El
estado actual en el que se encuentran los sistemas de protección social, tanto
el sanitario como el de la dependencia, llevan a preguntarnos si no es posible
que fueran deficitarios mucho antes de esta pandemia.
Durante años se han desmantelado los sistemas públicos de
salud. El retroceso en el gasto sanitario y en servicios sociales en España viene
de lejos, no solo a causa de las crisis económicas, sino también resultado de
un modelo ideológico que pervive en los diferentes gobiernos del Estado
español.
Los recortes, el cierre de plantas, los despidos de personal
sanitario han sido algunos de los golpes que la sanidad pública española ha
recibido en los últimos años. Todo amparado, justificado y ejecutado bajo el
paraguas de la crisis económica, pero con una orientación política clara: el
beneficio del interés privado.
Mientras tanto, se ampliaban los acuerdos de colaboración público-privado
en materia sanitaria, es decir los que mantiene el Sistema Nacional de Salud
con más del 45 % de los hospitales privados en las diferentes autonomías, que
han supuesto y suponen un trasvase constante de dinero público al sistema
privado. Los recortes constantes de gasto sanitario desde 2012 contrastan con
el aumento de presupuesto destinado al sector privado gracias a estos acuerdos
de "colaboración público-privada".
En 2016 la cifra alcanzó los 1.578 millones de
euros –dinero público– a repartir entre los centros privados, lo que supuso el
25,6% de su facturación durante el citado ejercicio, que ascendió a 6.175 millones de euros: uno de cada cuatro
euros ingresados provino de presupuestos públicos.
En Extremadura, el gasto sanitario privado que en el año 2017
era algo menos del 20 % del gasto sanitario total subió hasta el 21,5 % en 2018,
incrementándose en el 2019 al 23,7 %.
Hay
una serie de datos concretos que deben hacernos reflexionar. Ya en 2014, el
Defensor del Paciente denunciaba que unas 800 personas habían muerto en este
país por no haber recibido la atención médica necesaria.
En
enero de 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una
querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber «dejado
morir» a unos 4.000 pacientes con el virus en el último año
al restringir el acceso a los fármacos de última generación pese a estar ya
aprobados, reconociendo el propio Ministerio que no podían financiar el
tratamiento porque el coste era “inasumible”.
En febrero de 2019, según datos del Ministerio de Sanidad alrededor de 600.000 personas se encontraban
en lista de espera quirúrgica en España. En
noviembre de 2019, según el Ministerio de Sanidad, la cifra se elevaba a
671.494 personas. El caso es que en estos últimos años, ajenos a la pandemia,
el número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica ha aumentado
constantemente.
En Extremadura, según el
Consejero de Sanidad, José María Vergeles, hasta el 30 de junio de 2020 el
número total de solicitudes en lista de espera era de 139.943, lo que supone un
aumento del 15,49 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, es
decir, 17.438 más.
No cabe ninguna duda que las listas de espera son una de las
consecuencias más duras de los recortes y a la vez el principal aliado de la
sanidad privada.
Algo
similar ocurre con la dependencia. En 2017, el presidente de la
Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, acusaba al gobierno
de dejar morir el sistema de la dependencia, afirmando que “Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de
personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y
que se ven obligados a esperar más de dos".
Según
un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en
junio de 2020, 24.554 personas han fallecido en
lo que va de 2020 en listas de espera sin haber
recibido la asistencia reconocida por ley. Concretamente en Extremadura murieron 837
personas que vienen a representar casi el 18,9 % de las que están en la lista
de espera.
Pero
esto no es nada nuevo ni algo más de lo que culpar a la pandemia. Entre 2012 y
2017, casi 200.000 personas murieron en
listas de espera sin recibir las ayudas a la dependencia. Un dato a tener en cuenta es que los recortes que el Estado
realizó en 2012 suprimiendo las aportaciones a la Seguridad Social llevaron a
la expulsión de más de 160.000 cuidadores no profesionales, frente a lo cual
las Comunidades Autónomas tuvieron que destinar de sus presupuestos cantidades
importantes para mantener mínimamente la atención a las personas dependientes.
El interés del Estado por desarrollar la atención y el apoyo
a las personas dependientes es mínimo y se puede observar por el dinero que
aporta al sistema. Así, de la aportación del 50% que establece la ley para la
financiación de la dependencia, el Estado aporta una cantidad próxima al 18 %,
algo así como un tercio de lo comprometido, mientras que las autonomías aportan
de sus presupuestos cantidades que superan el 82 %.
A
esta infame lista de muertes se suman las de personas que no han logrado siquiera una cita presencial con su médico o
que por otras circunstancias relacionadas con la situación actual no han podido
tener la asistencia sanitaria requerida en su caso.
A
lo largo de los años podemos observar como el desmantelamiento de los servicios
de protección socio-sanitarios ha contrastado con el incremento de las
cantidades presupuestarias para otras actividades que proporcionan beneficios
privados, pero que no proporcionan seguridad y bienestar a la mayoría de la
población.
Así,
los diferentes gobiernos al frente del Estado han destinado el dinero público a
la compra de armamentos, aviones, carros de combate, o a proporcionar
privilegios y ayudas a las grandes corporaciones industriales y entidades
financieras, a financiar la enseñanza privada y la sanidad privada, con
conciertos con centros educativos y hospitales privados, al mismo tiempo que
han olvidado impulsar con fuerza toda la investigación pública en nuestras
universidades.
En
definitiva, el funcionamiento general del Estado está orientado al servicio de
una minoría social que es la dueña de la riqueza y el dinero, por eso no debe
de extrañar que los gobiernos se hayan dejado caer la sanidad pública porque
los intereses y los beneficios del sistema capitalista están por encima de las
necesidades sanitarias de la mayoría de la población.
La
única solución para cambiar todo esto es la movilización y organización de las
clases trabajadoras y populares para poner el Estado al servicio de l mayoría
de la población.
