El fondo de recuperación de los 140.000 millones que la UE se propone entregar al reino de España, debe ir destinado en principio, a combatir la recesión económica con inversiones empresariales destinadas a la creación de proyectos verdes y digitales, como inversiones inscritas en la Agenda 2030, pero a nadie se le esconde que la todopoderosa Unión Europea condiciona dichas ayudas a la “reforma” de las pensiones y del mismo mercado laboral, empezando por la negativa de que suba el salario mínimo interprofesional.
Oponiéndose de plano a la derogación de las contrarreformas sociales del 2010 y 2014, tanto del PSOE, como del PP que, el Gobierno de Sánchez había prometido eliminar desde la formación de gobierno.
Hay que aclarar que pese al retroceso económico y social que supone la crisis del coronavirus, aún por establecer de forma definitiva por la prolongación de la pandemia, quienes se han opuesto a los planes de ajuste de otros momentos no ha conseguido la suspensión definitiva del pacto de estabilidad europeo, por lo que más pronto que tarde la deuda pública y los ajustes contra los trabajadores volverán a aparecer en el dictado de Bruselas contra los países miembros.
Poniendo condiciones a sus Presupuestos, y a su Deuda pública Recordaremos que el febrero de 2019, el Parlamento Europeo y los Estados miembros aprobaron los planes de pensiones privados como producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP).
Medida tendente a fortalecer la Unión de Mercados de Capital, como plan privado, voluntario de ahorro para la jubilación, complementario de los sistemas de pensiones públicas, y privadas existentes en cada país.
Plan entendido como un primer paso para que los proveedores de pensiones personales (Bancos y Grandes empresas de Seguros) puedan vender el PEPP en toda la UE.
Los planes de pensiones privadas vienen de lejos, aunque sin mucho éxito por parte de sus promotores, sobre todo por su falta de rentabilidad real. Desde 1989 tanto CCOO como UGT vienen ofreciendo a sus afiliados un sistema de ahorro privado denominado “Plan de Pensiones Asociado”, favorecido con beneficios fiscales.
En el año 2016 se constituye una GESTORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES entre las siguientes entidades privadas: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anónima, con el 60% del capital; Unión General de Trabajadores de España, con el 20% del capital, y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con el 20% del capital. Gestora con sede social en la Calle Azul, Ciudad del BBVA en Madrid, que maneja activos en la actualidad de más de 30 millones de euros.
La existencia y actividad de dicha Gestora de Fondos es la prueba de la práctica de que los dirigentes de CCOO y UGT apuestan por hacer negocio con las pensiones privadas y no por defender el sistema público de pensiones.
La posición de los dirigentes de los principales partidos que se reclaman de los derechos y conquistas de los trabajadores viene a ser muy parecida. La Ejecutiva del PSOE goza del privilegio de un plan privado de pensiones para todos sus miembros. De ello da cuenta el consenso permanente establecido con las derechas a través del Pacto de Toledo, donde acaban de lograr un acuerdo para imponer una contrarreforma social de amplio alcance.
Y ello mediante 20 puntos básicos, donde se establece, entre otras cuestiones, un falso déficit de la Seguridad Social, cuando en realidad se ha echado mano reiteradamente por parte de diferentes gobiernos, tanto a los fondos como a los bienes de dicha entidad por un importe superior a 500.000 millones de euros.
Y la apuesta oficial del Pacto de Toledo por las pensiones privadas y de empresa. Y, es en el ámbito de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, expuso los planes de contrarreforma social del gobierno, tendentes a endurecer las jubilaciones anticipadas, a desplazar ciertos beneficios fiscales que hoy tienen los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva.
Con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, sin adecuarlas a las necesidades de una mayoría de pensionistas, en particular las pensiones de viudedad que siguen en su mayoría muy por debajo de los mil euros. Y ello cuando se reclaman pensiones mínimas y un salario mínimo de 1200 euros para todos.
La contrarreforma social y los privilegios para los burgueses constituyen el sello de las políticas del gobierno de coalición, pongamos como ejemplo el Decreto Anti desahucios aprobado, por el que se compensa a los grandes propietarios de inmuebles con más dinero del que dejan de ganar.
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