Ley de
Amnistía de 1977, niega la posibilidad de que las víctimas o sus familiares
puedan acudir a la justicia en España, y también impide la extradición de
posibles imputados fuera de España como el caso de Martín Villa.
Ley de Amnistía,
ha sido elevada a doctrina tanto por el Tribunal Supremo como por el mismo Tribunal
Constitucional. Después de 81 años de fin de la guerra y 42 años de la muerte
del dictador, no se puede volver a impedir el necesario juicio político que
condene en Cortes el franquismo y sus crímenes.
El gobierno del Sr Sánchez no tiene
intenciones de impedir las manifestaciones públicas de instituciones a favor
del franquismo. Hace unos días los obispos de la Conferencia Episcopal, que han
registrado para la Iglesia miles de bienes inmuebles (solares, fincas y
edificios históricos que son propiedad del Estado), vuelven a autorizar las
misas de la Fundación Nacional Francisco Franco, del Movimiento Católico
Español y otras entidades, que actúan y se financian con la cooperación de entidades
estatales. Misas para homenajear al dictador, mientras se mantiene financiada
por el Estado. De forma que han sido programadas once misas en distintas
ciudades “en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por
Dios y por España” ¿Franquismo o democracia?
La Concatedral San Nicolás de Alicante
ha decidido desconvocar la misa fascista al ser avisados por las autoridades de
la Comunidad Valenciana de que pueden ser multados, en virtud de la Ley de esta
Comunidad, por tratarse de un acto contrario a la Memoria Democrática y a la
dignidad de las víctimas del franquismo y sus familiares. También se ha dirigido
a todos los ayuntamientos para pedir que se evite cualquier tipo de acto de
exaltación franquista en sus respectivos municipios. Lo que pone de manifiesto que
con muy pocos medios se puede anular la exaltación del franquismo y del nazismo.
¿Qué hace entonces el gobierno del Sr. Sánchez que no impide la exaltación del
franquismo?
El 14 de noviembre,
partidos con representación parlamentaria se reunían para oponerse firmemente
al proyecto de ley del Gobierno, rechazando el mantenimiento de la impunidad de
los crímenes del franquismo. Representantes de ERC, Bildu, BNG, J x Cat, PDeCAT
y la CUP, presentaron un paquete de enmiendas conjuntas entre las que cabe
destacar la necesidad de juicio político al régimen de la monarquía:
1- La supresión del título de Rey de
España, así como todos los privilegios de que disfruta, prerrogativas
personales y familiares; ya que la restauración de la monarquía en España tiene
su origen en la dictadura franquista, concretamente y a efectos legales en la
Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, en virtud de la cual el
Estado Español volvía a ser un reino, y el dictador propondría a las Cortes la
persona que estime debe ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey.
Fue en 1969, cuando
el dictador nombró a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de “Príncipe
de España”, pasando en 1975 a ocupar como Rey la Jefatura del Estado. Manifestando
“Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad surgida el 18 e julio de 1936, en
medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios,
para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino” ¿Es este el origen
de la supuesta democracia?
2- La modificación de la Ley de Amnistía
de 1977, suprimiendo los apartados que exoneran de culpa y responsabilidad a
las autoridades y funcionarios del Estado. Añadiendo que “las disposiciones
contenidas en esta Ley de Amnistía no impedirán que los juzgados y tribunales
investiguen, enjuicien o impongan las penas correspondientes a las personas
responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de
guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.
3- Devolución de todos los bienes
incautados a los Ateneos, Cooperativas y Asociaciones, de todos los que fueron
incluidos en la ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical
Acumulado, y por la ley 4/1998 de Restauración o Compensación a los Partidos
Políticos de Bienes y Derechos incautados en el periodo 1936-39.
Entre las alegaciones populares presentadas por muchos colectivos de la Memoria y de víctimas contra el proyecto del Gobierno, cabe destacar a última hora la Carta dirigida a los parlamentarios de Unidas Podemos reclamado “la Tutela Judicial efectiva de las víctimas, la ilegalidad del franquismo y la legalidad de la Segunda República…. y el pleno Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo, declarando nula la Ley de Amnistía”. Pero los electos están sometidos a disciplina contraria a la democracia.
El proyecto del Gobierno está afectado del mal que condiciona todos sus actos: que no quiere romper sus compromisos con los franquistas, ni derogar sus leyes. Del mismo modo que no deroga la ley mordaza ni las contrarreformas sociales, ahora pretende mantener la impunidad. Sus enmiendas de última hora son la inútil la cuadratura del círculo, buscando una fórmula para sortear la Ley de Amnistía, como parte esencial de los pactos constitucionales con los franquistas.
PSOE Y UNIDAS PODEMOS, TORPEDEAN
SU PROPIA LEY.
Por ello, el 16 de noviembre, dos días
después de los acuerdos del bloque republicano exigiendo la supresión del
título del Rey de España y demás medidas aquí sintetizadas, PSOE y Unidas
Podemos, presentan treintena enmiendas conjuntas a su propio proyecto de ley, manteniendo
las leyes y compromisos con los franquistas, de una parte, y, de otra, hablan
de “garantizar el derecho a la justicia”. Se trata, una vez más, del imposible
físico de sorber y soplar al mismo tiempo.
LOS TRIBUNALES SERÁN LOS QUE
DECIDAN.
Lo
que queda de todo ello -si no se corrige- es un texto confuso y contradictorio;
un batiburrillo que pone el balón de la impunidad en el tejado de los
tribunales franquistas para que sean ellos, en última instancia, los que
decidan, a fin de utilizar a posteriori el recurso fácil de culpar de todos los
males a los jueces franquistas. Se busca con ello salvar los muebles y la
corrupción de la Monarquía por un tiempo más.
FRANSQUISMO
Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES.
La huelga
general de los metalúrgicos de la Bahía de Cádiz, las movilizaciones de los
ganaderos gallegos, las protestas contra la privatización de las pensiones y la
sanidad… devuelven a la realidad política la lucha por las reivindicaciones y
demandas democráticas frente a las políticas de miseria social en beneficio de
los franquistas de siempre. Las falsas promesas no sirven. Franquismo y
democracia siguen siendo incompatibles; de la misma manera que la impunidad del
régimen de la Monarquía es incompatible con la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas del franquismo. La lucha contra la impunidad y por
la República continúa en nuevas con
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