ESPACIO INDEPENDIENTE: Fuga pactada del emérito en paradero desconocido

Las relaciones de sostenimiento del régimen del 78 se han puesto singularmente a prueba con las denuncias presentadas contra la Jefatura del Estado por corrupción institucional y sistemática, en la persona de Juan Carlos de Borbón que, como veremos, no solo le afectan a él, sino que se extiende a sus herederos y a los dirigentes de los partidos que se reclaman del Pacto Constitucional del 78. 

El “Juancarlismo” promovido por el “felipismo”, justificaba la traición a la la tradición republicana, como anzuelo para fomentar los pelotazos especulativos, a los que ellos mismos se han dedicado.

 Juancarlismo (razón de Estado), que se ha disuelto como un terrón de azúcar en un vaso de agua. Los mismos intereses espurios que estaban detrás de “yo no soy monárquico, soy juancarlista”, se defienden ahora con lo de que “Felipe VI no es igual que el padre”. 

A partir del escrito de los abogados de Corinna (quien estuvo a punto de ser reina consorte con Juan Carlos) al palacio la Zarzuela, hace ahora más de un año, poniendo de manifiesto las exigencias de su representada respecto a sus cuentas pendientes con el emérito, un verdadero terremoto sacudió los pilares de la institución sostenida por partidos clientelares que se reparten el gobierno por turnos, y con ello todos los privilegios de casta de los politicastros.

 La Casa Real tomó entonces la decisión forzada por los acontecimientos de apartar a Juan Carlos de los actos oficiales de Estado. Lo que parece que fue pactado previamente con el gobierno. Cuando en la Zarzuela se sospecha que la documentación de la corrupción ha comenzado a llegar a los juzgados y a las redacciones de los medios de comunicación, Felipe VI y el gobierno toman la decisión de que éste vaya a Notario para repudiar de forma falaz la herencia paterna. 

Evidentemente, hacía años que unos y otros conocían la condición de beneficiario de Felipe VI, así como su hija, de dichas partidas de dineros ilegales. Es más, medios como “The Telegraph” incluyen a Felipe VI en la red de comisiones millonarias de las monarquías del Golfo. La Radio y Televisión francesa, por su parte, en sus programas y noticias sobre la crisis monárquica en España, ha llegado a la conclusión de que “Juan Carlos es un gánster”. 

Las aventuras de la Monarquía española con los regímenes sátrapas vienen de lejos. El reiterado enriquecimiento ilegal de la monarquía española no ha consistido en simples regalos por nada. Los dictadores del golfo Pérsico, ricos y corruptos, han encontrado en los monarcas españoles sus mejores representantes políticos y comerciales en Occidente, lo que se ha fomentado a lo largo del tiempo con venta de armas y guerras, por las partes interesadas, simplemente a través del soborno.

 El tercer momento de esta crisis la constituye la fuga pactada del emérito de la Zarzuela, después de un lago ocultamiento domiciliario. Se negocia una fuga donde mantiene sus nombramientos con honores y el botín integro, sin dar cuenta ni a Hacienda ni a los jueces. Una rocambolesca operación de Estado, que conlleva no solo el mantenimiento de la condición de Rey (emérito), establecida en su día por el gobierno, sino la aceptación de relaciones de Estado viciadas contrarias a la legalidad vigente. Mediante carta de Rey a Rey -donde desparece lo de emérito- Juan Carlos establece la “meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España” … “lo mejor para España y para la Corona”. 

Traslado que se ejecuta con el mayor secretismo y oscurantismo -financiado por el Estado y con los servicios de seguridad del mismo Estado- a un lugar desconocido, que el diario ABC sitúa en República Dominicana, en la gran finca de los Fanjul (los reyes del azúcar), lo que permite al socialista Joan Garcés declarar que el lugar elegido para la fuga es el de un país que no tiene tratado de cooperación con Suiza, lo que da a Juan Carlos una sobreprotección añadida … 

Extremo que el gobierno se niega a explicar públicamente; lo que nos lleva, con Sánchez al frente, a un verdadero abismo monárquico, donde el gobierno y sus ministros no responden ni ante las Cortes, ni a las preguntas de la prensa …, quedando solo y simplemente reducidos al papel de comparsas y apéndices de la Casa Real y de sus intereses multimillonarios exclusivos. 

El abismo monárquico del gobierno le lleva a diferenciarse entre ellos: de una parte, la mayoría de quienes defienden el ocultismo continuista tal cual y, de otra parte, la minoría de quienes sin oponerse a nada dejan lo de la democracia y la justicia para un futuro indeterminado, aceptando el presente tal y como se urde entre cuatro. 

La operación de Estado de la fuga del emérito, de un lado, logra sacar a Juan Carlos de la Zarzuela, dado que su sola presencia ponía en peligro la supuesta inocencia de su hijo, orquestada con el repudio notarial; y de otra, aleja aún más al emérito de los jueces y fiscales, manteniendo sujeto el botín. Y entonces viene aquello de Sánchez, de que el asunto de la corrupción es solamente una cuestión personal e intransferible y nada tienen que ver las instituciones de sangre contrarias a la democracia. 

¿El gobierno de ministras y ministros, las bases del PSOE y de los partidos que están en el asunto, los electos, los grupos parlamentarios que se reclaman de la democracia…, ¿no tienen nada que decir al respecto? 

Cada decisión de la Casa Real y del mismo Gobierno se constituye en un escándalo más grande que el anterior, acumulando un suma y sigue interminable de despropósitos, de decisiones antidemocráticas de Estado, propios del poder de una monarquía bananera al servicio de una familia de multimillonarios y de su corte de banqueros. 

Un poder sin ley y sin gobierno que actúa como tal, que, además, niega las demandas democráticas de un sector de las Cortes, formadas por representantes elegidos que tratan de responder a los compromisos adquiridos contra la corrupción. 

La crisis de Estado, por elevación, se resume en los siguientes términos: Juan Carlos pacta su huida reservándose todos los honores y todos los dineros que ha apalancado durante cuarenta años instalado en el poder. Y aquí quedan las colas del paro y del hambre y la ruina económica de una economía de amiguetes franquistas, sometida a los dictados de los super capitalistas de Bruselas. Y aquí quedan los jueces que miran para otro lado, los políticos clientelares y los comisionistas del poder…, que es el contenido del famoso Pacto Constitucional al que se aferra Sánchez como clavo ardiendo…

 ¿Y ahora qué? El Gobierno, que no puede ni pagar los ERTE a los que se ha comprometido por falta de recursos, que no recompone la sanidad desarticulada en medio de los rebrotes de la pandemia, dejando que se desarrollen nuevos capítulos de privatización, … no puede hablar de reconstrucción económica en serio, si es sobre la base del despotismo político y la corrupción. 

La jefatura de Estado no puede ser reducida, en un país que se reclama democrático, a un asunto privado, al negociado de una familia que no rinde cuentas ante nadie. La lucha por la democracia, que es la lucha por la República, exige la devolución de todas las cantidades obtenidas de forma ilegal, de todas las corruptelas y, en primer lugar, exige la intervención de las cuentas multimillonarias de la jefatura de Estado desde la Transición. ¡Basta de farsa mediática, monárquica y antidemocrática! 

Urge que los Parlamentos Autonómicos, las Cortes, los Ayuntamientos…, que todas las instituciones elegidas tomen resoluciones exigiendo la comparecencia inmediata del jefe del Estado y del presidente del Gobierno ante las Cortes. La crisis de Estado que ha provocado la corrupción y el despotismo de las más altas magistraturas del Estado solo la puede resolver democráticamente la intervención de los trabajadores y los pueblos a través de la más amplia reorganización y movilización política.