El precio democrático de la investidura y el sobreprecio de la gobernabilidad

La libertad de los presos políticos es la primera prueba  Espacioindependiente no 340, jueves 9 de enero, 2020
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La crisis del régimen monárquico entra en una nueva fase a partir de la reinvestidura de P. Sánchez, después de cuatro años de parálisis constitucional, de gobiernos en minoría y en funciones.

 Dos movimientos de fondo de origen distinto y contradictorios se enfrentan en este momento. De una parte, el del aparato de Estado heredero de la dictadura, que trata de validar su traje constitucional e institucional al que le han estallado todas las hechuras: mantener la pirámide de poder establecida a todo precio, reconduciendo las quiebras políticas territoriales es el objetivo del movimiento en defensa de la razón de Estado. 

Y, de otra parte, el movimiento mayoritario de trabajadores y pueblos por sus aspiraciones y reivindicaciones, que choca en formas diversas con la imposición de la “razón de Estado”. 

Una situación que debe ser entendida como de excepción, tanto en lo político, como en lo institucional. La solución del bloqueo de la investidura efectuada por un estrecho margen de dos diputados, y aún más la solución que se propone para la gobernabilidad, basada en apoyos externos al mismo gobierno, conlleva la formación y mantenimiento en el tiempo de una mayoría capaz de aprobar unos Presupuestos Generales. 

Presupuestos Generales del Estado que vienen dictados por los intereses de la corte de banqueros y especuladores, por la Troika, cuya exigencia esencial es el mantenimiento de la austeridad para salarios y pensiones para favorecer el beneficio capitalista, con la prolongación de la precariedad y la creciente desigualdad social. 

PGE agravados por el alto precio que se paga con el mantenimiento de los privilegios de la Corona y la Iglesia, y el mismo pago de la Deuda a los especuladores financieros, que no puede sino multiplicar -en el periodo político que comienza a partir de la investidura- la combinación de todas las contradicciones políticas, sociales y territoriales. 

La investidura solo ha sido posible con la abstención de fuerzas políticas de la izquierda nacionalista catalana y vasca, que se reclaman desde hace tiempo de la ruptura con el régimen del 78, y rechazan el cinturón de hierro que la ley de leyes supone contra los derechos democráticos y la soberanía popular. 

Cuestionan, por ello, la Constitución del 78; pero, en función de las circunstancias que han rodeado el bloqueo -con avance de las derechas-, han venido a conceder, como salida, un crédito al PSOE sin ningún tipo de aval, con la sola promesa de dialogar en un corto espacio de tiempo acerca de la amnistía y de la autodeterminación de los pueblos, entre las cuestiones claves. 

 Para hacer posible el acuerdo de investidura la cúpula del PSOE ha efectuado un significativo giro político a la izquierda obligado por la situación; consistente en vincular como aliados de la investidura a los mismos partidos nacionalistas y republicanos a los que ha discriminado y perseguido, como sucedió en el conflicto político catalán con la aprobación del 155 y con la consiguiente represión policial y judicial que siguió al referéndum del 1 de Octubre.

 Los “nacionales”, reconcentrados en el disfrute de los gobiernos “trifachitos” de Andalucía y Madrid, no han dejado de subrayar el giro político del PSOE, personalizándolo en P. Sánchez y en sus ambiciones políticas e institucionales, considerando que las condiciones de dichos acuerdos, a su entender, conducen a la “ruptura de España”, poniendo en peligro el poder de la Monarquía.  

El mismo monarca, en la conversación que tuvo con Sánchez en el acto palaciego de la “toma de posesión”, en la que éste aseguró que se había efectuado “rápido y sin dolor”, le respondió que “el
dolor viene después”. De entrada, puede resultar dolorosa a los compromisos de Estado la exigencia de retirada de las tropas españolas destacadas en Irak en las bases de la OTAN, para evitar que sean parte de una guerra que Trump busca contra Irán y puede incendiar todo Oriente Medio. 

Una de las frases más políticas del debate de la reinvestidura de Sánchez fue la formulada por la diputada de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la dirigente de la Generalitat condenada a doce años de cárcel en el proceso político llevado en el Tribunal Supremo. En su intervención en el plenario de Cortes, ante las constantes invocaciones de unos y otros a “España” y sus “dificultades de gobernabilidad” como valor supremo, vino a decir sencillamente: “me importa un comino la gobernabilidad de España” …, para concluir que lo que la importa es la inmediata libertad de su hermana y de todos los presos políticos, condenados injustamente por organizar una consulta democrática y popular en Cataluña. 

Importancia que no ha quedado bien establecida en el acuerdo PSOE-ERC, de forma que responsabilice al gobierno en sus primeras actuaciones de las medidas necesarias para llevar a efecto la nulidad del proceso y de las mismas condenas injustamente impuestas, con todas sus consecuencias políticas y pronunciamientos favorables para los luchadores republicanos. Evidencia política que ha sido capaz de poner de manifiesto el TJUE y el mismo Parlamento Europeo, reclamando la inmunidad de los electos, que conlleva la nulidad del proceso y condenas, en reconocimiento básico del principio democrático de soberanía popular. 

Lo que se conoce por “desjudialización del conflicto político catalán” en los acuerdos ERCPSOE, para volver a replantear los problemas políticos en discusión en el ámbito de la política democrática y no en el de la represión de Estado, va a conocer una primera prueba de fuego en la exigencia democrática planteada después de la investidura de que el gobierno se retire de todas las causas penales que se siguen en los tribunales contra los republicanos catalanes. 

Los partidos franquistas no dejaron de acusar al gobierno pactado entre PSOE y UP de falta de legitimidad, temiendo por los poderes exclusivos de la Monarquía. En el editorial de ABC del 8 de enero, que se hace eco de las acusaciones de los “trifachitos”, escribía contra Sánchez: “Pronto sabrán ERC, Bildu, PNV, y hasta Unidas Podemos, que han pactado con un político incompatible con la verdad, que les engañará también a ellos, porque sus promesas tenían el día de ayer como fecha de caducidad”. 

Frente a las prisas del periódico monarcofranquista de los Luca de Tena en evidenciar el fracaso del gobierno por el incumplimiento de sus compromisos -que no se contemplan en el tiempo político necesario- el diario El País de la misma fecha insiste en la legalidad constitucional del mismo gobierno. 

Unos y otros, obvian que en el siglo XXI no se cuestiona en ningún caso -como ellos hacen- el principio de legitimidad popular de unas elecciones, legitimidad que se concreta aún más en la forma plebiscitaria, tal y como sucedió con el referéndum catalán del 1-O. De forma y manera que lo que hace a un gobierno legítimo no es que ponga en peligro o en cuestión la razón de Estado establecida. Lo que legitima a un Gobierno es su responsabilidad ante sus votantes, en tanto que debe responder fielmente al mandato político recibido por la mayoría, gobernando de acuerdo con el sentido político de dicho mandato democrático y popular.  

El sobreprecio de la gobernabilidad no es solo el que hace referencia al cumplimiento de las reivindicaciones sociales y democráticas, y la inclusión de las mismas en los PGE: el sobreprecio de la gobernabilidad que se demanda es el libre ejercicio mismo de la voluntad popular. La voluntad popular de los trabajadores y pueblos de España, que ha dado a los representantes de partidos que se reclaman republicanos hoy o de partidos de tradición republicana la mayoría en Cortes, lo ha hecho para poder establecer, por encima de todo, la soberanía popular y democrática de sus justas reivindicaciones. Y esta voluntad y mandato deben ser respetados mediante la verificación y cumplimiento de los acuerdos establecidos. De ello depende la lucha por la República de trabajadores y pueblos, y por el derecho a decidir.