“Ante la
fuga del rey emérito y las complicidades del estado, exigimos referéndum sobre
monarquía o república”
El trato de “Rey emérito” fue establecido por
el gobierno en 2014, como un simple honor protocolario sin que las Cortes
aprobaran ese nombramiento, y que buscaba-sobre todo- protegerle en sus
muchísimos desmanes de todo tipo ante el Tribunal Supremo, trato, por tanto,
revocable en cualquier momento: bastaría para ello un real decreto del Gobierno
de Pedro Sánchez que lo anulase. Por lo que se ve el gobierno no quiere dar ese
pequeño paso democrático, y prefiere presionar a Felipe de Borbón para que
resuelva la crisis a su manera, es decir en familia.
Pero quien resulta afectada por los dineros
acumulados ilegalmente por el emérito es nuestra sociedad, y en particular los
sectores obreros y populares sometidos a la austeridad y la miseria, mientras
la Casa Real ha sido sino la beneficiaria de las riquezas acumuladas. ¿Que los que se han beneficiado de
la rapiña durante decenas de años sean los únicos que decidan sobre el asunto
no es puro despotismo?
Con la huida del emérito a la República
Dominicana, autentica cueva de huidos delincuenciales y paraíso fiscal y
judicial, se corroboran todas las sospechas acerca de la herencia económica,
poniendo en claro que no es más que una maniobra de su heredero para ganar
tiempo, pero el tiempo político corre inexorablemente, y no precisamente a
favor de la institución reestablecida por Franco contra los trabajadores y
pueblos.
En España se han producido a partir de la
crisis de 2008 un millón de desahucios de familias trabajadoras que no pudieron
hacer frente a las hipotecas o a los alquileres, pero ahora el gobierno que
echo al PP por corrupto, se resiste a ejecutar el único desahucio democrático
que podría realizar, el de un exjefe de Estado perseguido internacionalmente
por gravísimos casos de corrupción política y económica, y al que tampoco
quiere da orden de intervención de sus numerosas cuentas corrientes en paraísos
fiscales. La Audiencia Nacional ha llegado a la convicción después de 13 años
de investigación de que la familia Pujol constituye “una organización criminal”
por la trama del 3% para el partido y los gobiernos nacionalistas catalanes, denunciada
inicialmente por quien fue presidente de la Generalidad Pascual Maragall
(“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”). Un problema
parecido tiene por una parte los que han recibido comisiones de los grandes
empresarios que han contribuido de forma ilegal para llenar la caja de caudales
de la monarquía. ¿Ha investigado seriamente la Audiencia Nacional la situación
al respecto de la Casa Real? ¿Y
la Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia delito alguno? Según se dice,
esperan a finales de agosto para decidir.
En los próximos días el Gobierno
y la Jefatura del Estado pretenden en medio de agosto tomar una decisión
consensuada, de espaladas al pueblo, respecto a la ruptura con la corrupción
del emérito. Decisión que sin duda no será la última palabra sobre el caso,
en tanto que la justicia de otros países y las mismas Cortes generales
pretenden tomar decisiones políticas y judiciales inmediatas, y ello frente a
la complicidad revestida de parálisis. Es la hora de ajustar cuentas con el régimen
corrupto y antidemocrático que pretende seguir secuestrando la voluntad
popular.
Ante esto, la única salida es un seria
investigación judicial, de las Cortes Generales y una devolución de todo lo
obtenido, así como la inmediata celebración de un Referéndum sobre la forma de
estado y el llamamiento a Cortes Cosnstituyentes.
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