Los vetos a la ley del Gobierno proceden del PP y VOX, mientras
que los contenidos de la ley que se somete a debate, conculca el 100% de lo
establecido por el derecho internacional y consuetudinario sobre las víctimas
de crímenes de lesa humanidad.
La propuesta gubernamental -que representa las posiciones de
la coalición política del PSOE y de Unidas Podemos sobre la Memoria Histórica y
el derecho de víctimas- se acabó de cocinar el pasado mes de julio, siendo
coordinada y dirigida por Carmen Calvo, quien fue ministra de Zapatero y
exvicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez.
La vicepresidenta destituida es el personaje devaluado que
representa la propuesta. La nueva Ley de Memoria es muy similar en sus
contenidos a la que ya existe.
El derecho internacional establecido a partir de los juicios
de Nuremberg y Tokio funda los principios de verdad, justicia y reparación,
para tratar los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad. El
texto del gobierno se niega a calificar la naturaleza de los crímenes del
franquismo como “crímenes de lesa humanidad”, y por ello no contempla, en caso
alguno, establecer los principios de la verdad, la justicia y la reparación, como
así han establecido todos los organismos internacionales que defienden los
derechos humanos, con la necesaria retirada de todo tipo de honores y
distinciones oficiales a los autores de estos crímenes, que mantiene el
gobierno. Por eso es justo señalar que ley de Sánchez es continuadora de todas
las tropelías del régimen desde 1936 hasta nuestros días.
El texto del Gobierno no anula las sentencias de los
tribunales que juzgaron a los republicanos españoles y a todas las personas y
organizaciones de todas las tendencias del movimiento obrero democrático,
manteniendo la supuesta legalidad del régimen franquista, negando la justicia y
la democracia. Avala así las sentencias de los tribunales y lo establecido por
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El Gobierno niega cualquier posibilidad de que las víctimas
o sus familiares, o los partidos, sindicatos, puedan presentar ante los
tribunales reclamaciones, ni de investigación, ni de justicia, ni de
reparación. Y, por tanto, tampoco reclamaciones patrimoniales; legalizando así
la represión franquista y el saqueo de todo tipo de bienes, públicos y
privados, como supuesta legalidad democrática.
Lo que el Gobierno pretende con su nueva ley es un “brindis
al sol”, que se reduce a ofrecer un diploma de persona reprimida en sus
derechos, es decir, un papel mojado que ofende una vez más a las víctimas y a
sus familiares. Y eso, ochenta y dos años después del fin de la guerra y
revolución española, y cuarenta y tres años después de la mal llamada
“democracia española”.
Las demandas de las víctimas no pueden sino mantenerse en la
necesaria aplicación del derecho internacional surgido de la derrota del
nazismo y del fascismo. Y no aceptan que, de una u otra forma, por intereses
partidistas o de disfrute de las prebendas propias del gobierno en el marco de
la Monarquía heredera del franquismo, se niegue una vez más la Verdad, la
Justicia y la Reparación. Principios de justicia internacional que supone, en
la práctica, la necesaria derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de todas
las leyes y sentencias contra las libertades y derechos políticos dictadas por
un régimen ilegal e ilegítimo.
La discusión y negociación del contenido de dicha ley ha
comenzado ya. Los diputados y senadores, todos los partidos y/o coaliciones
electorales, deben ser respetuosos con las reivindicaciones de las víctimas del
franquismo y sus familias, sin permitir que se vuelva a imponer, por tercera
vez en este periodo político -tal y como sucedió con la ley de Amnistía y con
la de Memoria de Zapatero-, la legalidad e impunidad de los crímenes del
franquismo, para sostén y mantenimiento del régimen corrupto y clientelar de la
Monarquía. El rechazo a la negación de la justicia para las víctimas debe poder
expresarse en la movilización del próximo día 16 ante las Cortes, en defensa de
todo lo público y frente a los planes de continuismo monárquico
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