El 18 de julio de
1936 aún no se ha cerrado como periodo de los crímenes del franquismo contra la
paz de la Segunda República, de la guerra civil y la dictadura, de la monarquía.
Crímenes contra la humanidad, que los gobiernos -sean del color que sean- han
hecho todo lo posible para que se mantengan totalmente impunes. Pretensión de
impunidad que domina totalmente el anteproyecto de ley del Gobierno de
coalición que van a enviar a Cortes en plenas vacaciones de verano.
Para la aprobación de
dicha ley de olvido e impunidad, el Gobierno, además de contar con Unidas
Podemos, con quienes comparte proyecto de gobierno, necesita del apoyo de otras
fuerzas políticas, como es el caso de ERC y Bildu. Portavoces de ambas
formaciones han manifestado que no aprobarán dicha ley “tal como está”, en
tanto que la nueva Ley de Memoria sigue negando la justicia para todas las
víctimas, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal
para los crímenes del franquismo. Entienden que la redacción actual de la norma
“se queda corta, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada,
excluyente y no inclusiva, por la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales
franquista. Para el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel
Rufián, en la ley que se pretende aprobar por parte del Gobierno “falta el
reconocimiento de que el régimen y las sentencias fueron ilegales, y que esto
comporta una anulación efectiva de lo que dictaminaron los tribunales”, así
como la necesaria derogación de la Ley de Amnistía que “equipara asesinos
franquistas con víctimas republicanas”. Rufián ha dado en el clavo: lo que
se pretende con la Ley de Memoria de Sánchez no es sino la continuidad de la
legalidad del franquismo y de sus crímenes.
La represión, los
pactos contra natura izquierda-derecha desde los Pactos de la Moncloa y el
olvido oficial de los hechos principales, ha impedido que la mayoría social
conozca nuestra historia más reciente y, en particular, lo acaecido en la
guerra y revolución española que acaba en forma de contrarrevolución fascista
después de tres años de guerra civil.
Sirva como ejemplo una de las principales
masacres cometidas en la guerra, que fue ejecutada en la carreta de Málaga a
Almería a primeros de febrero de 1937, y comenzó con la llegada a la provincia
de Málaga de las tropas nacionales de Queipo de Llano.
Miles y miles de personas, la mayoría formada
por civiles, mujeres, niños y ancianos…, salieron huyendo de Málaga y de los
pueblos cercanos a la llegada de las tropas, temerosos de las matanzas y
saqueos que venían haciendo éstas, y abarrotaron durante varios días en su
huida la carretera, de unos 200 Kilómetros, que discurre próxima al mar.
El golpe militar del
18 de julio de 1936 había sido derrotado en Málaga, así como en la inmensa
mayoría de las grandes ciudades y núcleos importantes de población. Piquetes
obreros convertidos en milicias armadas -con las pocas armas que consiguieron asaltando
los cuartes y comisarías- se hicieron con el control de la ciudad. A mediados
del mes de enero el general Queipo de Llano estableció un operativo para
invadir con su ejército de ocupación la provincia de Málaga, entrando por
Marbella, Alhama y cercanías. El miedo a los crímenes masivos, las violaciones
y saqueos, que las tropas fascistas cometían en todas partes donde llegaban,
provocó la salida masiva de población civil hacia Málaga, la llamada “Desbandá”.
Las tropas franquistas estaban formadas fundamentalmente por unidades
coloniales, reforzadas en tierra por nueve batallones de camisas negras
italianos, compuestos por unos 10.000 hombres bien armados. Acorazados
italianos, alemanes y aviones de bombardeo combinaban la agresión…
El ataque a la ciudad
de Málaga comienza el 6 de febrero de 1937 y es ocupada de forma definitiva el
día 8. Desde el primer día, los responsables de resistir llaman a la población
desarmada a evacuar la ciudad en medio del pánico consiguiente. La riada de
civiles revueltos con milicianos (que abandonan sus posiciones defensivas ante
la desidia de sus jefes) inundaron la citada carretera que une las dos ciudades
andaluzas durante varios días. A falta de datos fiables, ya que siempre se ha
ocultado la verdad, decenas de miles de personas -que pueden ser más de 200.000-
se lanzaron a la precipitada huida (el mismo Quiepo de Llano hablaba de 250.000
personas). La caravana interminable de refugiados fue atacada por tierra, mar y
aire, por tropas alemanas, italianas y franquistas. ¡Ninguno de ellas ha pagado
por sus crímenes!
La llegada de los
fascistas a Málaga supuso una auténtica orgía de sangre, calculándose en 8.000
las personas que fueron fusiladas y amontonadas en fosas comunes. Solo en el
cementerio de San Rafael de la ciudad se han contabilizado con nombre y
apellidos 6.100 personas en fosas comunes. El número de asesinados y heridos en
la carretera ha sido hasta ahora imposible de calcular en la medida en que a
ningún gobierno, ni de la dictadura, ni de la monarquía, le ha interesado
investigar acerca de los crímenes cometidos en la que, desde entonces, se la
conoce como la “carretera de la muerte”. Muchos cuerpos de víctimas mortales fueron
arrojados al mar y otros se encuentran aún sin descubrir en multitud de
improvisadas fosas comunes.
La “Desbandá”
constituye uno de los peores y más masivos crímenes de guerra de las tropas
franquistas, italianas y alemanas contra la población civil; crímenes de lesa
humanidad perpetrados entre los días 7 y el 12 de febrero de 1937. Crímenes similares
se cometieron con gran intensidad por toda la geografía hispana, debiendo
destacar los bombardeos contra la población civil de Madrid, Barcelona,
Alicante, Jaén, Guernica…
El 18 de julio no
evoca otra cosa que la represión criminal, como la “Desbandá”, los bombardeos
de las grandes ciudades y pueblos resistentes (simbolizado en el Guernica de
Picasso). Los fusilamientos al amanecer en las tapias de los cementerios de
toda la geografía, el exilio, la cárcel, la tortura y muerte para cientos de
miles de españoles. Por ello, la única condena valida del 18 de julio y del
franquismo es su ilegalización como régimen criminal. Ningún gobierno que se
reclame democrático puede basar su gobierno en la defensa de la impunidad del
franquismo, en la impunidad de ayer y de hoy.
A todos los diputados
que se reclamen de los derechos de los trabajadores y pueblos les llamamos a
que se opongan con todas sus fuerzas a la ley de impunidad de la Memoria del
Gobierno, a fin de impedir su aprobación tal como esta planteada: Que la
mayoría en Cortes rompa sus ataduras con el franquismo y condene de verdad el
franquismo con su ilegalización, así como de sus leyes, sentencias y condenas…
La barbarie
franquista no puede quedar impune con una nueva “ley de punto y final”. Los
consensos para gobernar en beneficio de los grandes capitalistas del Ibex 35 y
los señores de Bruselas se basan en la impunidad como política totalmente
contraria a la democracia y a la justicia más elemental. ¡No hay Memoria Histórica
sin ilegalización del franquismo, ni Memoria Democrática sin Verdad, Justicia y
Reparación!
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