El Pleno del Ayuntamiento
de Madrid, a instancia del Grupo Municipal Vox, con el expreso apoyo del PP y
Ciudadanos, está procediendo a retirar de las calles de la capital las placas
colocadas desde hace años en honor de algunos de algunos de los más importantes
dirigentes socialistas. Amenaza también
con la retirada de las estatuas dedicadas a estas figuras políticas e históricas;
nos referimos a Francisco Largo Caballero y a Indalecio Prieto, con estatuas instaladas en Nuevos Ministerios que han sido
vandalizadas en los últimos días. No hay que olvidar que grupos franquistas se
manifiestan, cortando el tráfico en el centro de Madrid ante la pasividad
policial, y que Vox prepara la moción al gobierno acusándole de gobierno ilegítimo.
La ley que invocan
los “trifachitas” para revisar la historia
no es otra que la de la Memoria Histórica de Zapatero, que en su
artículo 15 faculta a las administraciones a “retirar escudos, insignias,
placas y otros objetos o mociones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Una redacción tan
confusa y falta de criterio jurídico puede ser perfectamente manipulada por los
“trifachitas”, tal y como está sucediendo reiteradamente desde su promulgación;
y todo porque la ley no tiene por objeto sino mantener la legalidad
“franquista”. Cuando la ley señala la retirada de motivos de la Guerra Civil, ¿a
qué motivos de refiere? A todos. ¿A los motivos contrarrevolucionarios, de
igual manera que los que defendieron la legalidad republicana, y también de
igual manera que a los que tomaron medidas revolucionarias?
Si es así, el
significado jurídico de la ley de Zapatero no es otro que el de tratar de
mantener la impunidad de los crímenes del franquismo, sustituyendo con
principios morales cuestiones de justicia. Y, en tanto que en la guerra existió
de una parte un ejército de ocupación sublevado -apoyado por las grandes
potencias nazis y fascistas-, y de otra, un pueblo en armas defendiéndose con
los pocos medios de disponía y como podía de la agresión criminal concertada,
con una legalidad republicana de fondo, nos encontramos con que las leyes de Memoria
del PSOE reducen todo ello a un asunto de ilegitimidad de los golpistas y
artífices de la guerra, pero con ello nos lleva a la nefasta legalidad perpetua del franquismo.
El portavoz de Vox en
el ayuntamiento de Madrid argumentó al presentar sus propuesta al Pleno, que
Largo Caballero es una figura histórica “que no debe ser digna de honores por
su sanguinaria trayectoria política y personal”, y que Indalecio Prieto
facilitó “la deriva revolucionaria y radical en el PSOE”. El portavoz de
Ciudadanos señaló -por su parte- que la
ley es igual “para criminales de uno u otro lado”, al tiempo que el del PP para
respaldar la integridad de la propuesta, y ante las tímidas protestas de la
oposición, vino a decirles: “No nos den lecciones de historia que para eso
tenemos a los historiadores”.
Por ello, cabe
destacar que cientos de historiadores, profesores de Historia Contemporánea en
diversas universidades españolas y extranjeras, emitieron un juicio técnico de
las alegaciones realizadas por el “trifachito” madrileño, que desmota todos sus
argumentos, declarando que sus alegaciones no son sino un compendio de la
propaganda franquista de la guerra y la dictadura, que carece de soporte
documental. Afirman que están en condiciones de aportar las pruebas
documentales necesarias de que ambos actuaron como dirigentes socialistas de la
II República y de sus gobiernos legítimos y democráticos. Recordemos que tanto
Caballero -después de pasar por un campo de concentración nazi- como Prieto murieron
en el exilio republicano.
Esta situación hace
al caso de la necesidad de una verdadera Ley de Víctimas y de la Memoria Democrática,
que acabe con la impunidad del franquismo, tanto en la Ley de Amnistía como en
la de la Memoria, como leyes de punto final. Y ello cuando se prepara una nueva
Ley de Memoria, ahora llamada “democrática”, que vuelve a marear la perdiz y
dejar a las víctimas sin derecho a interponer un juicio justo. En el texto del
anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática se apunta entre otras a la
necesidad de acabar con el ducado de Franco que Felipe VI firmó en 2019, como
también se establece la ilegalización de entidades, organizaciones o
fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra
las víctimas de Guerra Civil y el franquismo. Dando a entender, de forma
engañosa, que del franquismo solo queda su Fundación y algunos nombramientos de
títulos de nobleza. Propósitos menores que esconden la necesidad de una medida
jurídica de rango superior, que acabe de verdad con la impunidad y con el
continuismo franquista, que no puede ser otra que la ilegalización de los
privilegios franquistas de todo tipo. Es la única que puede resolver el problema de los crímenes del
franquismo, con la necesaria ilegalización del franquismo como régimen criminal.
Ilegalización de sus leyes y sentencias, de su medidas de saqueo contra la
población, de sus poderes extraordinarios… Hablamos, por tanto, de una
ilegalidad del poder, que abarca tanto al régimen franquista como a su herencia
política e institucional.
Todos los privilegios
de los que siguen gozando los herederos de Franco en nuestros días, como
concesiones de los dioses a los ungidos, no solo son contrarios a derecho sino
la negación de las reivindicaciones y aspiraciones sociales y democráticas, que
solo pueden tener satisfacción en el libre ejercicio de la soberanía.
Franquismo y
democracia son incompatibles. De ello tenemos sobradas pruebas después de 42
años de falsa democracia para mantener leyes e instituciones contrarias a la
democracia y la justicia, que fomentan la desigualdad y la corrupción
sistémica. Por ello, demandamos la ruptura política e institucional de los
partidos y sindicatos que se reclamen de la democracia y de los derechos de los
trabajadores y los pueblos con el franquismo coronado. Para que impere la voluntad
popular y con ella la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del
franquismo.
Los trabajadores y
los pueblos tienen derecho a decidir sobre sus propios destinos y, por tanto,
nadie les puede negar su determinación a establecer los principios políticos
democráticos y sociales sobre los que desea gobernarse.
El honor y la dignidad
de los luchadores de la II República deben ser defendidos frente a toda falsa
acusación que, en este caso, no proviene sino de los herederos de los
privilegios franquistas.
La Memoria Democrática
debe servir para acabar con la injusticia y la discriminación legal de aquellos
que fueron los más dañados en sus derechos.
