Toca derogar leyes injustas. ¡Ruptura con el dictado de la UE y las instituciones franquistas!

 

Asuntos de primera mano, que atañen a la gobernabilidad o no del país, han venido a acumularse sobre la mesa del Consejo de Ministros. Aún sin haber salido  del todo de la situación en la que nos sumergió la pandemia, se han amontonado sobre el mundo oficial de la Corte cuestiones muy diversas, que van desde la Ley de la Vivienda, a la tramitación de Ley de Memoria Democrática, y a la cuestión de cuestiones que está en todos los debates, que son los mismos Presupuestos Generales del Estado, y lo relativo a la derogación o no de la leyes de contrarreforma social, sin olvidar la misma “Ley mordaza” que conculca -desde hace años- derechos fundamentales.

Después de haberse comprometido el actual Gobierno en la derogación de dichas leyes, ahora se prepara un descarado giro basado en aquello de “donde dije digo” hace tres años, ahora vengo y “digo Diego”.

Veamos: los beneficios del capital parasitario han salido reforzados del coronavirus, contribuyendo a la crisis económica derivada del parón productivo y de la consiguiente dislocación de los principales elementos que hacen al caso la globalización. Las grandes fortunas han aumentado su riqueza, oficialmente, hasta 153.575 millones de euros, un 17% más que en 2020. El capital de las empresas cotizadas ascendió en 40.405 millones de euros… Las rentas del trabajo, por el contrario, no han hecho sino retroceder, multiplicando la precariedad y el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos. ¿Dónde está el “escudo social”?

Durante tres años se ha prometido la derogación de leyes contrarias a derechos y libertades. Mas cuando llega la hora de hacerlo, se retuercen las palabras para negar la evidencia, sustituyendo derogación por modificación y/o modernización, en base a un nuevo texto sometido a las medidas de contrarreforma social (pactadas ya con la Unión Europea a cambio de los 140.000 millones de los grandes capitalistas europeos), pretendiendo -como última ocurrencia- hacer depender el contenido de la ley de los futuros acuerdos de la mesa de Pacto Social permanente, donde la CEOE tiene bula. El juego de trileros está al descubierto, y donde se decía derogación, es decir, anulación de una norma establecida como ley, se sustituye por “reforma”, esto es, por la introducción de algunos cambios que mantendrían lo esencial. Solo se reforma aquello que se pretende mantener; y lo que se busca preservar no es otra cosa que medidas de contrarreforma social que afectan a las conquistas sociales.

La fórmula de la “reforma que nada cambia” se ha establecido, creando confusión y desconcierto. La cuestión de si somos súbditos o soberanos está planteada ya al inicio de la mayor crisis política y económica que hemos conocido.

 Las asociaciones en defensa de la vivienda decían recientemente, en relación con la propuesta pactada por el Gobierno como nueva ley, que en nada se parece a una ley, en la medida que con ella no se pretende resolver ninguno de los problemas fundamentales: la vivienda sigue secuestrada por los rentistas, especuladores y fondos buitres internacionales como un negocio, para impedir una ley que entienda la vivienda como un bien social y público a proteger. Lo mismo podemos decir en relación con los Presupuestos Generales del Estado que benefician, de nuevo, a los sectores más privilegiados, pero no protegen los servicios públicos esenciales. Agitan la espada de Damocles de la privatización de todo lo público, del curso especulativo que representan los altos precios de la energía eléctrica, y del gas, encareciéndose los suministros principales para las familias en una fase económica generalizada de estancamiento e inflación.

  Proyectos de ley como el de la Memoria Democrática no pretenden cambiar nada. Su contenido antidemocrático se pone en evidencia todos los días. Cuando el exsecretario general de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, se ve en la necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pidiendo justicia por las torturas que sufrió en comisaría, es porque el Tribunal Constitucional le ha negado su petición de amparo (con la oposición, por primera vez, de tres magistrados de dicho tribunal), vulnerándose el derecho de tutela judicial efectiva. Los privilegios de la inmunidad y la impunidad, establecidos por el franquismo y prolongados por el régimen de la monarquía, se imponen por el poder a los derechos de defensa y al propio Derecho Internacional. ¿De qué Estado de derecho nos hablan entonces?

El derecho internacional prohíbe de forma clave las leyes de amnistía, si estas favorecen la impunidad y si operan como un verdadero límite al principio de jurisdicción universal como en aquellos supuestos en los que un Estado -como es el caso español- se ve ante la solicitud de extradición por otro Estado de una persona acusada de la comisión de crímenes internacionales, y ello en el supuesto de que dichos crímenes hubieran sido amnistiados, como es el caso. De forma, que la detención de Martín Villa, y el mismo cumplimiento de su condena si la hubiere, no depende, por ello, del juzgado argentino, sino del gobierno español y de su negativa a acabar con las leyes que establecen la total impunidad, como es el caso de la ley de Amnistía.

Las transformaciones sociales que exige la mayoría solo pueden llegar de la mano de la movilización por un movimiento republicano de los trabajadores y pueblos, de sus organizaciones, sindicatos y partidos. Romper con el dictado de la Unión Europea y con los privilegios franquistas, como exigencia a los dirigentes de los partidos y sindicatos, se constituye en la clave de la posibilidad de una salida política de democracia y justicia. La República debe ser una exigencia de presente.