El que fuera diputado
de Podemos por Canarias, Alberto Rodríguez, ha sido condenado por supuesta
agresión a un policía en una manifestación del año 2014. Los videos sobre el
incidente demuestran que dicha agresión nunca existió.
La aplicación de la “ley mordaza”, para la que
basta el testimonio del acusador sin más pruebas (si este es funcionario), permite
la condena. Ley contra los derechos democráticos que el Gobierno de coalición
se comprometió a derogar nada más constituirse. Pero, igual que ha sucedido con
otras leyes -y en concreto con las de contrarreforma social-, todas ellas siguen
vigentes.
El Tribunal Supremo
condena a Alberto a una pena de 45 días de cárcel sustituibles con una multa.
La sentencia no le condena a pena alguna de inhabilitación para cargo público.
La sentencia llega con celeridad a la mesa del Congreso, y los letrados de la Cámara
entienden que la pena ya está cumplida con el pago de la multa, y que no
procede en derecho, de acuerdo con la sentencia, la pérdida del escaño por el
diputado. El Supremo insiste ante la mesa del Congreso exigiendo el
cumplimiento de la condena y su presidenta, la “socialista” Meritxell Batet,
pide aclaraciones a la Sala Segunda del tribunal, lo que en sí mismo es
improcedente, ya que la sentencia ya estaba dictada y no se podía desconocer
por nadie su contenido real. El Supremo contesta de nuevo, sin mayor
aclaración, exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia, procediendo
entonces la presidenta de la Cámara, de forma caciquil y antidemocrática, a la inmediata
expulsión del diputado Alberto Rodríguez.
Los hechos relatados
son contundentes, y ponen de manifiesto la podredumbre del sistema político y
judicial de la llamada “democracia española”, poniendo de relieve que las
cloacas del Estado se han impuesto una vez más, inundándolo todo para establecer
un Estado cloaca. Descubre de este modo las graves deficiencias democráticas,
por sometimiento a los poderes fácticos, de los mismos partidos y sindicatos
que se reclaman de los derechos y aspiraciones de los trabajadores.
Las reacciones a la
cacicada antidemocrática de la presidenta de Cortes han sido múltiples. El partido
afectado directamente, Podemos, anuncia una querella contra la presidenta del
Congreso, Batet; lo que se comunica mediante nota de prensa: “Presentaremos
una querella contra Meritxell Batet por prevaricación”. Querella que nunca
se presentó por desacuerdo entre los ministros de Unidas Podemos, y entonces
Podemos se envainó directamente la querella. Yolanda Díaz, fue señalada,
entonces, como artífice principal de la oposición a la defensa del diputado
canario. La ministra estrella de la colaboración de clases trató de dar
carpetazo al asunto: “debemos bajar la tensión en el país. Si el Sr.
Rodríguez ya ha decidido que va a defenderse, respetémoslo y dejemos de generar
más ruido”. Mientras que la ministra, Ione Belarra, vino a llamar
prevaricador al Tribunal Supremo, entendiendo que ha llegado la hora de
oponerse de alguna manera a la deriva a la que les lleva el fiel cumplimiento
del dictado político y jurídico de los personajes más vinculados al régimen.
Asistimos, de esta manera, a dos formas
diametralmente opuestas de entender los acontecimientos, que no podrán convivir
mucho tiempo en las misma coalición política
y en el mismo Gobierno. El “yolandismo” (puesto en boga por los medios
de comunicación política) comienza a descubrir sus armas, que hasta ahora eran
las del pacto social permanente contra los derechos de los trabajadores y de
los sindicatos; pero que, con el caso del exdiputado, Alberto Rodríguez, pone
de relieve que la posición política más en general de la ministra de Trabajo está
vinculada a la normalización de los golpes antidemocráticos del régimen contra
la voluntad popular. O lo que es lo mismo: ¡todo por un sillón en el Consejo de
Ministros!
De forma y manera que,
por el interés de mantenerse a todo precio en el gobierno, se abandona la
defensa colectiva del diputado expulsado de forma ilegal del Congreso. Alberto
Rodríguez, se ve solo ante una decisión contraria a derecho y a la democracia
más elemental. Es entonces cuando toma dos decisiones: la primera, proceder en
su nombre y derecho a su legítima defensa, cambiando para ello los abogados de
Podemos que le representaban por los que defienden a Puigdemont; y anunciando,
paso seguido, su separación de Podemos como militante. Al final, Alberto
Rodríguez, decide recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, renunciando a una
posible querella contra la presidenta de las Cortes. La Asociación contra la
corrupción en favor de la acción pública (ACODAP), en su recurso contra la
expulsión de Rodríguez del Congreso, reclama la detención inmediata del juez
Marchena del Tribunal Supremo.
La división del
Gobierno y de los partidos que lo sostienen solo viene a favorecer al régimen y
a su impune continuidad en el poder para disfrute indefinido de todos sus
privilegios. Cuando se pisotea tan claramente la voluntad popular, sin ningún
tipo de resistencia organizada, solo pueden ganar las expresiones más
reaccionarias de la sociedad, abriendo camino a la posible mayoría del PP y Vox,
que esperan el fracaso del gobierno y sus políticas.
El caos político del
gobierno de coalición y de los partidos que lo componen tiene un origen
evidente; y éste es el que produce la sumisión directa, que practican y
teorizan, respecto a los poderes de hecho de las instituciones del régimen de
la monarquía. Mientras, en las calles, los defensores del derecho a la
vivienda, los que tratan de impedir la privatización de las pensiones, los
sectores que reclaman verdad, justicia y reparación contra los crímenes del
franquismo y muchos otros se ven abandonados a su suerte por los dirigentes de
los sindicatos y partidos que se reclaman de los derechos de los trabajadores. La
búsqueda desesperada de una salida política a la situación es un hecho incontrovertible.
Esta salida política imprescindible es la que puede y debe reagrupar a la
mayoría, una salida política e institucional que será colectiva o no será, ya
que ningún movimiento por sí mismo será capaz de romper el muro de los
privilegios que impiden la democracia y la justicia, manteniéndose, por ello,
la descomposición del franquismo a partir de las políticas de pacto y
colaboración.
Las reivindicaciones en juego exigen la
ruptura con los dictados de la Unión Europea y con las instituciones del
régimen; y no el vasallaje sobre el que se sitúa la actuación del Gobierno. Frente
a la división que conlleva la sumisión a los poderes de hecho, reclamamos la
unidad de los trabajadores y sus organizaciones, la alianza de trabajadores y
pueblos por la conquista de la soberanía de todos.
La defensa política
de Alberto Rodríguez, del diputado canario expulsado ilegalmente de las Cortes
por decisión de la presidenta de la Cámara, que pasa por exigir en primer
término la recuperación inmediata de sus
escaño, debe vincularse al bloque de demandas sociales y democráticas que
aspiran al cambio político e institucional, y cuyo eje político es el de la
ruptura con el régimen de la monarquía, demandando a las Cortes referéndum Monarquía/República,
por el libre ejercicio del derecho a decidir de todos.
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