En estas notas venimos a recoger las reflexiones e ideas de
importantes estudiosos y de personas normales y corrientes que sufren las
consecuencias de una normativa muy insuficiente para aclarar la verdad y
reponer la justicia.
Hace unas semanas el Colectivo que trabaja sobre la memoria
histórica realizó un análisis y una valoración sobre el anteproyecto de ley que
en su día presentó el gobierno. El colectivo memorialista señalo que la normativa,
aunque mejoraba la anterior, no alteraba las estructuras básicas sobre las que
se mantenía la posición de impunidad que tiene el Estado Español sobre la
concepción de la memoria histórica.
En definitiva, la normativa quiere asegurar que los pilares
en los que se asienta la Monarquía Española son intocables. Por la experiencia
de lo que viene sucediendo con la Ley Mordaza, el Código Penal y otras acciones
judiciales se pone bastante difícil el que nadie quiera cantar las tropelías
cometidas por el Borbón Emérito o denunciar la monarquía borbónica. A pesar de
todo, nuestros gobernantes aseguran que estamos en una democracia plena.
Hay cuestiones que se mantienen intangibles después de los
muchos años transcurridos. El espíritu de la legalidad, de lo que se dice y se
hace, debe ser tal que impida un avance real en la claridad y transparencia de
lo sucedido. Los vencedores del golpe de
Estado con el apoyo de los gobiernos han impuesto e imponen el relato y el
desempeño institucional que oculta e impide que se conozca la verdad de lo
sucedido.
A pesar de la ocultación que se realiza en las narrativas
oficiales relacionadas con la memoria no podemos dejar de lado el papel
importantísimo que tuvo la Iglesia Católica. Esta organización aportó ideología
y medios materiales al golpe de Estado, en la guerra civil y en la dictadura
franquista. En clara alianza con el poder dio contenido a toda la narrativa del
régimen para enterrar y camuflar los hechos trágicos de aquella crueldad
fascista en la que participó, obteniendo importantes recompensas materiales y
espirituales como resultado del apoyo prestado.
La profundización democrática exige un conocimiento de lo
ocurrido y con la nueva ley, se duda de que dé opción a ello. En diferentes
ocasiones, relevantes y expertos investigadores y articulistas han puesto de
relieve que la memoria exige conocer a las personas asesinadas y torturadas, pero
también a quienes fueron los torturadores y asesinos, las empresas y los dueños
de estas que se enriquecieron con el trabajo esclavo de los prisioneros republicanos,
y quienes de manera impune se quedaron con las propiedades de muchas familias
republicanas o contrarias al golpe de estado.
Según ponen de relieve importantes juristas y estudiosos del
tema se han rechazado y archivado por los tribunales de justicia españoles las
cientos y cientos de denuncias que se han puesto en los juzgados sobre desmanes
cometidos en aquellas fechas amparándose en la Ley de Amnistía y en el Código
Penal, lo que pone de manifiesto la debilidad de la ley y la actitud ante la
misma de la magistratura española. Tampoco se tienen en cuenta las normas
internacionales con las que juzgan los crímenes de la humanidad, como hemos
visto recientemente.
Ahora, el Informe del Consejo General del Poder Judicial viene
a ser un nuevo jarro de agua fría para quienes esperaban dar pasos importantes
para avanzar en la memoria histórica. El dictamen del Consejo General del Poder
Judicial considera que la apología del franquismo, aunque vaya contra los
valores que caracterizan la Constitución Española, forma parte de la libertad
de expresión; de lo que se deduce el reconocimiento explícito a que las
Fundaciones Franquistas no pueden ser ilegalizadas. También, insiste en que la
Ley de Amnistía viene a impedir todas las investigaciones penales sobre los
hechos ocurridos en la guerra civil y en la dictadura.
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