La huelga y la lucha
por la República
Las Cargas policiales
de ayer en Don Benito (Badajoz) contra los pequeños agricultores extremeños,
que se manifestaban ante el recinto ferial “Agroexpo” -donde se encontraban el
ministro de Agricultura Luis Planas y el presidente de la región Fernández Vara-,
ponen de manifiesto un nuevo momento de la lucha de clases. Las organizaciones
agrarias denuncian que los precios impuestos desde la Política Agraria Común,
que sobrefinancia a las grandes propiedades latifundistas, les obliga a ellos a
vender por debajo del precio de producción, lo que empuja a la ruina de sus
pequeñas explotaciones. Los especuladores de la alimentación, propietarios de
las grandes superficies, están haciendo grandes beneficios a cuenta de las
condiciones miserables de los trabajadores y de la crisis de las pequeñas explotaciones
agropecuarias.
El olivar concentra
en buena medida la crisis del campo español en su conjunto, soportando precios
que son incompatibles con el mantenimiento de las explotaciones pequeñas y
medianas. Hoy, día 30, los aceituneros se han lanzado a cortar carreteras
principales como la A-4, con piquetes en la Carolina y también en Albacete, Úbeda
y cerca de Granada, exigiendo precios adecuados para el aceite, que pasa por
uno de sus peores momentos. El campo no está dispuesto a ser víctima de las
políticas del gran capital.
Los problemas de los
pequeños agricultores no devienen de las insuficientes subidas del salario
mínimo, que incluso los convenios agrarios no respetan. Los problemas de los
500.000 jornaleros agrícolas y de los pequeños agricultores, que son unos
300.000, tiene su origen en la política impuesta desde Bruselas, hecha suya por
los gobiernos de todos los colores contra las producciones agroalimentarias y
la soberanía alimentaria de los países. La ruptura con la PAC y la necesidad de
la Reforma Agraria para que la propiedad latifundista no siga en manos de los
señoritos, de los fondos de inversión y de los Bancos, son las exigencias de
fondo del movimiento de trabajadores agrícolas y de pequeños productores.
La cita en la Moncloa
de la patronal, los sindicatos oficiales y los representantes del gobierno para
teatralizar la política de pacto social sobre ridículas subidas de los salarios
y las pensiones que no resuelven los problemas de austeridad y miseria social,
no puede ocupar el centro de la situación política como pretenden. El centro en
este momento político lo ocupa la movilización social.
El obstáculo que
representa la política de pacto social es un obstáculo que proviene de las
políticas oficiales diseñadas en Bruselas y en las mesas de los gobiernos, y
son obstáculos que solo puede ser superados con la masividad y la reorganización
de los mismos trabajadores, mediante formas abiertas como la que representan
las asambleas, los piquetes, los comités elegibles y revocables integrando los
sindicatos…
Momento político éste,
que desde los sectores industriales se desarrolla con un llamamiento de cientos
de organizaciones sociales y sindicales a la huelga general en Navarra y País
Vasco, convocada en defensa del poder adquisitivo de los salarios y las
pensiones, reclamando un mínimo vital de 1.200 euros, el derecho a decidir y la
República. Demandan la reversión de la situación general de austeridad y
contrarreforma social, que ha sido establecida desde hace más de una década, lo
que ha supuesto la multiplicación de los beneficios del capital y la pérdida
permanente de las rentas (directas e indirectas) del trabajo.
La crisis política e
institucional del régimen monárquico está en el origen del movimiento
reivindicativo y de huelga general. Y, sobre todo, es la incapacidad de las
instituciones de dar respuestas puntuales a los problemas sociales, políticos e
institucionales la que alimenta en el fondo el movimiento republicano, que no
puede sino extenderse desde Cataluña y País Vasco a todos los territorios de la
geografía del Estado español.
El presidente de la
Generalitat, que el Tribunal Supremo pretende suspender en sus funciones
violando el derecho del Parlamento, acaba de señalar que la actual legislatura
está agotada, y por ello convocará elecciones en los próximos meses en medio de
la división entre ERC y JpC.
El motor del movimiento es el fondo de la
crisis. El tema de la huelga general es tan viejo como el mismo movimiento
obrero, y los que hablan de luchas reivindicativas no pueden negar que “toda
lucha de clases es una lucha política”.
Desde las Comunidades
Autónomas, donde el trabajo agroalimentario se encuentra entre los peores
pagados, la patronal y los presidentes de las comunidades que representan al
PSOE, ponen el grito en el cielo contra las subidas de los salarios mínimos,
que no permiten vivir con un mínimo de dignidad a las familias trabajadoras,
sin señalar que es el sistema de mercado ”libre”, impuesto por la PAC, el que
destroza las pequeñas explotaciones de toda la Unión Europea, con importaciones
de productos que, a precio de esclavitud,
tiran los precios al por mayor.
Todos los teóricos,
que han insistido durante décadas en la desaparición de la clase trabajadora y
del campesinado, se encuentran de cara con una realidad: la que se deriva de la
movilización agraria, de la convocatoria de huelgas generales que tienen poco
ver con sus predicciones.
Lo cierto es que la cuestión de la huelga
general vuelve a ponerse de actualidad, ocupando un primer plano de la
situación política. Pone de manifiesto que, pese al carácter clientelar de las
principales organizaciones sindicales -cuyos dirigentes colaboran codo con codo
con la patronal y el gobierno en imponer el retroceso de las demandas sociales
y democráticas-, la clase trabajadora y el campesinado, como clases explotadas
y oprimidas, existen a través de su lucha y de su movimiento y,
contradictoriamente, se diferencian de sus mismas organizaciones. Toda la
historia sustancial está tejida de este combate político.
El momento de la
huelga general no es una cuestión exterior al movimiento de los trabajadores y
sus aliados, es una determinación que surge de la dinámica de las relaciones
entre las clases, y de la relación entre las diferentes capas de las clases, y
es, por tanto, ante todo y sobre todo, una cuestión política. Es decir,
originaria de la política propia de los intereses materiales y morales de los trabajadores.
La cuestión del
derecho a decidir de los pueblos se cruza en medio de los planes continuistas
del régimen monárquico. Habiendo quebrado los fundamentos de su Estado
autonómico, el movimiento político se extiende de Cataluña a otras
nacionalidades y regiones en forma de derecho a decidir sobre monarquía o
república. Lo que en su día fue en la historia del movimiento obrero y popular
la lucha por el sufragio universal, por el derecho al voto. Movimiento que vino
desde abajo, y se sigue expresando en nuestros días por la movilización y la
huelga general, por el derecho a decidir sobre la forma del Estado, que no
puede sino ayudar a articular un gran movimiento republicano de todos los
pueblos.
