“La emancipación de los
trabajadores será obra de los trabajadores mismos”
El “Estado de Alarma”
establecido pone los derechos y libertades conquistadas a los pies del
autoritarismo y del centralismo, que goza de todas las prerrogativas del poder.
Durante el mes de abril, de esta manera tan artera, se silenció la demanda
política de investigación desde las Cortes de los grandes negocios poco claros
de la Casa Real, impidiendo así mismo las movilizaciones republicanas
convocadas para el 14 de abril (aniversario de la Segunda República). Así nos
volvieron a robar -políticamente hablando- el mes de abril.
El “Estado de Alarma”
se ha prolongado en medio de la confusión, con la suspensión de derechos y
libertades, en el momento en el que la gobernabilidad volvía a una situación de
desequilibrio, en la medida en que el gobierno desprecia los apoyos con los que
se pudo investir, y con los que tiene acuerdos incumplidos de negociación política;
mientras busca apoyos en los partidos que se opusieron y se oponen a su mera
existencia.
Las prohibiciones de
que las manifestaciones obreras del 1º de Mayo se puedan llevar a cabo -aun
respetando las condiciones de “separación social”, o con la modalidad de
caravanas de automóviles con la solo un conductor en su interior-, vienen
acompañadas además de la suspensión del derecho a la libertad de movimientos y
de la vigilancia policial de las redes sociales con fórmulas prohibidas en la
misma legislación. Mientras, la Policía, la Guardia Civil y el Ejército hablaban
en nombre de la democracia y de los técnicos y especialistas de la pandemia, hasta
la declaración de un general de la Guardia Civil de que actuaban para proteger
al gobierno de las críticas que recibía por la gestión política del
coronavirus. Ocupaban espacios de comunicación oficial en los que debían haber
dado la palabra a los sanitarios, a los transportistas, a los responsables
sindicales y vecinales, a los familiares de las víctimas de falta de medios
sanitarios por los recortes y privatizaciones.
Abordar la crisis del
coronavirus, desde la independencia política y sindical, es una enseñanza
imprescindible que proviene de la historia misma del movimiento obrero
organizado. Cuando los dirigentes sindicales y políticos españoles se opusieron
en 1902 al “Proyecto de ley de huelgas”, que venía a limitar y condicionar el
derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones, Pablo Iglesias Pose,
se expresó en los siguientes términos: “No queremos luchas crueles y
sangrientas, porque en ellas sufrimos todos. Si hubiera medio de modificar el
proyecto de Ley de Huelgas, lo propondríamos; pero ese proyecto no tiene
corrección posible. Esperamos tranquilos la corrección de este asunto; pero
advirtiendo que dicho proyecto nace muerto. Nuestra organización quiere vivir
hoy legalmente, mas si a nuestro desarrollo se opusiera un valladar, tendríamos
que saltarlo”.
Y en consecuencia con
dicha afirmación, que se basa en la independencia de clase: Si el Real Decreto
que establece el “Estado de Alarma” tiene por objeto luchar contra una supuesta
emergencia sanitaria, que se ha constituido en una crisis sanitaria y de salud
pública, afectando en primer término a las residencias de tercera edad
sobreexplotadas, sin medicalización, para favorecer los negocios de los fondos
buitre y de los Florentinos Pérez de turno, ¿por qué motivo social no se han
intervenido los hospitales y residencias privadas?; ¿por qué se utiliza el
“Real Decreto”, sin embargo, para limitar y conculcar derechos y libertades?
Millones de personas
esperan verdaderas soluciones para poder trabajar y comer dignamente, y no quieren
depender de los negocios de la Iglesia con la caridad de Cáritas, además
financiada por el Estado. Y ello está directamente relacionado con la
independencia o no de sus organizaciones (sindicatos y partidos) para defender
los intereses sociales mayoritarios. Hemos de recordar de dónde viene la
decisión de confinar a una parte de la población, la menos productiva, en medio
de una epidemia que no se controla con los medios médicos necesarios: ésta es
una idea original de la administración norteamericana, de Bush hijo. Medida
restrictiva de derechos y libertades que forma parte de la “Ley Patriota”,
establecida partir de los acontecimientos terroríficos del 11 de septiembre,
que impusieron la guerra contra Irak y Afganistán.
Millones de
trabajadores han perdido sus empleos recientemente, y los derechos sindicales y
laborales está siendo reprimidos, las pensiones vuelven a estar amenazadas por
los planes de austeridad que se prepararan para pagar los gastos de la crisis
sanitaria y del parón económico, la barra libre de financiación que ha ido a
parar a las grandes empresas y bancos para proteger el sistema de propiedad
privada finaciarizado, emitiendo moneda de la nada, que más temprano que tarde
provocará una nueva escalada de guerras monetarias.
Los Estados utilizan el coronavirus
para encubrir un nuevo ajuste de cuentas contra los salarios y pensiones,
contra los derechos y conquistas de los trabajadores y de sus organizaciones en
beneficio de los capitalistas. La interrupción de la cadena de suministros y la
especulación comercial están provocando el alza del precio de los alimentos;
otros comienzan a faltar en el mercado. Por ello, tratan la pandemia como si de
una guerra se tratase para encubrir medidas contrarias a los intereses y
aspiraciones sociales. Todas las medidas que se están tomando por los poderes
políticos tienden a destruir riqueza social, y en particular fuerzas
productivas, por la incompatibilidad entre la riqueza social constituida y los
intereses privados del capital de una minoría.
El PSOE, que conforma
el gobierno de progreso con Unidas Podemos, es el partido de la renuncia al
marxismo y a la República que se cristalizó con las políticas reaccionarias de
Felipe González. Su programa no está basado en la independencia política y
sindical de los trabajadores organizados, sino en la colaboración con la
burguesía y el imperialismo. El “felipismo”, que como política pro capitalista
y monárquica se mantiene en sus filas, es el politiqueo que deviene de la
adaptación a España del programa de Bad Godesberg de 1959; por el que la
socialdemocracia alemana -y detrás de ella todas las demás expresiones de la
Segunda Internacional- renunciaron al marxismo, es decir, al socialismo obrero
y a la independencia de clase política y económica, pasando a ser el altavoz de
los planes y políticas de los Estados nacionales, sustentados en la “economía
de mercado” y en la propiedad privada, y sometidos al dictado las instituciones
de los EEUU, a su nuevo orden internacional. Orden hoy en quiebra en todos sus
fundamentos, y que se constituye en el mayor desorden político y económico
nunca conocido.
El Primero de Mayo ha
sido tradicionalmente la fiesta reivindicativa de los trabajadores del mundo
entero, y por tanto la expresión de su independencia sindical y política frente
a todos los gobiernos e instituciones ajenas a sus intereses; intereses
materiales y morales expresados en los programas reivindicativos de las
organizaciones de clase.
En defensa de esa
tradición de siglo y medio de lucha de clases, afirmamos, frente a la crisis y
a las políticas de colaboración de clases, lo que se haría tangible con la
constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores:
¡La emancipación
de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!
