En estos días se
cumple el 45 aniversario de la proclamación por las Cortes franquistas de Juan
Carlos de Borbón como rey. Aniversario que el Emérito va a celebrar con el
botín cosechado desde su lujoso refugio de los Emiratos, y que sus
descendientes lo harán desde el uso y disfrute de la jefatura del Estado,
protegidos todos ellos por una supuesta democracia que desahucia todos los días
a cientos de familias de sus casas, que llena las calles de colas de parados y
de familias atenazadas por el hambre.
La Memoria histórica
y democrática no es un asunto del pasado, aunque quienes legislan sobre estos
asuntos de tanta importancia traten, de una u otra forma, de limitar su alcance
político e institucional.
Ellos parten de la
defensa incondicional del régimen que ayudaron a construir a la muerte del
dictador, como si se tratase de un terreno conquistado al que no están
dispuestos a ceder, por mucho que tengan en contra el derecho internacional y a
buena parte de la población.
De forma que desde el
Gobierno y desde las mismas Cortes tuercen y retuercen los términos para tratar,
sea como sea, de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo; en tanto
que la impunidad se ha constituido en la base de sustentación del
régimen constitucional del 78. La ilegalización del franquismo y del “atado y
bien atado” franquista, establecido mediante un régimen corrupto, vitalicio y
hereditario, es la asignatura pendiente de la lucha por la democracia y de la
laicidad contra los privilegios de la Iglesia.
Todo el entramado de
la impunidad ha sufrido un gran deterioro, que obliga a leyes y a decisiones
políticas cada vez más confusas e inconcretas para tratar de salir del
atolladero. Entendemos que el muro de la impunidad se ha comenzado a romper con
la sentencia sobre el Pazo de Meirás y, pese a leyes como la que ahora presenta
el gobierno como una ley democrática, no es sino un nueva ley de
impunidad.
La crisis del régimen
lleva meses y meses abierta de par en par, desde la cúspide, aunque los votos
del PSOE, del PP y de Vox traten de bloquear en las Cortes todo intento de
arrojar luz sobre los asuntos de abuso de poder, de grandes cuentas secretas y
escándalos internacionales…
La sentencia de la juez de Coruña sobre la
“simulación” de los Franco con el Pazo de Meirás -y puede que con muchos bienes
más del botín de guerra- deberá ser puesta sobre el tapete político y judicial
a la hora de investigar, juzgar y sentenciar todos y cada uno de los casos de
corrupción de Estado.
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