IDELFONSO GÓMEZ
La ceremonia de la
confusión.
El gobierno destruye
los apoyos que le permitieron la investidura
La prolongación del
estado de alarma se ha convertido en una cuestión de Estado que le obliga al
PSOE, como principal partido de gobierno, a destruir los apoyos y relaciones de
colaboración que le permitieron la investidura del gobierno de coalición. De
una parte, por la derecha, el gobierno recibe el apoyo crítico del partido
derechista Ciudadanos por “sentido de Estado”; y su portavoz parlamentario
Edmundo Bal aclara que para nada se ha convertido en un nuevo aliado de Sánchez
e Iglesias, diciéndoles: “No se
equivoque, no tienen un nuevo socio…/… sus socios son los que le dejan en la
estacada…/… cumpla con el acuerdo, con España y nos tendrá a su lado …/… pero
si no cumple, ya ha visto usted lo solo que está …”.
El estrechísimo
margen de maniobra de Sánchez sufrió ayer en las Cortes un nuevo recorte. Las
instituciones del Estado, que se ordenan sobre la defensa incondicional de la
herencia franquista, es decir, sobre la corona, le ponen cada día ante la
espada y la pared. La Autoridad Fiscal y
el Banco de España le leyeron la lección días antes del pleno de Cortes. El
organismo que tutela las cuentas públicas afirmó que hará falta una década de
medidas de ajuste para hacer frente a la situación; y el gobernador del Banco
de España ha pedido que ese plan de ajuste sea avalado por los partidos y
sindicatos, advirtiendo a los diputados que ese plan será de varios años para
corregir el agujero presupuestario: “Se
trata de forjar cuanto antes un pacto político de varias legislaturas”.
Por si ello fuera
poco, cientos de privilegiados de los barrios más ricos se lanzan acompañados
por la vigilancia policial, al caer la tarde, a las calles para exigir la
dimisión del gobierno cubiertos por la bandera monárquica. Y, mientras tanto,
en los barrios obreros las colas del hambre son ya tan importantes como las
colas del paro.
No solo vivimos una
crisis sanitaria y de quiebra económica, sino y también una crisis social y
política que afecta de lleno al régimen del 78 y a sus consensos
izquierda-derecha y a los pactos sociales continuados. A ello no es ajeno el
acuerdo político mayoritario que, primero, permitió acabar con el gobierno del
PP, y luego constituyó la base de sustentación del acuerdo del gobierno de
coalición. Fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien subrayó este extremo
de la crisis política e institucional: “Hoy
hemos fracasado, nos estamos llevando por delante el espíritu de la investidura”.
Los acuerdos que permitieron la investidura llevaron a la adopción de una mesa
de diálogo sobre Cataluña que el gobierno ha adormecido para evitar la toma de
medidas respecto a los presos políticos, y para eludir toda convocatoria
democrática para que sean los pueblos los que decidan sobre sus principales
asuntos. Muy satisfecho con sus maniobras, Sánchez asegura que “espera seguir practicando el diálogo”.
¿Un diálogo que nunca existió?; ¿Es eso lo que se quiere perpetuar?
Como ejemplo de la
nula disposición al diálogo del gobierno, y lo que supone la vulneración
sistemática de los acuerdos a los que llega para salvar sus propuestas, ahí
está el supuesto acuerdo de derogación de la reforma laboral del PP de 2012,
comprometida tanto por el PSOE como Unidas Podemos, para lograr la abstención
de EH Bildu. Con ésta, es la quinta vez que el PSOE se compromete a derogar la
contrarreforma laboral, incumpliendo sus compromisos en todas las ocasiones.
El acuerdo político
del que se hace mención no ofrece duda alguna en cuanto a su contenido: “Las fuerzas políticas que suscriben este
acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año
2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes
de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en
materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”.
A las pocas horas de la firma de dicho acuerdo -que además incluye otro punto
relativo a la necesidad de que las entidades locales vascas y navarras puedan
incumplir el techo de gasto público impuesto por la Unión Europea y el gobierno
español-, el PSOE envía nota de prensa anulando de manera unilateral lo
relativo a la derogación de la Reforma Laboral. Con esto, Sánchez, y sus
maniobras se convierten en el perejil de todas las salsas de los cocineros de
la Moncloa, de los dimes y diretes permanentes que contribuyen a incrementar el
estado de confusión sobre todos y cada uno de los asuntos de interés.
La ceremonia de la
confusión que se celebra en las instituciones monárquicas en crisis es la que
domina la escena política por arte de las chapuzas de Sánchez, y de su amplio
equipo de ministros sin principios. La extensión del estado de alarma votado en
Cortes el día 20 es contrario a la ley, en tanto que las Cortes no pueden en
este caso sino votar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, y no lo
pactado a posteriori con Ciudadanos.
Un millón de multas
han sido efectuadas por los diferentes cuerpos policiales en el estado de
alarma y en aplicación de la ley mordaza para impedir el tránsito ciudadano;
multas que ahora, cuando se inicia el procedimiento sancionador por presunta
infracción administrativa del artículo 36.6 de la LO 272015, resultan nulas de
pleno derecho, ya que en la inmensa mayoría de las multas impuestas no hay
desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de
sus funciones. A lo que se suma la imposibilidad de suprimir el derecho de
circulación por un estado de alarma como el Gobierno pretende realizar,
haciendo la acción policial inútil e inconstitucional. Y sin embargo, se
permite todos los días las algaradas de los franquistas, cuando las
Delegaciones de Gobierno impiden toda concentración o manifestación social.
Todo ello no contribuye sino al desgobierno y a la confusión.
La voz de alarma
fundamental, que se deriva del caos y la confusión oficial, es la que resume la
situación de destrucción de puestos de trabajo y empresas, que repercute sobre
los derechos más elementales de los trabajadores. Por eso nos lleva a insistir
en la necesidad de defender en común todos los puestos de trabajo, impidiendo
que los mismos que se benefician con muchos miles de millones de los recursos públicos
para no pagar los salarios y las cotizaciones sociales por la pandemia, ahora
pretendan organizar el despido masivo de sus trabajadores.
Las Cortes generales
tienen aún una mayoría de diputados que pueden imprimir un verdadero giro a la
izquierda, en ruptura con la herencia franquista, oponiéndose al caos político,
tomando las medidas sociales que la población exige; comenzando por la defensa
incondicional de la salud pública y siguiendo por la toma de decisiones que
impidan el paro masivo y el hambre.
La lucha por los
derechos democráticos y sociales está íntimamente unida a la demanda
republicana contra los privilegios y la desigualdad impuesta por unos pocos.