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1.- NUEVAS MOVILIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS PENSIONISTAS
CONTRA EL ACUERDO DE LA PATRONAL, SINDICATOS OFICIALES Y EL GOBIERNO
Nuevamente se llama a la movilización de las plataformas de
pensionistas ante la firma de los acuerdos de Pacto Social entre la patronal y
la cúpula de los sindicatos oficiales CCOO, y UGT, pacto auspiciado por el
Ministerio de Trabajo y el gobierno, quienes se guían por las contrarreformas
dictadas por la UE, a cambio de recibir los préstamos de reconstrucción
empresarial.
El único beneficiario de las medidas acordadas es la banca,
el sistema bancario, que se beneficia de los planes privados de pensiones a
través de los convenios de empresa acordados por la burocracia sindical.
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2.- PAGA QUIEN CONTAMINA
La recuperación económica que preparó RAJOY y el PP se hizo a
base de abaratar costes patronales, reducir derechos laborales y salarios,
precarización laboral a espuertas, reducción de servicios públicos en sanidad,
educación, dependencia con tal de favorecer la hostelería y el turismo.
Las subidas en los productos básicos altamente necesarios
para la vida diaria como los alimentos, luz, agua, gasoil, etc. que han dejado
atrás el salario mínimo que cobran millones de españoles. Las subidas en muchos
casos son especulativas y en el caso de la luz un verdadero robo que Calviño y
Teresa Ribera están amparando.
Un servicio básico no puede gestionarse desde las instancias
de poder como un bien de lujo, con el ministro Garzón como convidado de piedra,
impasible ante lo que está ocurriendo, y frenando la subida a base de reducir
impuestos.
La descarbonización en la que están de lleno los países
occidentales no puede hacerse a base de la factura eléctrica, siendo la mayoría
de las familias españolas las que tienen que pagar este proceso teniendo en
cuenta que su contribución a la producción de contaminación es la mínima
posible por su baja capacidad de gasto, y en muchos casos carecen de vehículos
propios. El pago de la contaminación debe hacerse sobre el principio de que
quien “contamina paga”. Una familia vulnerable o un pensionista con su baja
capacidad de consumo poco puede contaminar. Una parte importante de la factura
de la luz, lo que es la huella del carbón, unos 6000 millones de euros se los
reparten empresas eléctricas, banca y la hacienda pública.
Las grandes empresas consumidoras tienen capacidad y
competencias para negociar directamente con las empresas suministradoras al
objeto de reducir el precio del Kwh. El tarifazo de la luz está hundiendo a
pequeñas empresas, cerrando pequeños comercios, a personas que son trabajadoras
y trabajadores autónomas, agricultores y agricultoras. Las empresas eléctricas
y la banca son el mayor cáncer del país.
El gobierno trata de salir al paso ante el saqueo que están
haciendo las compañías eléctricas, con medidas que no beneficiarán a la
población. Nos están engañando y manipulando con la bajada del 10 % del
impuesto. La bajada de la factura de la luz por la reducción de este porcentaje
del impuesto significa que el ESTADO va a ingresar menos recursos públicos que
se valoran por los expertos y técnicos de la agencia tributaria en unos 2.000
millones de euros. Este recorte presupuestario va a recaer y a quien más va a perjudicar
es a las clases sociales que utilizan los servicios públicos de la sanidad,
educación, dependencia, etc. es decir las clases trabajadoras. No van a reducirse
los ingresos de las empresas eléctricas, al contrario, estas aprovecharán el
tirón de que quedan más medios monetarios en manos de la población para seguir subiendo
un poco más el precio de la luz.
La producción, distribución y comercialización de la energía
eléctrica tiene que ser pública, y mientras se inicia ese proceso proponemos
que para los pequeños usuarios, familias vulnerables y pequeñas empresas se
establezcan precios asequibles por bloques de consumo que sean favorables a estos
sectores sociales. Por otro lado, es preciso hacer un serio esfuerzo por las
energías alternativas y limpias. El control estatal de la economía, la
regulación de los precios y las tarifas y la no privatización con la
recuperación de servicios públicos deben ser los elementos que orienten las
políticas públicas en materia de energía eléctrica.
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