El capitalismo español no se detiene en su camino para mercantilizar todo lo que está a su alcance. Con los años, las privatizaciones se han ido extendiendo desde las grandes empresas estatales hasta alcanzar unos niveles importantes en ciertos servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia, etc.
Los diferentes gobiernos, con mayor o menor intensidad, recortan y disminuyen los recursos humanos y materiales de aquellos, lo que conduce a una visión popular negativa de lo público y facilita al gobierno de turno tomar y justificar decisiones para su privatización, y a continuación el incremento de las desigualdades sociales.
Los gobiernos, como buenos servidores del régimen y de la oligarquía española tienen la misión de debilitar más de lo que ya está a la clase obrera.
La agudización de las crisis del capitalismo, acentuada por la crisis sanitaria que padecemos, les obliga a introducir más factores que disminuyan la lucha de clases, y la repuesta al empeoramiento de las condiciones laborales.
En esta ocasión, el blanco elegido son las pensiones públicas, objeto del deseo de las entidades financieras y de los fondos de inversión.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que el gobierno estudia e impulsa los llamados planes de pensiones de empleo o de empresas con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo y asegurar la sostenibilidad de las mismas en un futuro inmediato.
Según el abogado internacionalista, Diego Herchhoren, en este momento el gobierno maneja y trabaja con los informes proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, al objeto de establecer las líneas directrices sobre la reforma.
De hecho la Comisión del Pacto de Toledo ya las tiene elaboradas y se conocen algunos detalles de los cambios pretendidos en el sistema de pensiones.
El modelo al que se refiere el ministro Escrivá, según sus propias declaraciones, se refleja en la estructura del modelo inglés.
La reforma, que el gobierno del PSOE y Podemos están elaborando, se centra en quien debe administrar los fondos que mes a mes la clase trabajadora aportaría en sus nóminas, la propia empresa, entidades financieras o fondos de inversión especializados en estos asuntos.
Otra de las ideas que caracterizan a este modelo inglés, es que los trabajadores que tienen unos sueldos determinados, siempre superiores a una cantidad, son los que entran a formar parte del plan de pensiones de empresa.
Una de las cosas que está exigiendo con fuerza la CEOE, de cara a esta reforma, es que por unos motivos u otros no aumente el coste laboral para las empresas, y que puedan deducir fiscalmente estos costes en el caso de que se encarguen de la gestión de los fondos.
Está en estudio de qué manera, los integrantes del Pacto de Toledo, venden bien esta reforma para ganar las simpatías de la opinión pública y convencer a los trabajadores y trabajadoras con salarios altos de que esto es mejor que la Seguridad Social.
En principio, se quiere establecer cierta voluntariedad en la elección de este sistema, y a quienes no les interese puedan darse de baja en unos plazos determinados.
Para los trabajadores y trabajadoras que no alcancen las rentas exigidas para entrar en estos planes de pensiones de empresas seguirá existiendo una caja residual de pensiones públicas.
De salir esta reforma adelante se introducirán más elementos de división en la clase trabajadora. Como no puede ser de otro modo, habrá que responder a estas reformas, por ahora y por lo que observamos los sindicatos oficialistas están muy conformes con la misma.
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