Una mujer sin ingresos, con un desahucio
habitacional inminente, y sin futuro, nos ha visitado esta mañana. Una de las
muchas personas que contactan con Campamento Dignidad.
No pasa un día en él que no se pongan de
relieve las miserias que en su camino va dejando el capitalismo, y ahora, intensificadas
con la pandemia. A pesar de todo los administradores del sistema capitalista
quieren camuflar lo imposible. Es difícil ocultar la visibilidad de la imagen de
la pobreza social que se acrecienta continua e imparablemente.
Con el paso del tiempo se desborda el caudal alimentado
con las múltiples casuísticas y particularidades de la pobreza, y no ha de
transcurrir mucho tiempo para que se transforme en un torrente de infortunios y
penurias, pues no deja de crecer el número de personas y familias que van
quedando sin futuro, con escaseces y serias necesidades para subsistir de un
día para otro, que sufren la falta de empleos y enfrentadas a situaciones de
desahucios.
Muchas personas se acercan a Campamento
Dignidad para narrarnos las dramáticas experiencias que conforman su vida. Lo
que pretenden es muy simple y sencillo. La aproximación no va más allá que la
de encontrar un humilde apoyo con una orientación administrativa, o simplemente,
encontrar el alivio terapéutico que proporciona la expulsión a viva voz de las
secuencias más significativas de su existencia responsables de su angustia
vital. No hay más. En el relato de su vida sobresalen las marcas del
sufrimiento físico y sicológico que deja la violencia de género, o el acento en
la incertidumbre que genera el hecho de que en pocos días serán desahuciadas y
carecen de un lugar en el que alojarse.
La indignación y más que nada la rabia te abruman
al ser consciente de la incapacidad individual que tenemos para “ayudar en lo
posible” a estas personas derrumbadas y agobiadas, con el sello de la necesidad
material más absoluta.
Cuando se busca alguna solución recurriendo a
las administraciones públicas, las formalidades, las rigideces burocráticas y normativas
reglamentarias actúan como pantallas, como airbags que se despliegan produciendo
el desencanto y la decepción.
Todo está condicionado a la solicitud y relleno
de papeles que requieren de un tiempo de espera, que después de mucha
insistencia, se resuelven con pequeñas composturas que no corrigen ni mucho
menos las calamidades que padecen los más pobres de la sociedad.
No nos podemos engañar. Las Instituciones tienen un carácter de clase. No tienen nada que ver con los intereses de las clases trabajadoras. Las administraciones públicas, tanto las que dependen del gobierno de la nación como de la Junta de Extremadura, están organizadas y estructuradas para prestar un buen servicio a las clases sociales privilegiadas. Los cauces de actuación que siguen nuestros políticos están totalmente planificados y ordenados por los dueños del patrimonio y de la riqueza. De este modo, quienes están al frente de las Administraciones Públicas conocen de manera clarividente el camino que tienen que seguir sin desviarse un ápice del curso marcado por los intereses económicos y sociales de aquellos.
En esta lógica se encuadra el plan de ajuste que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para ir reduciendo el número de personas a las que alcanza la Renta Extremeña de Inserción. El objetivo es la disminución brutal de los presupuestos destinados a las clases sociales más desfavorecidas económicamente.
De este modo, no hay respiro para los
desheredados de la sociedad que siguen afianzados en un lugar marginal en los
planes de gobierno para los que se reserva un pequeño presupuesto con los que
concederá algunas migajas que posteriormente se venderán y publicitarán como grandes
episodios programáticos nacidos de la excelente bondad y gracias a la enorme
magnanimidad de nuestros gobernantes.
No obstante, en esta ocasión, el derrumbe
económico de la Junta según parece es mayor de lo esperado y deja pocas
posibilidades a la voluntad paternalista que se ve obligada a negar hasta lo
más esencial que pudiera aliviar ligeramente la cruda realidad en la que viven
los marginados. No es comprensible que organismos públicos, regionales,
provinciales o ayuntamientos con presupuestos de millones o de cientos de
millones, no dispongan de espacios públicos para dar cobijo a quienes viven en
la calle y en la más absoluta pobreza.
Mientras se discute en los parlamentos, se negocian
grandes acuerdos, se entablan y se anhelan diálogos con las élites de la
sociedad, empresarios, sindicatos y personas económicamente importantes,
nuestros representantes institucionales no encuentran un espacio público para
que se alojen y se resguarden de la intemperie nocturna los pobres, los
indigentes, los desahuciados o los sin techo.
Nuestros gobernantes no pueden olvidar que en
Extremadura hay un grupo de personas que deambulan y duermen en los bancos de
las plazas y parques, que coexisten y conviven con la extrema pobreza. No se
puede ser tan inconsciente como para entender que la mejor solución que se les puede
ofrecer es un billete para el autobús o tren para reconducirlos a otra
localidad; quizás lo que prefieran estos señoritos del poder es vender la
imagen de una ciudad limpia e impoluta, sin pobres, sin las manchas nacidas de
las miserias, para que no oscurezcan ni nublen la vista de una ciudad elegante
y distinguida.
Ante este orden de cosas, no podemos perder ni
un minuto, se multiplica la urgencia para que las personas más conscientes se
organicen y movilicen para acumular las fuerzas necesarias que desactiven y
cambien el rumbo de las políticas sociales y económicas que pesan sobre la
sociedad extremeña. Para ello, es una prioridad la unidad y la coordinación de
todos los movimientos que trabajan con los sectores sociales que con más
intensidad están sufriendo estas calamidades.
Por último, señalar que la violencia tiene
otras caras como la que estamos viendo en Madrid. Desde Extremadura muchas
personas queremos mostrar nuestra total solidaridad con el Pueblo de Vallecas golpeado
por la Policía Nacional dependiente del Gobierno de España en alianza con el
gobierno de Madrid. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en
el barrio de Vallecas en Madrid. El pueblo madrileño de Vallecas está sufriendo
una represión violenta para acallar la libertad de expresión ante unas medidas
que castigan a la clase trabajadora. La solución a la pandemia no se alcanza enviando fuerzas
del orden a golpear a un pueblo que pide soluciones y no medidas represivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario