COMUNICADO DEL PSLF

EL REY EMERITO HA HUÍDO DE ESPAÑA 

Sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del Movimiento Republicano evitará que se enmascare lo sucedido. 

Ha llegado la hora de un referendum Monarquía o República y una nueva Constituyente para que el Pueblo se exprese libremente y sin injerencias ajenas a su voluntad. 

Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, ha huido para no enfrentarse a las posibles consecuencias por el cobro de comisiones ilegales que están siendo investigadas por la justicia suiza. 

Se ha ido sin dar explicaciones ni a los ciudadanos, ni a la Hacienda pública ni a la Justicia pero no como un acto impulsivo, sino siguiendo una estrategia que comenzó con su abdicación como primer dique de contención a un escándalo mayúsculo que ya no podría ser ocultado por las instituciones y poderes fácticos del régimen del 76. 

 La negativa de los principales dirigentes del PSOE a que las Cortes tomen en consideración la grave situación política arrastrada por los presuntos delitos políticos y económicos, continuados en el tiempo, que se le imputan al Rey emérito, impidió que se tomaran las decisiones que democráticamente corresponden por los representantes elegidos por los pueblos de España. 

Hoy, tras su huida, sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del movimiento republicano evitará que se enmascare lo sucedido planteando las demandas democráticas que corresponda llevar adelante ante los diputados y senadores electos de las Cortes Generales, con resoluciones en los parlamentos nacionales y en los mismos ayuntamientos.

 Ya se ha presentado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, y, llevado ante el Consejo Federal Suizo un informe político jurídico, la petición de bloqueo de fondos del emérito, alegando que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. Señalando que “es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone para cualquier democracia moderna”.

La querella criminal como acusación popular se ha presentado por los posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. 

El ahora querellado, que fue nombrado Rey de España por sucesión del dictador Franco a tenor de la Ley de Sucesión de 1947 y de la designación en 1969 como príncipe de España, jurando lealtad como Rey a las leyes fundamentales del Reino y a los principios del Movimiento Nacional en 1975,se mantuvo en la cúpula del poder hasta el año 2014, fecha en la que abdicó en favor de su hijo varón mediante un movimiento palaciego en el que participaron los máximos dirigentes tanto del PSOE como del PP, siendo por ello la situación legal hoy de Juan Carlos la de Rey emérito. 

 Se le denuncia por el aumento de su patrimonio personal, con supuestos negocios privados altamente lucrativos, aprovechando para ello la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado. Han sido numerosas las operaciones fraudulentas de intermediación realizadas por el querellado con las monarquías sanguinarias de los petrodólares del Golfo Pérsico, ocultando en todos los casos descritos los capitales obtenidos, utilizando diferentes paraísos fiscales, sin haber declarado de su existencia a la administración española, ni a ninguna otra.

 El mismo hijo del querellado ha reconocido explícitamente el pasado 15 de marzo ante Notario la existencia de fondos ilícitos en el patrimonio de su padre, manifestando su voluntad de renunciar a la herencia por no estar en consonancia con la legalidad, retirándole por ello la asignación fijada en los presupuestos del Estado. 

La impunidad política y jurídica, que afecta en particular en el caso de España a las más altas autoridades del Estado, puede comenzar a romperse, después de más de cuarenta años de impunidad pactada por el consenso izquierda-derecha, y ello con las iniciativas que se puedan establecer a partir de la combinación de las acciones políticas y judiciales, por la soberanía popular de los pueblos contra la corrupción de Estado. 

El referéndum contra la corrupción monárquica, para que sean los pueblos los que decidan sobre su futuro, se constituye en exigencia democrática clave de las próximas acciones generales a llevar adelante. La movilización republicana debe poner a los trabajadores y pueblos de España, a la juventud, a la altura de sus compromisos históricos en la lucha contra la corrupción y para acabar con el clientelismo y el consiguiente despotismo político