tienen los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva. 

Con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, sin adecuarlas a las necesidades de una mayoría de pensionistas, en particular las pensiones de viudedad que siguen en su mayoría muy por debajo de los mil euros. Y ello cuando se reclaman pensiones mínimas y un salario mínimo de 1200 euros para todos. 

La contrarreforma social y los privilegios para los burgueses constituyen el sello de las políticas del gobierno de coalición, pongamos como ejemplo el Decreto Anti desahucios aprobado, por el que se compensa a los grandes propietarios de inmuebles con más dinero del que dejan de ganar.