LA CRISIS DE ESTADO: ESPACIO INDEPENDIENTE

 

Puntos tangenciales fundamentales concentran la crisis de Estado. Los partidos mayoritarios que componen el armazón del sostenimiento del régimen del 78 son los principales obstáculos para la solución democrática, lo que más pronto que tarde conducirá a la quiebra de la actual representación política. Los dirigentes del PSOE se reiteran por tercera vez, bajo la monarquía, en el fraude político continuista. Hablan de democracia y de cambio para sostener la corrupción de Estado. Algo que ya se conoció con el gobierno de Felipe González y más tarde con Zapatero, y se repite ahora, en peores condiciones, con el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias.

Las cúpulas del PSOE y del PP tratan de impedir, cada cuál a su manera, que la monarquía pueda ser investigada políticamente mediante la formación al efecto de una Comisión de investigación de las Cortes Generales, y mucho menos aún, que pueda ser juzgada.

Desde el pasado mes de marzo en que se produce el enfrentamiento entre Felipe VI y su padre por el conocimiento público de actividades de corrupción institucional, los partidos políticos que vinculan su suerte a la institución han sido incapaces de dar respuesta a los problemas planteados, y estos no han dejado de agravarse.

Este es el primer punto tangencial de la crisis: el encuentro contradictorio de las exigencias democráticas de lucha contra la corrupción y el abuso de poder, de una parte, enfrentado a los privilegios institucionales y constitucionales de la Jefatura del Estado, de otra.

 El segundo punto tangencial de crisis lo constituye la incapacidad de la supuesta democracia española, que es la de sus representantes, para juzgar los crímenes históricos del franquismo, de la dictadura y la transición, hasta nuestros días; por lo que el gobierno de turno se repite una y otra vez con leyes de impunidad y punto final, como la que acaba de aprobar el gobierno bajo la denominación de Ley de “Memoria Democrática”. Toda una estafa para las víctimas y sus familias, para todos los partidarios de la democracia y la justicia, después de 43 años de olvido e impunidad. Una situación aberrante que amenazan con prolongarse.

 Ambos puntos citados vienen a poner de manifiesto el enfangamiento de la casta política del régimen, que se concentra en los dirigentes del PSOE, como ocupantes de las mayores responsabilidades de gobierno. Incapaces de hacer compatibles el art 1.2 y el 1.3 de la Constitución Española del 78, donde se establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; y el siguiente por el que se impone que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Una monarquía que se sitúa por encima del parlamento y de su control. La crisis de Estado se profundiza sin solución democrática a la vista entre lo que de una parte se establece y de otra parte se impone.

 Desde hace meses se han congelado varias querellas por delitos de corrupción contra el exjefe del Estado, actual emérito, que afectan a la institución monárquica en su totalidad, porque se trata del manejo de los bienes de todo tipo que están registradas en paraísos fiscales a nombre de la familia real en su conjunto; denuncias que deberían ser juzgadas mediante tratamiento especial ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo por el aforamiento especial. Contra este procesamiento, impidiendo su investigación parlamentaria, se han levantado todos los obstáculos por parte del gobierno, aludiendo a la inviolabilidad de la jefatura de Estado y la no responsabilidad de la persona del Rey. Argumento sacado de una interpretación interesada del texto constitucional para impedir que se proceda a la investigación política de dichos asuntos en las Cortes Generales.

 Hay que decir que la inviolabilidad que se reclama, del art. 56.3 CE no es sino una “inmunidad de función”, que protege al titular por los actos públicos ejecutados por sus funciones, y no por sus actos privados o públicos que nada tienen que ver con sus funciones constitucionales. De ello se deduce que tanto el emérito, como los demás miembros de la Casa Real, si también estuviesen relacionados con delitos de corrupción y abuso de poder -como puede resultar de la investigación en curso-, pueden y deben en democracia ser investigados por las Cortes, como parece que lo está haciendo la fiscalía del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Las limitaciones del texto constitucional se han convertido en supuesto motivo de estancamiento político y judicial, generalizado y permanente, que no tiende sino a la agravación. El derecho internacional, del que la legislación española depende, establece en el Convenio de Viena que los jefes de Estado son inmunes solo por las funciones propias de su cargo. Y ello debería ser suficiente para los monárquicos empedernidos.

A todos los efectos, la única solución democrática es que la soberanía, que reside en el pueblo, no quede ahogada y sometida por la imposición de la forma política monárquica, a la que en particular se aferran tanto los dirigentes del PSOE y del PP, que no hacen otra cosa que defender la herencia franquista establecida en el poder de los banqueros, del IBEX 35, concentrado en la Corona. Un poder político incontrolable, que para Sánchez no debe estar sometido ni a las Cortes ni a las leyes.

 El segundo punto tangencial de la crisis de Estado se resume en la incapacidad congénita de los gobiernos del régimen, sean del color que sean, sea o no de coalición, de juzgar de una vez por todas los crímenes del franquismo de acuerdo a las exigencias del derecho internacional y humanitario, como se pone de manifiesto con el nuevo anteproyecto de ley de “Memoria Democrática”. Los esfuerzos del ejecutivo por asociar a los colectivos y asociaciones de víctimas a las subvenciones de Estado -que es tanto como someterlas a la razón de Estado-, llevan a la negación de la Verdad, la Justicia y la Reparación judicial, tal y como de nuevo establece la Ley de “Memoria Democrática”.

La última pirueta del proyecto de Ley de “Memoria Democrática” pasa por las actuaciones del principio de JUSTICIA, por el que se viene a garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de derechos fundamentales desde la guerra y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución. Por lo que se determina la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que se va a dedicar a investigar las denuncias que se presenten. Todo para impedir y volver a negar el derecho a juicio justo, obviando en la nueva ley la imprescindible judicialización, que se constituye en la primea exigencia del derecho internacional, tal y como se estableció con los juicios contra el nazismo y el fascismo de Nuremberg y Tokio. La utilización de la fiscalía para impedir juicios que establezcan la Verdad, la Justicia y la Reparación, como demandan las víctimas, representa el más difícil todavía de las políticas de impunidad del régimen monárquico.

Los trabajadores de la sanidad, los de la enseñanza están en disposición de decir ¡basta ya! a las políticas de miseria social de unos y otros, participando unitariamente en las movilizaciones convocadas y en la huelga general que abren el camino a las soluciones democráticas y sociales que se demandan.

¡Romper con la monarquía y sus privilegios! ¡juzgar e investigar en Cortes las corruptelas y abusos de poder de la Corona! Estas son las primeras demandas de unidad, que se constituyen en este momento en la exigencia democrática y social de todas las organizaciones, sindicatos y partidos que se reclaman de las demandas y aspiraciones de trabajadores y pueblos.