En estos días se pone
de relieve que los ingresos hospitalarios por la pandemia del coronavirus están
a punto de alcanzar, en segunda ola, los peores datos conocidos, tanto en
número de afectados como de fallecimientos.
En pocos días se puede
superar lo que supuso la primera ola iniciada el pasado mes de marzo. Lo que
nos da a entender que la salud pública en España está siendo particularmente
perjudicada por los efectos de una incompetente gestión sanitaria de las
administraciones públicas, sometidas a los intereses de las empresas privadas y
a leyes privatizadoras; renunciando a presupuestos extraordinarios que pudiesen
reforzar, de forma adecuada, a la sanidad pública frente a los negocios de la
privada.
La desatención
médica, las listas de espera interminables, la falta de medios de prevención,
no hacen sino agravar los efectos dramáticos de la pandemia entre los sectores
más expuestos de la población y, en particular, a los internados en residencias
de tercera edad.
El desmantelamiento
de la Atención Primaria, la no extensión de los test, y la general ausencia de rastreadores,
han sido las consecuencias nefastas de la falta de financiación y medios, a lo
que se ha unido las prisas oficiales en el pasado mes de junio por relanzar el
turismo, convertido por exigencias de la UE en industria básica nacional.
Detrás de este
contexto de no soluciones sanitarias y de salud pública, no hay otra cosa que
el intento de salvar los negocios de los grandes propietarios de la economía (es
decir el régimen de explotación de unos pocos) con nuevos nichos para la
corrupción. Y todo ello en detrimento del derecho a la seguridad y a la salud
de todos, de lo que dependen los derechos sociales, la vida y el trabajo.
Con el hundimiento de
la oferta y la demanda, lo que empezó siendo una crisis por la falta de oferta
se transformó rápidamente en ausencia de demanda en tanto que el confinamiento
había hundido una buena parte del consumo: la crisis cíclica más grave desde la
depresión de 1929 y de la misma Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
La destrucción
masiva de puestos de trabajo y de empresas se está tratando por los gobiernos
con las recetas del FMI, con el aumento generalizado de la deuda pública, con
subvenciones multimillonarias a empresas y bancos de una parte, aliñadas con
medidas parciales de sostenimiento de parados coyunturales y crónicos, de otra.
La barra libre de
dinero para bancos y grandes empresas no llega a sectores importantes de la
población, y ello pese al bajísimo interés del dinero, que en algunos países
llega a ser negativo.
La duración de la
pandemia, indeterminada a día de hoy, es una de las claves de todos los
pronósticos acerca de la posible recuperación económica y de los posibles
ritmos y formas de dicha recuperación.
El capital, ante la
parálisis inversora, está dirigiendo su actividad hacia las formas más especulativas,
en una carrera contra reloj por las medicinas más eficaces y costosas para su
tratamiento, y en la más descarnada competencia por obtener la vacuna que nos
salve del virus.
La competencia y
el pelotazo económico que comenzó con las mascarillas, los respiradores y la
misma vestimenta protectora de los trabajadores sanitarios…, se ha extendido a
la producción del “Remdesivir” como tratamiento más apropiado para los
infectados, y sobre todo de las vacunas anti-covid-19.
Antes de las elecciones
norteamericanas, la administración Trump, mientras acusaba a China de ser
responsable de la pandemia, acaparaba toda la producción de “Remdesivir” (500.000
dosis) estableciendo un contrato cerrado de monopolio con un precio abusivo de 390 dólares la dosis, y de
2.340 dólares el tratamiento de cinco días, cuando el precio de producción que
la propia multinacional señala es de 6 euros unidad. Un verdadero atraco a la
salud pública aprovechando la pandemia para acumular inmensos beneficios para
las multinacionales. Sabido es que en EEUU está prohibida por ley la
regularización de los precios de los medicamentos, que son financiados por el
Estado, pero cuyo beneficio es totalmente privado.
Medicamentos y
vacunas que vendrán a crear una desatención sanitaria por falta de presupuestos
que puedan hacer frente a los precios especulativos de los mismos, y al mismo
tiempo la acumulación de una inmensa deuda pública impagable.
Por ello se ha
agravado la guerra entre multinacionales y empresas farmacéuticas de diferentes
países, entre los mismos Estado con múltiples proyectos de vacuna, con 129
proyectos iniciales que parece que con el tiempo se han reducido a 8, que son
los mejor financiados. Sea como sea, tanto para el tratamiento médico adecuado
del covid19 como para la vacuna, queda un largo camino lleno de obstáculos que
podría allanarse con la colaboración internacional.
Tratamiento y
vacuna que sólo llegarán a una parte de la población. Por lo que la lucha por
una sanidad pública y de calidad, y la necesaria nacionalización de las
empresas farmacéuticas privadas, permitiría medicamentos y tratamientos
adecuados para todos, exigencias sociales y democráticas que se constituyen en
nuestros días en demandas decisivas para salvar la humanidad de la pandemia.
