LOS PODERES POLÍTICOS Y LA POBREZA EXTREMA

 

Una mujer sin ingresos, con un desahucio habitacional inminente, y sin futuro, nos ha visitado esta mañana. Una de las muchas personas que contactan con Campamento Dignidad.

No pasa un día en él que no se pongan de relieve las miserias que en su camino va dejando el capitalismo, y ahora, intensificadas con la pandemia. A pesar de todo los administradores del sistema capitalista quieren camuflar lo imposible. Es difícil ocultar la visibilidad de la imagen de la pobreza social que se acrecienta continua e imparablemente.

Con el paso del tiempo se desborda el caudal alimentado con las múltiples casuísticas y particularidades de la pobreza, y no ha de transcurrir mucho tiempo para que se transforme en un torrente de infortunios y penurias, pues no deja de crecer el número de personas y familias que van quedando sin futuro, con escaseces y serias necesidades para subsistir de un día para otro, que sufren la falta de empleos y enfrentadas a situaciones de desahucios.

Muchas personas se acercan a Campamento Dignidad para narrarnos las dramáticas experiencias que conforman su vida. Lo que pretenden es muy simple y sencillo. La aproximación no va más allá que la de encontrar un humilde apoyo con una orientación administrativa, o simplemente, encontrar el alivio terapéutico que proporciona la expulsión a viva voz de las secuencias más significativas de su existencia responsables de su angustia vital. No hay más. En el relato de su vida sobresalen las marcas del sufrimiento físico y sicológico que deja la violencia de género, o el acento en la incertidumbre que genera el hecho de que en pocos días serán desahuciadas y carecen de un lugar en el que alojarse.

La indignación y más que nada la rabia te abruman al ser consciente de la incapacidad individual que tenemos para “ayudar en lo posible” a estas personas derrumbadas y agobiadas, con el sello de la necesidad material más absoluta.

Cuando se busca alguna solución recurriendo a las administraciones públicas, las formalidades, las rigideces burocráticas y normativas reglamentarias actúan como pantallas, como airbags que se despliegan produciendo el desencanto y la decepción.

Todo está condicionado a la solicitud y relleno de papeles que requieren de un tiempo de espera, que después de mucha insistencia, se resuelven con pequeñas composturas que no corrigen ni mucho menos las calamidades que padecen los más pobres de la sociedad.

No nos podemos engañar. Las Instituciones tienen un carácter de clase. No tienen nada que ver con los intereses de las clases trabajadoras. Las administraciones públicas, tanto las que dependen del gobierno de la nación como de la Junta de Extremadura, están organizadas y estructuradas para prestar un buen servicio a las clases sociales privilegiadas. Los cauces de actuación que siguen nuestros políticos están totalmente planificados y ordenados por los dueños del patrimonio y de la riqueza. De este modo, quienes están al frente de las Administraciones Públicas conocen de manera clarividente el camino que tienen que seguir sin desviarse un ápice del curso marcado por los intereses económicos y sociales de aquellos.

En esta lógica se encuadra el plan de ajuste que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para ir reduciendo el número de personas a las que alcanza la Renta Extremeña de Inserción. El objetivo es la disminución brutal de los presupuestos destinados a las clases sociales más desfavorecidas económicamente.

De este modo, no hay respiro para los desheredados de la sociedad que siguen afianzados en un lugar marginal en los planes de gobierno para los que se reserva un pequeño presupuesto con los que concederá algunas migajas que posteriormente se venderán y publicitarán como grandes episodios programáticos nacidos de la excelente bondad y gracias a la enorme magnanimidad de nuestros gobernantes.

No obstante, en esta ocasión, el derrumbe económico de la Junta según parece es mayor de lo esperado y deja pocas posibilidades a la voluntad paternalista que se ve obligada a negar hasta lo más esencial que pudiera aliviar ligeramente la cruda realidad en la que viven los marginados. No es comprensible que organismos públicos, regionales, provinciales o ayuntamientos con presupuestos de millones o de cientos de millones, no dispongan de espacios públicos para dar cobijo a quienes viven en la calle y en la más absoluta pobreza.

Mientras se discute en los parlamentos, se negocian grandes acuerdos, se entablan y se anhelan diálogos con las élites de la sociedad, empresarios, sindicatos y personas económicamente importantes, nuestros representantes institucionales no encuentran un espacio público para que se alojen y se resguarden de la intemperie nocturna los pobres, los indigentes, los desahuciados o los sin techo.

Nuestros gobernantes no pueden olvidar que en Extremadura hay un grupo de personas que deambulan y duermen en los bancos de las plazas y parques, que coexisten y conviven con la extrema pobreza. No se puede ser tan inconsciente como para entender que la mejor solución que se les puede ofrecer es un billete para el autobús o tren para reconducirlos a otra localidad; quizás lo que prefieran estos señoritos del poder es vender la imagen de una ciudad limpia e impoluta, sin pobres, sin las manchas nacidas de las miserias, para que no oscurezcan ni nublen la vista de una ciudad elegante y distinguida.

Ante este orden de cosas, no podemos perder ni un minuto, se multiplica la urgencia para que las personas más conscientes se organicen y movilicen para acumular las fuerzas necesarias que desactiven y cambien el rumbo de las políticas sociales y económicas que pesan sobre la sociedad extremeña. Para ello, es una prioridad la unidad y la coordinación de todos los movimientos que trabajan con los sectores sociales que con más intensidad están sufriendo estas calamidades.

Por último, señalar que la violencia tiene otras caras como la que estamos viendo en Madrid. Desde Extremadura muchas personas queremos mostrar nuestra total solidaridad con el Pueblo de Vallecas golpeado por la Policía Nacional dependiente del Gobierno de España en alianza con el gobierno de Madrid. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en el barrio de Vallecas en Madrid. El pueblo madrileño de Vallecas está sufriendo una represión violenta para acallar la libertad de expresión ante unas medidas que castigan a la clase trabajadora. La solución a la pandemia no se alcanza enviando fuerzas del orden a golpear a un pueblo que pide soluciones y no medidas represivas.

 

LA CRISIS DE ESTADO: ESPACIO INDEPENDIENTE

 

Puntos tangenciales fundamentales concentran la crisis de Estado. Los partidos mayoritarios que componen el armazón del sostenimiento del régimen del 78 son los principales obstáculos para la solución democrática, lo que más pronto que tarde conducirá a la quiebra de la actual representación política. Los dirigentes del PSOE se reiteran por tercera vez, bajo la monarquía, en el fraude político continuista. Hablan de democracia y de cambio para sostener la corrupción de Estado. Algo que ya se conoció con el gobierno de Felipe González y más tarde con Zapatero, y se repite ahora, en peores condiciones, con el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias.

Las cúpulas del PSOE y del PP tratan de impedir, cada cuál a su manera, que la monarquía pueda ser investigada políticamente mediante la formación al efecto de una Comisión de investigación de las Cortes Generales, y mucho menos aún, que pueda ser juzgada.

Desde el pasado mes de marzo en que se produce el enfrentamiento entre Felipe VI y su padre por el conocimiento público de actividades de corrupción institucional, los partidos políticos que vinculan su suerte a la institución han sido incapaces de dar respuesta a los problemas planteados, y estos no han dejado de agravarse.

Este es el primer punto tangencial de la crisis: el encuentro contradictorio de las exigencias democráticas de lucha contra la corrupción y el abuso de poder, de una parte, enfrentado a los privilegios institucionales y constitucionales de la Jefatura del Estado, de otra.

 El segundo punto tangencial de crisis lo constituye la incapacidad de la supuesta democracia española, que es la de sus representantes, para juzgar los crímenes históricos del franquismo, de la dictadura y la transición, hasta nuestros días; por lo que el gobierno de turno se repite una y otra vez con leyes de impunidad y punto final, como la que acaba de aprobar el gobierno bajo la denominación de Ley de “Memoria Democrática”. Toda una estafa para las víctimas y sus familias, para todos los partidarios de la democracia y la justicia, después de 43 años de olvido e impunidad. Una situación aberrante que amenazan con prolongarse.

 Ambos puntos citados vienen a poner de manifiesto el enfangamiento de la casta política del régimen, que se concentra en los dirigentes del PSOE, como ocupantes de las mayores responsabilidades de gobierno. Incapaces de hacer compatibles el art 1.2 y el 1.3 de la Constitución Española del 78, donde se establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; y el siguiente por el que se impone que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Una monarquía que se sitúa por encima del parlamento y de su control. La crisis de Estado se profundiza sin solución democrática a la vista entre lo que de una parte se establece y de otra parte se impone.

 Desde hace meses se han congelado varias querellas por delitos de corrupción contra el exjefe del Estado, actual emérito, que afectan a la institución monárquica en su totalidad, porque se trata del manejo de los bienes de todo tipo que están registradas en paraísos fiscales a nombre de la familia real en su conjunto; denuncias que deberían ser juzgadas mediante tratamiento especial ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo por el aforamiento especial. Contra este procesamiento, impidiendo su investigación parlamentaria, se han levantado todos los obstáculos por parte del gobierno, aludiendo a la inviolabilidad de la jefatura de Estado y la no responsabilidad de la persona del Rey. Argumento sacado de una interpretación interesada del texto constitucional para impedir que se proceda a la investigación política de dichos asuntos en las Cortes Generales.

 Hay que decir que la inviolabilidad que se reclama, del art. 56.3 CE no es sino una “inmunidad de función”, que protege al titular por los actos públicos ejecutados por sus funciones, y no por sus actos privados o públicos que nada tienen que ver con sus funciones constitucionales. De ello se deduce que tanto el emérito, como los demás miembros de la Casa Real, si también estuviesen relacionados con delitos de corrupción y abuso de poder -como puede resultar de la investigación en curso-, pueden y deben en democracia ser investigados por las Cortes, como parece que lo está haciendo la fiscalía del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Las limitaciones del texto constitucional se han convertido en supuesto motivo de estancamiento político y judicial, generalizado y permanente, que no tiende sino a la agravación. El derecho internacional, del que la legislación española depende, establece en el Convenio de Viena que los jefes de Estado son inmunes solo por las funciones propias de su cargo. Y ello debería ser suficiente para los monárquicos empedernidos.

A todos los efectos, la única solución democrática es que la soberanía, que reside en el pueblo, no quede ahogada y sometida por la imposición de la forma política monárquica, a la que en particular se aferran tanto los dirigentes del PSOE y del PP, que no hacen otra cosa que defender la herencia franquista establecida en el poder de los banqueros, del IBEX 35, concentrado en la Corona. Un poder político incontrolable, que para Sánchez no debe estar sometido ni a las Cortes ni a las leyes.

 El segundo punto tangencial de la crisis de Estado se resume en la incapacidad congénita de los gobiernos del régimen, sean del color que sean, sea o no de coalición, de juzgar de una vez por todas los crímenes del franquismo de acuerdo a las exigencias del derecho internacional y humanitario, como se pone de manifiesto con el nuevo anteproyecto de ley de “Memoria Democrática”. Los esfuerzos del ejecutivo por asociar a los colectivos y asociaciones de víctimas a las subvenciones de Estado -que es tanto como someterlas a la razón de Estado-, llevan a la negación de la Verdad, la Justicia y la Reparación judicial, tal y como de nuevo establece la Ley de “Memoria Democrática”.

La última pirueta del proyecto de Ley de “Memoria Democrática” pasa por las actuaciones del principio de JUSTICIA, por el que se viene a garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de derechos fundamentales desde la guerra y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución. Por lo que se determina la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que se va a dedicar a investigar las denuncias que se presenten. Todo para impedir y volver a negar el derecho a juicio justo, obviando en la nueva ley la imprescindible judicialización, que se constituye en la primea exigencia del derecho internacional, tal y como se estableció con los juicios contra el nazismo y el fascismo de Nuremberg y Tokio. La utilización de la fiscalía para impedir juicios que establezcan la Verdad, la Justicia y la Reparación, como demandan las víctimas, representa el más difícil todavía de las políticas de impunidad del régimen monárquico.

Los trabajadores de la sanidad, los de la enseñanza están en disposición de decir ¡basta ya! a las políticas de miseria social de unos y otros, participando unitariamente en las movilizaciones convocadas y en la huelga general que abren el camino a las soluciones democráticas y sociales que se demandan.

¡Romper con la monarquía y sus privilegios! ¡juzgar e investigar en Cortes las corruptelas y abusos de poder de la Corona! Estas son las primeras demandas de unidad, que se constituyen en este momento en la exigencia democrática y social de todas las organizaciones, sindicatos y partidos que se reclaman de las demandas y aspiraciones de trabajadores y pueblos.