Según conocemos no hay entendimiento en una serie de
cuestiones importantes entre los dos partidos del gobierno. El PSOE se niega a
que la ley recoja una serie de cuestiones relacionadas con la eliminación
permanente de los desahucios sin alternativa habitacional, estos pueden crecer
de manera importante una vez que finalicen las medidas excepcionales relacionadas
con la pandemia impuestas por el gobierno, la puesta en alquiler social de un
buen número de viviendas vacías en manos de entidades financieras , la cesión
en alquiler social de un porcentaje de las viviendas de los grandes poseedores
y las limitaciones a los precios de alquiler.
La
cuestión es que en la Comunidad Extremeña sube el número de personas y/o
familias agobiadas física y psíquicamente por las dificultades habitacionales
derivadas de sus exiguos medios económicas o la total carencia de los mismos,
que se sienten abandonadas y ninguneadas por las Administraciones Públicas que
permanecen impasibles haciendo la vista ciega y el oído sordo ante este tipo de
problemas
En este orden de cosas, nos siguen
llegando denuncias de familias de Talayuela, Mérida, Badajoz, Cáceres,
Villafranca, etc. con serios problemas de viviendas y desesperadas por un
futuro que las Administraciones Públicas, Ayuntamientos y Junta Extremadura
deben reparar con extrema urgencia.
Desde Campamento Dignidad
consideramos que la Junta de Extremadura tiene que dar remedio urgente a muchos
de estos casos verdaderamente dramáticos, ampliando el parque de viviendas
públicas con pisos vacíos de los bancos y de otras administraciones,
finalizando las viviendas a medio construir y dando solución a la paralización
que algunos ayuntamientos imponen en la concesión de viviendas públicas de su
localidad.
La Junta de Extremadura tiene que actuar en las 31 viviendas en Villafranca
de los Barros que esperan eternamente a su finalización, obligar al ayuntamiento a que se concedan las
decenas de ellas en Talayuela que no sabemos porqué motivos están paralizadas, intervenir
en los 262 pisos de los Álamos en Mérida, resolver de una vez las 90 en el
antiguo edificio de la Guardia Civil en Badajoz que llevan esperando un tiempo
infinito hasta que las dos administraciones públicas implicadas, Junta y
Ministerio Interior, negocien qué hacer
con ellas, y así en otras localidades de Extremadura.
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